Guerra entre Corte y el gobierno español por la antigua cárcel mientras 200 personas esperan una solución

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha dicho en reiteradas ocasiones que entre un 60% y un 70% de los residentes de la antigua prisión de Palma son inmigrantes en situación irregular. De esta forma, el consistorio se niega a asumir la responsabilidad de ayudarles y señala que el gobierno español es responsable de este problema. El primer teniente de alcalde de Cort, Javier Bonet, aseguró el martes que el Estado "tiene todas las competencias sobre las personas que se encuentran en situación irregular". "Si ha podido construir una carpa para todos los inmigrantes que llegan en patera, también debería poder dar respuesta a esta crisis de carencia de vivienda", remarcó.

En cambio, la Delegación del gobierno español en Baleares, que está a la espera de conocer la propuesta del Ayuntamiento en una reunión de la Junta Local de Seguridad, considera que la situación de la antigua prisión "requiere que cada institución ejerza sus competencias para ofrecer una respuesta" a la situación.

El equipo de gobierno de Cort busca una "colaboración interinstitucional al máximo nivel" y asegura que la situación de la prisión antigua es "un problema de país". De hecho, también hizo un llamamiento al Obispado de Mallorca, a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y al ejército para encontrar "una solución de vivienda provisional", dijo Bonet. Según han asegurado fuentes del Obispado al ARA Baleares, el Ayuntamiento de Palma todavía no se ha puesto en contacto con la institución. Sin embargo, remarcan que la cooperación es "constante y mutua" y aseveran que el Obispado está dispuesto a colaborar y estudiar los casos para ayudar a los residentes de la cárcel con todo lo que esté en su mano.

Por su parte, el gobierno español dice que "continuará colaborando en la búsqueda de soluciones". Fuentes de la Delegación recuerdan que se han destinado partidas presupuestarias a varias administraciones para "facilitar el desarrollo de políticas sociales". También colaborará a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado –fundamentalmente, la Policía Nacional– y prestará apoyo a la Policía Local en cualquier decisión que se adopte y ajuste a la legalidad, de acuerdo con las autorizaciones judiciales pertinentes.

La batalla institucional para determinar quién debe ofrecer soluciones a los residentes de la prisión antigua sólo tiene una víctima: las casi 200 personas que viven allí. Brainer, un hombre que lleva aproximadamente cinco meses residiendo en él, asegura estar "cansado" de que las instituciones públicas le envíen "de un lugar a otro sin ninguna ayuda y sin ninguna solución".