El descontrol del agua en Menorca

PalmaMenorca consume un 35% más de agua de la que prevé el Plan hidrológico de las Baleares. Es, con diferencia, la isla que presenta un mayor desequilibrio entre la realidad actual y el caudal máximo de abastecimiento para usos urbanos y residenciales que, en teoría, debía soportar. El informe de la Alianza por el Agua que compara las extracciones con las cuotas establecidas por el Plan hidrológico lo deja muy claro. La situación se ha descontrolado, mucho más que en Mallorca (que solo supera lo previsto un 8,5%) y Ibiza (15,4%).

Este sobreconsumo, unido a la alarma creada por el descenso de las reservas de agua en Menorca, que se encuentran solo al 34%, ha hecho crecer la conciencia de las instituciones sobre la necesidad de actuar. En pocas semanas, más de la mitad de los ayuntamientos menorquines han impuesto restricciones a la población, y el GOB se ha encargado de denunciar los incumplimientos. Sobre todo en Sant Lluís, donde dice que es habitual ver riegos por aspersión sobre extensas zonas de césped, a pesar de que el Ayuntamiento lo ha prohibido.

Licencia agraria

Los grandes tenedores están en el punto de mira. No solo porque, al fin, los consistorios ya modifican las ordenanzas para penalizar el sobreconsumo sino, también, porque se empieza a sospechar de prácticas que hasta ahora eludían el control de la Administración y que permitían a propietarios de fincas aprovecharse de una licencia agraria para regar grandes extensiones o, incluso, piscinas.

Pongamos un caso. Una sociedad mercantil domiciliada en Madrid y representada por un empresario francés del sector turístico, François-Xavier Bourgois, tramita actualmente la autorización para extraer 10.000 metros cúbicos de agua de la finca de Biniparretxet (Sant Lluís) con el argumento de que la empleará para regar dos parcelas. Bourgois, que hace tres años ya pidió permiso al Ayuntamiento para renovar los caseríos del lugar, es el presidente de AMC Investissements, una sociedad dedicada a la explotación de hoteles y otros alojamientos y tiene diez cargos en diferentes compañías mercantiles del sector. La sociedad que pide ahora la concesión fue constituida en 2015. No consta que se haya dedicado nunca a hacer de payés.

Recursos Hídricos ya le autorizó en 2023 a regar una de las dos parcelas de Sant Lluís porque, como promotor de la concesión, demostró que los terrenos formaban parte de una explotación agraria prioritaria. Si no hubiera podido acreditar que el agua se emplearía para regar las parcelas, la concesión habría sido denegada.

No obstante, el permiso se dio a pesar de que la masa de agua subterránea afectada se encuentra “en mal estado cuantitativo”, según el Plan hidrológico, que permite hacer excepciones en estos casos y autorizar extracciones de hasta 10.000 metros cúbicos al año si se trata de explotaciones agrarias preferentes. Y la sociedad turística en cuestión está inscrita como tal.

“Es la trampa de siempre”, dice una fuente conocedora de estas tramitaciones. Sociedades mercantiles que, sobre el papel, no tienen nada que ver con la actividad agraria, solicitan concesiones de agua como si fueran para regar terrenos agrícolas, pero después lo emplean para otros usos. Que no es un caso aislado lo demuestra que, a raíz de denuncias del GOB, ya se han destapado en los últimos años tres casos de agroturismos de Alaior que habían convertido en piscinas lo que debían ser aljibes de uso agrario para ahorrar agua. Es lo que pasó en la finca de Torre Vella con siete piscinas que debían ser aljibes, y en Sant Llorenç, con otras nueve.

Hace un año, la Guardia Civil clausuró un pozo ilegal que usaba el agroturismo de Llucalari para extraer 40.000 litros diarios de agua para regar las 16 piscinas del complejo. A pesar de la intervención del Seprona, Recursos Hídrics no cerró el pozo hasta diciembre, una vez acabada la temporada, y lo ha vuelto a autorizar a pesar de situarse a menos de 500 metros de la costa –cosa que no permite la ley. Ha sancionado a la promotora Llucalari Hotel SL con solo 5.700 euros. “Es una broma de mal gusto”, ha dicho el consejero Esteve Barceló, de Més per Menorca.

El Consell ha anunciado que encargará un informe para conocer las necesidades actuales y futuras de la población con el objetivo de corregir las previsiones de crecimiento de la isla. El gobierno insular ya no da por bueno ni su propio estudio de capacidad de carga turística, que dice que se puede crecer en 23.859 plazas.

Por primera vez, ha constituido una comisión de coordinación sobre temas de agua con todos los ayuntamientos con la idea de liderar la toma de decisiones con una visión insular y de futuro. Pero, a la vez que se pone a ello, el Consell pierde las competencias directas que le habrían permitido intervenir de forma contundente para controlar la gestión del agua en Menorca.

La ley del litoral que promueve el Gobierno del PP se carga el artículo 13 de la Ley de reserva de la biosfera, que preveía traspasar al Consell menorquín competencias en gestión hídrica: desde autorizar las concesiones y extracciones de pozos a controlar los regadíos y la explotación de los acuíferos y asumir las depuradoras.

“Esto es un escándalo, una tomadura de pelo a los ciudadanos de Menorca”, denuncia el coordinador del GOB, Miquel Camps. “La dependencia de Palma ha sido un fracaso de gestión. Se han concedido extracciones muy por encima de las posibilidades reales y el control es inexistente”, concluye. Según Camps, “con la situación de los acuíferos menorquines, el Consell tiene que explicar por qué promueven estos cambios nuevos en la Ley de reserva, que es uno de los instrumentos que nos podría ayudar. Se tienen que decir públicamente cuáles son los motivos de interés general por los cuales el Consell promueve la modificación. Cuál es la explicación que lleva a concluir que es mejor para Menorca que todo se siga (des)controlando desde Mallorca”.

La consejera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, le resta importancia. “El artículo no era de aplicación real sin el traspaso efectivo de la competencia, que todos los consejos insulares tendrán cuando se formalice. Era una declaración que no aportaba nada”, razona. “No es lo mismo crear una comisión con todos los alcaldes y tener capacidad de decisión que tener que continuar dependiendo siempre de Palma”, lamenta el diputado socialista Marc Pons. “Hasta ahora solo se piden sacrificios a la población: que dejen de regar o de limpiar el coche, que reciban menos presión de agua en casa… ¿Y la Administración? ¿Quién lidera y mira, por ejemplo, que no haya pozos ilegales y unos pocos dejen de consumir auténticos desbarajustes de agua?”, se pregunta. Pero desde hace unos meses ya no es preceptivo que Recursos Hídricos emita un informe sobre la suficiencia de agua antes de autorizar crecimientos nuevos.