Rechazan que el Gobierno pague los 52.000 euros de la defensa de Carlos Delgado por el caso Calanova
El órgano concluye que el exconsejero no pidió la asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma ni ha acreditado adecuadamente el perjuicio económico reclamado
PalmaEl Consejo Consultivo ha desestimado la reclamación presentada por el exconsejero de Turismo Carlos Delgado para que el Gobierno le abonase los más de 52.000 euros correspondientes a los gastos de su defensa jurídica en el caso Calanova, del que fue absuelto en enero de 2025.
En un dictamen reciente, el órgano consultivo concluye que no se dan los requisitos para que la Administración asuma este coste y rechaza los argumentos de Delgado, que sostenía que había sido objeto de una acusación "injusta e injustificada" por el hecho de haber formado parte del Gobierno.
El exconsejero, que fue absuelto por la Audiencia Provincial de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación del puerto deportivo de Calanova en el año 2013, presentó una reclamación patrimonial en la que aseguraba haber sufrido "graves daños morales y económicos". A pesar de admitir que estos perjuicios eran difíciles de cuantificar, reclamaba al menos el coste de su defensa jurídica, cifrado en 52.600 euros.
En el escrito, Delgado afirmaba que la acción judicial se había dirigido contra él "de mala fe" por su condición de miembro del Gobierno y pedía que el Ejecutivo abonase directamente la factura a su abogado o, subsidiariamente, le ingresase esta cantidad.
El Consultivo cuestiona la reclamación
El Consejo Consultivo, sin embargo, considera que la petición carece de fundamento jurídico. Entre los motivos que expone, señala que Delgado no solicitó previamente ni de manera formal la asistencia jurídica de los servicios de la Comunidad Autónoma ni tampoco pidió autorización para contratar un abogado particular.
Además, recuerda que el procedimiento penal no se inició a instancias del Gobierno, sino a raíz de la denuncia presentada por un particular, y que la Abogacía de la Comunidad Autónoma solo se personó en la causa posteriormente.
El dictamen también pone en duda la cuantificación del perjuicio económico reclamado. Según el órgano consultivo, Delgado aportó una factura proforma y reconoció que todavía no había abonado los honorarios de su abogado. Igualmente, considera que no acreditó que el importe reclamado fuera razonable ni ajustado a los baremos orientativos de los colegios profesionales.
Finalmente, el Consultivo señala que el mismo letrado asumió la defensa de otros acusados en el mismo procedimiento penal y que no se ha detallado qué actuaciones profesionales correspondían exclusivamente a Delgado y cuáles eran compartidas, hecho que impide determinar con precisión el importe que, eventualmente, le podría corresponder.
