El Consell deberá abonar 16,9 millones más por la anulación del rescate del túnel de Sóller

El juzgado fija en esta cantidad la indemnización actualizada hasta el final de la concesión, que se suma a los 16,3 millones ya pagados en 2027

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La gratuidad del túnel de Sóller ya es una realidad
16/11/2026 - 13:23 h

PalmaMás de 33,2 millones de euros. Es lo que costará el rescate del túnel de Sóller ejecutado en diciembre de 2017. El Consell de Mallorca deberá abonar 16,93 millones de euros a la concesionaria del túnel de Sóller, Globalvía, por los beneficios que dejó de obtener después de que la institución decidiera rescatar la infraestructura antes de que finalizase el contrato, hace ahora nueve años. La cantidad ha sido fijada en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, y está actualizada hasta el 30 de junio de 2022, cuando habría terminado la concesión. Además, también se deberán añadir los intereses legales hasta la fecha de la resolución, que podrían ser también millonarios.

Durante el mandato presidido por Miquel Ensenyat y con Mercedes Garrido en la cartera de Carreteras, el Consell ya pagó 16,29 millones de euros a la empresa al rescatar la concesión. El juzgado calcula ahora los daños y perjuicios en 28,23 millones de euros a valor de diciembre de 2017 y descuenta de esta cantidad el importe ya abonado. El saldo pendiente, de 11,95 millones, se actualiza con una tasa del 8,06% hasta 16,93 millones a 30 de junio de 2022. Por tanto, la resolución no concreta una cifra total final con los intereses legales acumulados después de aquella fecha.

La resolución llega tras un largo litigio iniciado en diciembre de 2017, cuando el Consell hizo la apuesta política de rescatar el túnel cinco años antes de que terminase el contrato con el objetivo de eliminar el peaje y garantizar la gratuidad del acceso a toda la ciudadanía. Entonces, la concesionaria impugnó la decisión y reclamó una indemnización superior a la que había recibido.

Antes del primer recurso, la indemnización se había fijado en 15.442.849,39 euros. Después, como se aplazó el rescate y se actualizó la fecha, el Consell revisó el importe y terminó pagando 16.288.200,50 euros a la concesionaria.

Sin embargo, la concesionaria recurrió a los tribunales y en marzo de 2020 el juzgado anuló el rescate. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en 2021 y por el Tribunal Supremo en 2023, que consideraron el rescate falto de justificación y no ajustado al interés general. Con todo, el alto tribunal no fijó entonces la cuantía que debía pagar el Consell.

En enero de 2025 Globalvía reclamaba 11,9 millones más y 3,3 millones más por intereses legales, además de los 16,3 millones ya cobrados. El conseller de Territorio, Fernando Rubio, calificó la reclamación de “desproporcionada” y dijo que la institución trabajaría para reducir su impacto sobre las arcas públicas. La Justicia, sin embargo, ha dado la razón a la concesionaria y en total – sin tener en cuenta las costas judiciales – el rescate habrá costado un total de 33,2 millones de euros.

En la resolución, la jueza considera que ya no se puede devolver la explotación a la concesionaria, porque el contrato expiró el 30 de junio de 2022, antes de que acabara el procedimiento judicial. Por eso declara la imposibilidad material de ejecutar íntegramente la sentencia y fija una compensación por los beneficios que la empresa habría obtenido durante el periodo en el que quedó privada de la explotación.

Para calcular la indemnización, el juzgado da más peso al informe de KPMG aportado por la concesionaria que al de los peritos de la UIB aportados por la institución insular. Considera que la tasa del 8,06% empleada por KPMG es coherente con la tasa interna de retorno prevista en el plan económico de la concesión. También rechaza descontar previamente el impuesto de sociedades de los beneficios estimados y argumenta que la indemnización ya quedará sujeta al régimen fiscal que corresponda cuando la reciba la empresa.

La resolución no impone las costas judiciales y se puede recurrir en apelación ante el TSJIB en el plazo de quince días desde la notificación.

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