Las perlas de la Ley de aceleración de proyectos estratégicos

PalmaLa culminación de la legislatura con el Partido Popular al frente del Gobierno ha llegado un año antes de las elecciones con la aprobación de la Ley de aceleración de proyectos estratégicos por el Parlament este martes. Se trata de la última ley ómnibus que Marga Prohens podrá sacar adelante antes de las elecciones de mayo de 2027. Precisamente por eso, los populares, de la mano de Vox, han aprovechado para modificar una cincuentena de leyes, entre las quejas de la oposición, a pesar de que el PSIB también ha aprovechado para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con el motivo del decreto ley inicial.

De hecho, algunas de las enmiendas que se han aprobado no responden a ninguna necesidad urgente de la ciudadanía de las Baleares, que continúa con los mismos problemas que los populares heredaron de legislaturas pasadas y que no han solucionado: la vivienda, la saturación turística y problemas estructurales de movilidad. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido uno de los más críticos con la necesidad de introducir medidas como "la legalización del tiro al pichón en las fiestas populares". "¿Qué tiene que ver eso con una unidad aceleradora de proyectos estratégicos, que debe captar inversiones extranjeras?", ha preguntado, además de criticar que los populares y Vox saquen adelante una iniciativa que ha calificado de "muestra de sadismo" con los animales. "Permite hacer competiciones organizadas y festivas de tiro al pichón, no tiene que ver con ninguna plaga", ha dicho.

Apesteguia ha enumerado otras medidas que ocupan un lugar peculiar en una norma sobre la captación de inversiones y la transformación económica, como la regulación de las prácticas náuticas de piragüismo, el marisqueo de la almeja azul, la reserva de plazas en la policía local para militares y que los agentes municipales puedan llevar pistolas táser. "Han aprovechado para meter ahí las cosas que habían pactado con Vox o las que se le pasaban por la cabeza a algún consejero", ha criticado Apesteguia, y ha recordado el artículo 125 del Reglamento del Parlament, que establece que las enmiendas deben tener relación con el título de la ley. Que se modifiquen leyes por esta vía "limita el derecho de representación de los diputados", porque no se pueden enmendar las enmiendas. Es decir, si no están de acuerdo, solo lo pueden manifestar con el voto, pero no pueden hacer aportaciones como sí que pasaría si las modificaciones no se hubieran trabajado por esta vía.

De hecho, Apesteguia ha hablado de un "festival de enmiendas" en el que el volumen de cambios que PP y Vox, y en mucha menor medida el PSIB, han aprovechado para introducir era tal, que hubo momentos que "los diputados ni sabían qué votaban". "Llegaron a comisión y despacharon en minutos más de 100 enmiendas. Tuvimos que interrumpir la comisión más de cinco veces. Ni siquiera defendían las enmiendas que aprobaron", ha reprochado al PP, y ha cuestionado algunos ejemplos, como la creación de la oficina antiocupación para contentar a Vox: "Los seis primeros meses, solo se atendieron en el Ayuntamiento ocho casos", ha argumentado para remarcar que es un organismo innecesario.

Más allá de la anécdota

Dejando de lado medidas anecdóticas, la Ley de aceleración de proyectos estratégicos alterna ámbitos importantes de la vida de los ciudadanos. A continuación presentamos un resumen.

Lengua

• Los alumnos exentos del catalán lo estarán indefinidamente, y no un máximo de tres años como hasta ahora.
• Los docentes podrán opositar a plazas de muy difícil cobertura sin acreditar ningún nivel de catalán. Esto altera el artículo 23.2 y 23.4 de la Ley de normalización lingüística, que no deja ninguna puerta abierta a profesionales sin este requisito.
• Las plazas deficitarias de funcionarios tampoco requerirán el catalán a los aspirantes (se considerarán deficitarias con cinco candidatos o menos).
• Baja la nota que se exige a los alumnos de Bachillerato para obtener el nivel C1 de catalán.

Vivienda y Urbanismo

• Empresas y fondos de inversión podrán comprar vivienda a precio tasado, que es el que tiene el precio más bajo y que hasta ahora sólo podían adquirir particulares. La oposición ha acusado al Gobierno de importar el modelo de Ayuso a las Illes.
• Se amplía el plazo para poner en marcha los proyectos de viviendas que se consideren estratégicos: pasa de 12 a 24 meses.
• Se cambia la amnistía urbanística: el silencio administrativo ya no se interpretará como positivo, sino como negativo. Este cambio se ha hecho en previsión a una sentencia del Tribunal Constitucional que podría tumbar el silencio positivo. Lo que no se sabe es qué pasará con los propietarios que han regularizado su vivienda en rústico con un silencio positivo de la administración si se declara inconstitucional.

Turismo

• Rebaja de las multas a los infractores: si una vivienda que se alquila ilegalmente a turistas entra en el mercado del alquiler residencial, el propietario se ahorrará un 80% de la multa.

Administración

• Se universaliza el uso de la declaración responsable.
• Se modifica la ley de publicidad institucional para rebajar el control sobre el gasto.

Medio ambiente

• Se cambia la Ley de conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO) para relajar los controles.

Servicios sociales

• Se modifican las condiciones para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) y se exigirán tres años de residencia.
• Los menores extutelados también deberán acreditar tres años de residencia para recibir la renta de emancipación, una condición que antes no se exigía.

Las enmiendas que se quedaron por el camino

También hay enmiendas que no han llegado a prosperar, en buena parte por las reacciones públicas que han provocado al filtrarse a los medios. Entre estas están la que permitía cazar en espacios protegidos de Menorca y la que privaba de atención médica a los hijos de inmigrantes en situación irregular con incapacidades físicas y cognitivas: bastaba que uno de los progenitores no tuviera los papeles para que se le retirara. Por el camino se quedó la enmienda que quitaba la tramitación ambiental a las grandes superficies comerciales, en buena parte por la presión de las patronales del pequeño comercio. Tampoco ha prosperado una enmienda de la izquierda para crear un consejo de informativos en IB3.

En cuanto a las enmiendas del PSIB que sí han salido adelante a pesar de no tener nada que ver con la ley, están la que regula el transporte con vehículos sin conductor (VTC) para combatir la competencia desleal contra el sector del taxi y una reforma de la estructura de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB).