Demasiados coches, residuos y consumo energético para un territorio tan pequeño
Uno de los retos de 2026 es corregir un modelo productivo que llevará a las Islas a incumplir acuerdos internacionales
PalmaLa demanda energética es un termómetro clave del consumo de recursos y, en el caso de Baleares, no para de subir a un ritmo que los expertos consideran insostenible. En octubre de 2025 se alcanzaron los 413.700 MWh, un 7,9% más que el año anterior, y el acumulado enero-noviembre sube un 3,9%. Esta tendencia sostenida muestra que Baleares no es capaz de cambiar una inercia basada en pulverizar registros de consumo de recursos, ni con la ingente incorporación de sistemas solares de autoconsumo. Las Islas afrontan el 2026 con la necesidad urgente de revisar el modelo productivo y territorial, porque si no, los objetivos climáticos de 2030 y 2050 difícilmente se alcanzarán.
Según el presidente del Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio Climático de las Islas Baleares, Pau de Vílchez, para cambiar el sistema actual no basta con apostar por la eficiencia y la descarbonización, las cuales "son imprescindibles". "Reducir el consumo es clave para afrontar la transición justa y el cambio climático. Combatir el cambio climático implica mermar el consumo, no sólo cambiar de fuentes de energía". De Vílchez recuerda que el territorio balear es especialmente vulnerable a las oleadas de calor, la escasez de agua y la presión territorial, que amplifican el impacto de cada recurso consumido.
La movilidad, clave
El modelo basado en mayor consumo se refleja en la movilidad y los residuos. El Archipiélago tiene cerca de un vehículo por habitante. En 2024 entraron por los puertos de Palma y Alcúdia 378.609 vehículos, un 33% más que en 2019, según los datos de un estudio de movilidad elaborado por el Consell de Mallorca. Por este motivo, el presidente insular, Llorenç Galmés, quiere imitar a Ibiza y Formentera y limitar la entrada de vehículos por el mar en Mallorca, pero no consigue el apoyo de Vox y pasan los meses sin clarificar el futuro de una de las propuestas legislativas estrella que Galmés quería remitir al Parlament.
Los coches de alquiler –hay días que circulan más de 75.000 a la vez– generan congestión y emisiones, agrandan el parque circulante permanente y la presión sobre las carreteras, el suelo y el aire. "Pero no nos engañemos, en las Islas hay una obsesión por el coche privado. Con el pretexto de que el transporte público no funciona del todo bien, vamos en coche a la esquina", ironiza un ingeniero de la Administración que pide el anonimato. "Un cambio global en el modelo de movilidad es imprescindible para afrontar con mínimas garantías de éxito las obligaciones que tenemos de reducir las emisiones", señala la portavoz del GOB, Margalida Ramis.
La situación de los residuos evidencia otra tensión hacia el territorio. El ejemplo más claro lo encontramos en Eivissa, donde ningún gobierno insular ha sido capaz de aprobar un plan director de residuos, y deben enviarse toneladas de estiércol a Mallorca para tratarlos. Esta externalización genera "más consumo energético, emisiones y complejidad logística", critica el GEN-GOB.
Otro reto importante en materia de residuos es acabar de retirar los envases monodosis, prohibidos por ley en Baleares. Todavía se utilizan de forma irregular en hoteles y restaurantes, generando toneladas de residuos que podrían evitarse. La aplicación de la ley que el Pacto aprobó para poner fin a este sistema se interrumpió durante la pandemia y su cumplimiento es aún irregular, sin que la Administración se haya puesto en serio.
El gran desafío del 2026 es el mismo de siempre: "Detener el crecimiento urbanístico y residencial, y dejar de convertirlo en el generador de actividad económica, porque come de lo que no tenemos: territorio y recursos", advierte Neus Prats, portavoz del GEN-GOB.
Incluso Menorca, que era ejemplo de territorio poco fragmentado, parece querer apuntarse al modelo desarrollista que se ha impuesto al resto de islas. El pacto del PP y Vox en el Consell menorquí tuvo que retirar un plan territorial que "era un disparate y ponía fin al consenso sobre la protección de la isla", recuerda el portavoz del GOB, Miquel Camps. Pero nada hace pensar que no vuelva a haber otro intento.
