Culos de iglesia

PalmaTal como un altar situado en medio del espacio público, la fachada engalanada de Cort presidida por una imagen religiosa de la Beata Santa Catalina Thomàs, acometía el sábado a un público variado que iba desde turistas —teléfono móvil en mano para grabarlo todo—, hasta castellers y paseantes. En el portal mayor del edificio consistorial, la Virgen —aunque Cort no ha especificado cuál.

El fin de semana ha sido la culminación de un idilio que, de manera sibilina, se ha ido haciendo cada vez más evidente hasta estallar en nuestras caras. Las principales instituciones de las Islas Baleares —Gobierno, Consell y Ayuntamiento de Palma—, todas gobernadas por el Partido Popular, driblan, regatean y esquivan desde hace cerca de cuatro años la aconfesionalidad del Estado de su tan reivindicada Constitución española.

El artículo 16.3 de la carta magna dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. El artículo es lo suficientemente abierto para entender que el Estado no tiene ninguna religión oficial, pero no para determinar cómo se preserva la neutralidad de los poderes públicos en este aspecto. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha interpretado históricamente este artículo diciendo que ninguna religión puede ser religión oficial del Estado, y aquí entran, por tanto, las administraciones que de él dependen. El alto tribunal también dice que los poderes públicos deben mantenerse neutrales y no confundir sus funciones con las religiosas, aunque esto no impide que cooperen con las diferentes confesiones para garantizar la libertad religiosa.

Es aquí donde entran los símbolos. Es evidente que el origen religioso de un símbolo no basta para considerarlo inconstitucional, pero sí que el choque se produciría si transmite razonablemente una adhesión de la institución a una religión. La doctrina no resuelve el caso de una imagen religiosa en la fachada de un Ayuntamiento, pero sí permite iniciar el debate sobre la idoneidad de que una institución pública haga apología de un credo amparándose con fintas y equilibrios en la preservación de una tradición.

Las imágenes de la Virgen y de la Beata en Cort no son los únicos iconos religiosos que se han exhibido este fin de semana con motivo del Carro Triunfal de la Beata promovido por el Consell. Can Balaguer, otro edificio público de propiedad municipal, ha lucido durante seis días dos reposteros con un retrato de santa Catalina Tomás “confeccionados a medida por las monjas de Santa Magdalena para esta ocasión”, ha informado el Ayuntamiento.

La exaltación del fervor católico disfrazado de tradición arraigadísima ha tenido su clímax con motivo del desfile del Carro Triunfal de la Beata. La fiesta, que tiene su origen en 1792, conmemora ni más ni menos que la beatificación de Catalina Tomás. No fue hasta 2023 que el Consell presidido por Llorenç Galmés empezó a hablar de “recuperar el esplendor” de la fiesta; en 2024 se restauró el carro histórico, que data de 1868, y este año el Consell ha declarado los desfiles Bien de Interés Cultural Inmaterial de Mallorca.

Por si fuera poco, este mismo lunes, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha aparecido sobre el altar —talmente un sacerdote oficiando una misa— de la iglesia de Establiments. Los más puristas dirán que ha ido porque la institución insular ha financiado con 20.230 euros las obras de restauración del portal mayor a través de una subvención nominativa al Obispado de Mallorca, pero la realidad es que el cortejo con la Iglesia es descarado y evidente: Galmés no ha hecho una convocatoria de prensa de un acto institucional, sino que ha convocado a la prensa a una misa por el final de las obras. En la liturgia también estaban la vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio del Consell, Antònia Roca, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Son solo los últimos ejemplos de un enamoramiento que no se puede esconder y que, detrás del argumento de preservar el patrimonio histórico y cultural compartido, recuperan y promocionan símbolos y rituales católicos desde los espacios oficiales. Lo más peligroso es que, cuando lo hacen, le devuelven la centralidad pública que tantos años y esfuerzos había costado deshacer después de larguísimas décadas de nacionalcatolicismo, y difuminan la separación entre poder civil e Iglesia.

El cartel de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Palma del año 2024 parecía más una estampita de misa que una llamada a la fiesta. Sobre un fondo azul, una silueta blanca de la Virgen con el Niño Jesús, rodeada de rayos que enfatizan su santidad. Devoción y religiosidad hecha diseño gráfico. Este mandato, el Consell también ha recuperado la participación institucional en el Corpus, con el Palau Reial engalanado, puertas abiertas de par en par y alfombra floral. Incluso las banderas lucieron a media asta al paso del Santísimo. Esto, sin hablar de los actos organizados en Roma y en la ciudad del Vaticano, con audiencia del papa Francisco a Llorenç Galmés, el Obispo de Mallorca y el alcalde de Palma. La institución impulsó durante meses una conmemoración centrada en una santa. Ejemplos tenemos más, pero este observatorio no pretende ser un almanaque.

Ya se ha dicho muchas veces que la aparición de Vox en el panorama político ha desplazado la centralidad de las políticas hacia la derecha. La extrema derecha ha hecho más centrales algunos temas y marcos como la identidad nacional, la inmigración, el género, la memoria histórica y también la religión. Y en el caso de la religión, la conversión del catolicismo en patrimonio identitario ha sido abrazado por la derecha como parte de una identidad que hay que defender ante el progresismo y otras influencias culturales.

Este hecho que hoy nos ocupa sería un síntoma más. La promoción institucional de las tradiciones católicas, en un contexto social cada vez más diverso y multiconfesional en Mallorca y en todas las Islas Baleares, puede convertirse en un elemento más de exclusión. ¿Quién tiene derecho a definir el patrimonio compartido? Las misas, las imágenes y los gestos oficiales se venden como la preservación de una memoria colectiva, pero lo que realmente hacen es mantener y reafirmar la confesión históricamente dominante en el centro de la vida pública.

El Diccionari català-valencià-balear dice que ser un beato es ser una persona que va demasiado a la iglesia. El presidente del Consell y el resto de representantes deberían velar para que las instituciones y la Iglesia mantengan una separación efectiva. Porque los esfuerzos para construir un Estado aconfesional han sido duros, largos y difíciles. La fe es libre, pero una institución pública que cuelga santos en las fachadas y baja banderas ante un icono religioso no es otra cosa que convertir la tradición en una declaración política.