El Bungalow, 40 años sobre las rocas de Ciutat Jardí y con orden de demolición de Costas

PalmaA finales de julio de 2022 la Dirección General de Costas del Estado desestimó la petición de los propietarios del restaurante Bungalow, en primera línea de la playa palmesana de Ciutat Jardí, para conseguir una concesión y legalizar su situación, ya que el establecimiento se encuentra sobre dominio público sin permiso. La máxima autoridad del litoral dio seis meses a los propietarios para derribar el edificio, que ocupa más de 400 metros cuadrados sobre las rocas de Ciutat Jardí sin autorización.

Tres años después de aquella orden, no ha pasado nada. Costas –depende del Ministerio de Transición Ecológica– había dejado claro en su escrito que, transcurridos los seis meses –a partir de principios de 2023– se impondrían "multas coercitivas" contra los propietarios si no se derribaba la edificación. Pero, según las fuentes consultadas, no consta que se haya puesto en marcha ninguna actuación concreta y el restaurante ha continuado operando con normalidad los veranos de 2023, 2024 y 2025.

plataforma de hormigón que ocupa las rocas de Ciutat Jardí. De hecho, El Bungalow se ha convertido en los últimos años en un caso paradigmáticos de la tensión entre la defensa del patrimonio local y la aplicación estricta de la Ley de Costas, si bien su actividad económica se remonta a 1983. La falta de un título habilitante —una concesión administrativa que sobreautorice la conflicto: jurídicamente, sin este título el empleo es irregular y obliga a la Administración a proceder a la retirada. El caso no es único, ya que cientos de construcciones llenan el litoral sin disponer de autorización y la actuación del Estado "es muy lenta", según ha criticado en distintas ocasiones la organización ecologista GOB, quien en 2022 aprovechó la enésima denegación de Costas para reclamar que se "ponga orden y se ponga orden".

Según un cálculo realizado por el ARA Baleares a partir de la documentación recogida por diferentes expertos, debido a la caducidad de muchas concesiones –la Ley de costas de 1988 establece un máximo de 30 años– y de la falta de renovaciones condicionadas por la protección ambiental, podrían haberse acumulado hasta las 10.00 7.000 se localizan en Mallorca. Estos datos ponen de manifiesto la dimensión de la ocupación irregular en el litoral.

Presión a favor

No todo el mundo considera que haya que derribar el Bungalow, un restaurante popular con buenas vistas al litoral palmesano. La presión social se materializó en una movilización que reunió a vecinos, trabajadores y personas vinculadas principalmente al PP, actualmente al frente del Govern y que ha prometido en distintas ocasiones aprovechar que dispone de parte de las competencias de costas para intentar salvar este tipo de edificaciones, siempre con argumentos vinculados a un supuesto interés patrimonial o histórico de la construcción.

La concentración frente al establecimiento se celebró el 6 de noviembre de 2022. Cientos de personas exigieron la protección del Bungalow y reclamaron una solución que concilie legalidad y preservación patrimonial. El Ayuntamiento de Palma reaccionó a la presión social y acordó en el pleno iniciar los trámites para catalogar y proteger a El Bungalow como edificio de interés histórico, además de solicitar a Demarcación de Costas la paralización cautelar de cualquier actuación mientras se llevan a cabo los informes técnicos y los estudios patrimoniales.

Pero la vía judicial y el ordenamiento superior imponen limitaciones. Recientemente, una resolución del Tribunal Supremo ha reforzado la capacidad del Estado para recuperar construcciones en el dominio público y ha restringido las posibilidades de legalización automática de chibius y establecimientos costeros cuando no existe el registro estatal ni el título habilitante. Este marco legal hace difícil que una catalogación municipal por sí sola detenga una orden de ejecución de la Administración de Costas.

Existe una orden administrativa que dictamina una irreversible demolición, y un plazo que se agotó. Además, la ley de costas que debía echar una mano a estas situaciones aún no ha entrado en el Parlamento. Según las fuentes consultadas, el Gobierno es consciente de que aquellas legalizaciones que más han reclamado a diferentes ciudadanos, empresarios y lobbies no se pueden resolver en una norma autonómica, ya que el Estado se reserva su poder de decisión. En ese sentido, ya ha dictado una resolución clara: el Bungalow no puede seguir.