Las Baleares abrazan el modelo de Ayuso de vivienda: más mercado y menos protección

PalmaLa decisión del PP de permitir que las empresas y los fondos de inversión puedan comprar vivienda a precio tasado es el último ejemplo del cambio de modelo en la política de vivienda en las Islas que ha impulsado el Gobierno de Marga Prohens, con referentes políticos como la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Los populares han apostado por aumentar la oferta y la iniciativa privada por encima de la vivienda protegida, una estrategia que han criticado la izquierda y expertos consultados por el ARA Balears.

"Podrán adquirir viviendas de precio tasado las personas jurídicas que destinen estas viviendas exclusivamente al arrendamiento sometido a los requisitos previstos en este Decreto": esto es lo que dice el artículo 5 de la enmienda del PP que se aprobó durante la tramitación del Decreto ley de aceleración de proyectos estratégicos como proposición de ley. Una medida que no era ninguna exigencia de Vox para dar apoyo a la norma y que los populares introdujeron a iniciativa propia. El Gobierno de Francesc Antich creó la figura de vivienda a precio tasado mediante la Ley 5/2018 de reservas estratégicas de suelo, con Jaume Carbonero como consejero de Vivienda. La Administración es quien fija el precio máximo de estas casas.

Las viviendas que compren las empresas deberán destinarse a alquiler o alquiler con opción de compra durante un plazo de 20 años. Pero el artículo 6 de la enmienda hace una matización importante: "Salvo autorización previa del director general de Arquitectura y Vivienda por motivos excepcionales debidamente justificado". Esto significa que las empresas y fondos de inversión tienen a su alcance una fórmula para acortar este plazo. Y también hay una fórmula para poder aumentar el precio: el artículo 7 de la enmienda dice que se deberán respetar los precios máximos "salvo autorización previa" en los términos previstos en el decreto.

"Con esta medida se da entrada a los fondos de inversión, que son los únicos con los mecanismos de financiación oportunos para sacar rentabilidad a esta operación. La oportunidad de comprar un bloque entero de pisos siempre es atractiva", explica el economista y experto en vivienda Eduard Robsy. El economista también remarca que "la caída de la protección en un plazo de 20 años no supone ningún inconveniente para este tipo de operadores" y que "pueden solicitar un proceso de descalificación anticipado" como ya ha ocurrido otras veces. "Hay precedentes de operaciones muy poco elegantes y premeditadas", añade.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la normativa no limita "otros gastos que se pueden repercutir y que no son estrictamente el precio de alquiler", apunta Robsy. "Se tienen que justificar, pero no están limitadas", remarca. "Encontramos estas prácticas con los grandes tenedores. Además de subidas de alquiler, se empezaban a subir otros importes con intensidad y el precio no paraba de crecer", explica el experto, que ve paralelismos con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. "Ya estamos haciendo dumping fiscal como ellos. No salen de este paradigma y se oponen a cualquier mecanismo de control", remarca en referencia a medidas como declarar las Islas zona tensionada para topar los precios del alquiler.

El diputado de MÉS per Mallorca critica que permitir la compra de vivienda tasada por parte de fondos de inversión implica "hacer competir a la gente normal, a la gente que no tiene una vivienda, con quien quiere sacar rédito". De esta manera, se hace posible que "la vivienda a precio tasado sea una fuente de negocio y esté sujeta a la especulación a medio y largo plazo". "El PP [balear] copia el modelo de Ana Botella en Madrid y de todos los dirigentes del PP que han venido después. Se trata de abrir de par en par las puertas a los fondos buitre y profundizar en la visión de la vivienda como un bien de mercado", añade.

Por otra parte, la abogada de la PAH Gloria Olmos critica que, mientras que a las personas se les exige un arraigo en las Baleares, no pasa lo mismo con empresas y fondos buitre. "A estas entidades no se les exige arraigo ni que paguen impuestos aquí. Los requisitos no son los mismos, de manera que vendrán entidades, comprarán pisos y expulsarán a la gente. Están comprando totalmente el modelo de Ayuso", asegura.

Una filosofía de la política de vivienda compartida

Las Baleares han adoptado la misma filosofía que caracteriza la política de vivienda de Ayuso, con el fomento del mercado y de los promotores privados y un peso menor de la vivienda protegida tradicional. De hecho, hace solo un año el Gobierno aún no había empezado ni una obra de vivienda y a estas alturas no llegan ni a cinco. En cambio, se ha priorizado la figura de la Vivienda a Precio Limitado (HPL), con menos protección y restricciones menos estrictas. Ayuso ha impulsado figuras como la vivienda con protección pública de precio limitado (VPPL), también menos estrictas que otros regímenes de protección. De esta manera, se habla de vivienda asequible, pero también falta control público.

Tanto las Islas como Madrid y otros gobiernos del PP plantean el incremento de la construcción como solución principal para el problema de la vivienda. Esta apuesta se basa en el argumento del equilibrio entre oferta y demanda (actualmente hay más demanda que oferta). Pero según muchos analistas, este planteamiento ignora que los demandantes no parten de posiciones equivalentes: muchas familias afrontan situaciones económicas difíciles, mientras que las empresas y los fondos buitre quieren colocar sus capitales y multiplicar sus ganancias. Para construir más y más rápido, Prohens ha modificado la normativa, con cambios urbanísticos, reconversiones e incremento del tiempo mínimo de residencia, entre otras medidas.

La oposición frontal a controlar los precios es otro rasgo que comparten las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y las críticas a la ley estatal de vivienda han sido una constante desde Baleares. Aquí entra otra vez en juego la idea de que el mercado es capaz de autorregularse, aunque el estallido de la burbuja inmobiliaria en España demuestra lo contrario. Según los datos del Banco de España, entre el 2000 y el 2009 se sumaron cinco millones de viviendas nuevas en el Estado, mientras que el precio medio de la vivienda libre se multiplicó por dos –datos del INE y del Banco Sabadell: de 1.000 euros el metro cuadrado en el año 2000 a 2.218 en 2007.