El ‘decreto Maricarmen’ detiene otro desahucio en Palma de una familia con un joven con discapacidad

Ya son al menos cuatro los lanzamientos suspendidos en Mallorca esta semana tras la entrada en vigor del nuevo decreto de vivienda, según Stop Desahucios

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Desahucio de un bloque de pisos con 4 familias
ARA Balears
02/10/2026 - 12:37 h

PalmaEl ‘decreto Maricarmen’ ya ha servido de base legal para suspender al menos cuatro desahucios en Mallorca en solo unos días. El último se ha detenido este viernes por la mañana en Palma, donde estaba previsto el lanzamiento de una familia en situación de vulnerabilidad social y económica que vive en la calle del Bisbe Cabanelles, 44, en el barrio de Pere Garau.

El desahucio estaba fijado para las 10 h y la Acampada Palma, con el apoyo de la Coordinadora de Vivienda Baleares y Stop Desahucios Mallorca, había convocado una concentración ante el inmueble a las 9.30 h para intentar detenerlo. Paralelamente, la defensa había solicitado judicialmente la suspensión urgente del procedimiento en aplicación del Real decreto ley 26/2026, de 29 de septiembre, de medidas en materia de vivienda asequible. Finalmente, el lanzamiento ha quedado suspendido.

Según el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura, con este caso ya son al menos cuatro los procedimientos que han quedado aplazados esta semana en Inca y Palma tras la entrada en vigor de la nueva normativa, aunque en los diferentes procedimientos también se han planteado otros argumentos jurídicos.

Un joven con un 41% de discapacidad

En el caso de Bisbe Cabanelles, en la vivienda vive un joven dependiente con un 41% de discapacidad reconocida. Según las entidades que han acompañado a la familia, actualmente sufre una crisis de salud y una descompensación que atribuyen al estrés provocado por la amenaza inminente de perder la vivienda.

La madre, que es la cabeza de familia, se ha reincorporado recientemente al trabajo después de una baja médica prolongada a raíz de un accidente laboral y de una intervención quirúrgica. Durante este periodo, según el comunicado difundido por la Acampada Palma, sus ingresos se vieron reducidos considerablemente. La familia también ha denunciado dificultades para recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento, ya que la finca no dispondría de buzones ni de portero automático, una situación que atribuyen a la propiedad.

La petición de suspensión presentada ante los órganos judiciales de Palma se ha fundamentado en la disposición transitoria segunda y en el artículo 2.2 del Real decreto ley 26/2026. También se ha invocado la suspensión de plazos vinculada a la solicitud de asistencia jurídica gratuita y la ampliación del umbral de vulnerabilidad a cuatro IPREM en determinados supuestos de discapacidad, de acuerdo con el artículo 441.7 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Tres suspensiones más entre Palma e Inca

Este caso se suma a tres desahucios que, según Stop Desahucios, ya habían sido suspendidos durante esta semana. La primera suspensión se produjo el miércoles y afecta a una familia de Inca. El procedimiento estaba relacionado con la vivienda donde reside, que había estado inmersa en un litigio con los promotores y constructores hasta que finalmente pasó a manos de la Sareb. Según Segura, la entidad no habría aceptado negociar ni la compra de la vivienda ni un contrato de alquiler con la familia.

Los afectados también han pedido la mediación del Ayuntamiento de Inca y han solicitado al alcalde, Virgilio Moreno, que interceda ante la Sareb para intentar encontrar una salida al conflicto. El segundo caso corresponde a una madre con dos hijos que vive de alquiler en Son Gotleu, en Palma. El desahucio estaba previsto para este viernes y también ha quedado suspendido.

Según Segura, la vivienda pertenece actualmente a un particular que la habría comprado a un fondo de inversión que anteriormente la había adquirido a una entidad bancaria. La familia habría pagado siete meses de alquiler antes de dejar de abonarlo cuando tuvo conocimiento de que sobre el inmueble pesaba una orden de desahucio a raíz de una demanda del propietario anterior. El portavoz de Stop Desahucios considera que el propietario actual podría tener la consideración de gran tenedor, ya que se dedica a la compraventa y el alquiler de inmuebles. Según Segura, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no habría tenido constancia de esta situación o no habría recibido esta información.

El tercer procedimiento suspendido corresponde a una pareja con dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad, también en Palma. Los activistas ya habían conseguido aplazar este desahucio en julio, cuando se concentraron frente al edificio. Según Stop Desahucios, la vivienda había sido propiedad de una entidad bancaria y posteriormente habría pasado por diversos titulares hasta acabar en manos de un particular, que cobraba el alquiler a la familia.

La nueva normativa, ante la prueba de los juzgados

Los cuatro casos coinciden con los primeros días de aplicación del Real decreto ley 26/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre y publicado posteriormente en el BOE.

El nuevo decreto establece medidas específicas de protección para personas y familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Su aplicación a los procedimientos concretos, sin embargo, corresponde a los órganos judiciales, que deben analizar las circunstancias de cada caso. La coincidencia entre la entrada en vigor de la norma y estas suspensiones ha hecho que las entidades sociales de vivienda de Mallorca la consideren una nueva herramienta para intentar frenar los desahucios de familias vulnerables.

A pesar de las cuatro suspensiones conseguidas esta semana, Stop Desahucios mantiene diversos procedimientos en el calendario del mes de octubre. El siguiente desahucio está previsto para el martes y hay otros señalados para los días 13, 15 y 19 de octubre. La entidad confía en que la nueva normativa permita plantear también la suspensión de estos procedimientos, aunque cada caso deberá ser examinado y resuelto por el juzgado correspondiente.

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