"El PP y Vox hacen una modificación encubierta de la Ley de normalización lingüística"

PalmaEl PP insiste en que las enmiendas a la ley òmnibus para eximir a los docentes del requisito de catalán en lugares de muy difícil cobertura no implican una modificación de la Ley de normalización lingüística. Los populares han defendido a lo largo de la legislatura que, por mucho que Vox lo pida, no tocarían este texto que regula el uso de la lengua catalana en el ámbito público. Pero tanto el profesor de Derecho Público y Constitucional de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Sebastià Rubí, como el jurista y presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, consideran que la norma sí está afectada por estos cambios, que se votan este martes en el Parlament. "Es una modificación encubierta de la Ley de normalización lingüística", asegura Rubí.

El acuerdo entre el PP y Vox de eximir a los docentes de presentar el requisito de catalán en lugares de muy difícil cobertura se contrapone al artículo 23.2 de la ley, que dice que "los profesores que imparten la enseñanza dentro del ámbito de las Illes Balears deben poseer el dominio oral y escrito de los dos idiomas oficiales necesario en cada caso para las funciones educativas y docentes que deben realizar". Según Rubí, aunque sea de manera "sutil", la enmienda de Vox aceptada por el PP "modifica" la Ley de normalización: "La regla general dice que una ley se puede modificar a través de otra aunque no se diga expresamente, y esta enmienda es una excepción del artículo 23.2, que dice que los profesores que tienen que dar clase deben saber catalán". Por lo tanto, la norma se ve "afectada" por esta enmienda "de manera indirecta".

Fuentes del Gobierno lo niegan. Consideran que la Ley de normalización "no se toca" sobre el papel, que la excepción "se tendrá que articular" vía reglamento en el Consejo de Gobierno caso por caso, y que "no supone una casuística nueva", porque ya hay docentes interinos que ejercen sin haber acreditado el catalán. Con todo, Rubí considera que por más que se tenga que hacer un desarrollo reglamentario, tendrá "el fundamento legal" de poder dar la plaza sin el catalán. Además, destaca un elemento que considera clave: el hecho de que antes los docentes sin catalán fueran interinos, lo cual daba una temporalidad a la exención, mientras que ahora ya pueden ser funcionarios, si bien deberán acreditar el catalán para escoger un centro. "Hace falta un conocimiento mucho más amplio de toda la normativa que afecta al ámbito educativo para conocer el alcance real de esta modificación sutil", expone.

"La Conselleria lo minimiza"

Toni Llabrés advierte que, además, el cambio también podría contravenir el artículo 23.4 de la ley, que establece que "la administración autonómica debe procurar que en la reglamentación del acceso del profesorado a la función docente se establezca el sistema adecuado para que todos los profesores de nuevo ingreso posean las competencias lingüísticas" en las dos lenguas oficiales. "Cuestionamos que no se pueda continuar solucionando el problema de la falta de docentes a través de interinidades y que ahora se quiera pasar a hacer funcionarios a estas personas", ha dicho. "Aunque la Conselleria lo minimice y diga que esta gente quedará a la expectativa de destino y deberá hacer cursos de catalán, es delicado después querer introducir restricciones por vía reglamentaria para que no puedan tener la misma condición que cualquier otro funcionario", advierte. En el mismo sentido, más allá del alcance de estas medidas concretas, Llabrés advierte que "el problema dentro del ámbito educativo también son los docentes que tienen el requisito y dan las clases en castellano y, como consecuencia, incumplen los proyectos lingüísticos de los centros, con pasividad del centro y de la Conselleria de Educación".

El PP y Vox también han pactado una segunda enmienda para eximir a los alumnos que se encuentran de paso en las Islas de evaluarse de lengua catalana, pero la actual Ley de normalización lingüística ya preveía exenciones en algunos casos y establecía un plazo máximo de tres años de estancia en las Islas para que el alumno pudiera acogerse a ella. En este caso, ambos expertos coinciden en que la norma que rige es la Ley de normalización, porque concreta los plazos y, por lo tanto, no se vería afectada.