Cort lleva a los tribunales a la Delegación del Gobierno por la acampada de la plaza de España y pide su prohibición cautelar

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo contra la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares por su actuación ante la nueva acampada por la vivienda en la plaza de España. El consistorio también ha solicitado medidas cautelarísimas para prohibir el asentamiento, que este jueves contaba con 24 tiendas de campaña, según el balance municipal.

En una rueda de prensa, el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzà, ha acusado a la Administración estatal de legitimar una ocupación indefinida del espacio público y de no haber dado audiencia al Ayuntamiento durante la tramitación de las comunicaciones presentadas por los promotores de la acampada. “La Delegación del Gobierno nos ha dejado solos y totalmente desamparados”, ha afirmado el también concejal de Seguridad Ciudadana, que ha reprochado al organismo estatal la falta de colaboración para que la Policía Nacional actúe conjuntamente con la Policía Local.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, este jueves había 24 tiendas instaladas en la plaza y la Policía Local levantó cerca de seis actas, que continuarán la tramitación administrativa correspondiente. Bauzà ha insistido en que, a juicio del consistorio, el problema no es el derecho de manifestación, sino “la ocupación indebida del espacio y el incumplimiento del marco que nos puede amparar”.

El concejal ha recordado que la primera acampada, iniciada el 28 de septiembre, superó las condiciones y el plazo comunicados a la Delegación del Gobierno. Por este motivo, Cort retiró las tiendas y otros elementos el 4 de noviembre en aplicación de las ordenanzas municipales. La plaza, sin embargo, volvió a ser ocupada el 11 de noviembre, tras la manifestación de la huelga general por la vivienda.

El recurso presentado este viernes hace referencia a una comunicación que la Delegación del Gobierno trasladó al consistorio aquel mismo día, atribuida al promotor de la primera concentración, para instalar un número indefinido de tiendas. Los servicios jurídicos municipales consideran que no se habría justificado la urgencia ni se habría dado audiencia al Ayuntamiento, motivos por los cuales aprecian una nueva vía de hecho. Bauzà ha añadido que Cort ya había requerido el 10 de noviembre a la Administración General del Estado que cesara las actuaciones que cuestiona en relación con las comunicaciones anteriores.

Cort ve en ello un presunto fraude de ley

El Ayuntamiento considera que los promotores de la acampada podrían incurrir en un presunto fraude de ley al usar el derecho de reunión para eludir las ordenanzas municipales y ocupar el dominio público. “El derecho de reunión y manifestación es plenamente respetado por este Ayuntamiento, pero no puede convertirse en un instrumento para justificar ocupaciones indefinidas del espacio público”, ha defendido Bauzà.

El concejal también ha reivindicado las competencias municipales sobre la plaza de España y ha acusado a la Delegación del Gobierno de vulnerar los principios de lealtad institucional y de autonomía local. Además, ha reclamado que se restablezca la colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local para abordar la situación.