Baleares pide por carta al Estado que frene el reparto de menores migrantes en las Islas
Fernández le ha recordado a la ministra Rego que los servicios de atención a la infancia de los consejos insulares atienden a 682 menores migrantes no acompañados, cuatro veces más que en el 2022
PalmaLa consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha enviado este lunes una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitándole que detenga el traslado de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias. En la nota, Fernández le ha recordado que los servicios de atención a la infancia de los consejos insulares atienden a 682 menores migrantes no acompañados, cuatro veces más que en el 2022, y que este incremento y la consiguiente sobreocupación, de un 1.000% en estos servicios, repercute directamente en la calidad del mismo.
"Esta situación ha tensionado al límite nuestro sistema", dice Fernández en la carta, "obligándonos a multiplicar recursos humanos, económicos y residenciales".
En la misiva, la consellera le recuerda que, según el propio Ministerio, en marzo Baleares acogía a otros 226 menores de los que le correspondían. A esto se suma que la llegada de estos niños y adolescentes "es permanente", y en el marco de una ruta consolidada que ha llevado en lo que va de año un total de más de 4.700 migrantes irregulares a las costas de las Islas Baleares a bordo de embarcaciones, el doble que en los mismos meses de 2024, escribe Fernández.
Por todo ello, la decisión unilateral del Estado de asignar a Baleares nuevos menores procedentes de otras comunidades, "sin valorar nuestra situación de sobreocupación y sin una financiación estable y suficiente", dice a la carta, "compromete en serio la viabilidad de nuestro sistema de protección y pone en riesgo otros servicios sociales esenciales".
"Vulnera la legalidad"
La consellera recuerda a la ministra los recursos presentados por el gobierno central al reparto de menores, que "vulnera la legalidad, el consenso y el principio de igualdad territorial", puesto que sigue "criterios poco transparentes y en algunos casos arbitrarios", pasando por alto la opinión de los gobiernos autonómicos.
Por todo ello, Fernández le traslada la imposibilidad de asumir nuevas derivaciones de menores no acompañados en las actuales circunstancias. "Nuestra voluntad es seguir siendo una comunidad solidaria", concluye, "pero esto no se puede ejercer a costa de poner en riesgo el mayor interés de los menores que ya atendemos ni de desbordar un sistema que ha alcanzado su límite".
