Una cadena humana por decir no en el polígono de Binissalem: "Es el único cartucho que nos queda"

El próximo sábado a las 10.30 horas los vecinos de Binissalem dirán "No en el macropolígono"Con una cadena humana que ha organizado el Grupo de Amigos en Defensa del Medio Ambiente (GADMA) junto con el GOB y Amigos de la Tierra. El portavoz de GADMA, Bernat Fiol, señala que, de este modo, "se verá el pedazo de tierra donde quieren hacer este atentado para especular". "Es el último cartucho que nos queda. Hace veinte años que nos dicen mentiras y cada una de ellas nos cuesta un poco de futuro", añade.

Fiol aclara que los manifestantes no impedirán la circulación, pero asegura que llevarán pancartas y banderolas "para que los que pasen lo vean", con el objetivo de "crear conciencia social". Binissalem "no se va a replantear nada, ya lo tiene más que logrado". "Se presenta como si fuera el publicitario del promotor del polígono porque le ha dado todas las facilidades. ¿Qué gana el Consistorio cuando el pueblo pierde?" pide.

Por su parte, la representante de MÉS por Binissalem Magdalena Pons asegura que hasta que el polígono no se apruebe de forma definitiva –se ha aprobado inicialmente la segunda fase– seguirán luchando. Además, apunta que el polígono todavía no ha pasado los trámites ambientales y que se han realizado alegaciones. Los ecosobiranistas quieren hacer un referéndum (debería debatirse en el pleno del lunes en el Ayuntamiento de Binissalem) que sea vinculante según la Ley de consultas populares y procesos participativos de Baleares. Por otra parte, GADMA recoge también firmas para pedir una consulta popular que sea vinculante.

Con esta iniciativa, MÁS por Binissalem pretende que el Consistorio "repense" su posicionamiento sobre el polígono industrial. Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento Binissalem, Josep Maria Pons, aseguró al ARA Baleares que el Consistorio "sigue con la tramitación del plan que han determinado los técnicos". Añade que "el polígono no es nuevo, es un plan parcial que se aprobó en 1998 que está vigente y tiene todo el derecho urbanístico por hacerse".

Pons explica que se han presentado cerca de 30 alegaciones, pero, sin embargo, descarta la posibilidad de volver atrás la iniciativa porque el Consistorio "no tiene ningún informe de peso que determine que no habría ningún coste para el Ayuntamiento si este proyecto se descalificara". "No podemos hacer que el Ayuntamiento se endeude", ha concluido.