Menorca busca quien cuide a sus mayores

Ladrillo205.292 personas, el 16% de la población de Baleares, tienen más de 65 años y son potenciales usuarias de la red geriátrica asistencial de titularidad pública. El peso del colectivo no hace más que subir con el paso de los años, lo que aumenta también la necesidad de reforzar su atención en las residencias y en sus propios domicilios.

La tendencia es más intensa en Menorca, que tiene la población más envejecida de las Islas. La media de edad es de 43,51 años, mayor que en el resto del Archipiélago y del Estado, y el segmento mayor de 65 años, 18.351 personas, representa el 18% de los residentes. De hecho, la población de menorquines mayores de 85 años se ha duplicado desde principios de siglo.

Menorca también es la isla que más sufre la falta de profesionales cualificados para atender convenientemente a las personas mayores. La doble insularidad y la grave dificultad de acceso a la vivienda complican el problema a la Administración, que no encuentra personal suficiente para cubrir las necesidades actuales de sus centros, ni mucho menos de los que tiene en construcción. Nuevos geriátricos largamente esperados y casi a punto de abrir, pero sin la suficiente plantilla, por ahora, para garantizar su funcionamiento.

El Consell Insular impulsa diversas iniciativas para garantizar que dispondrá del personal necesario para poder abrir el próximo año las tres residencias nuevas que están a punto de terminarse. Se trata de la prevista en el antiguo cuartel de Santiago en Mahón y de los primeros geriátricos de su historia que estrenarán los dos únicos municipios de Menorca que todavía no disponen de este servicio, es Castell y es Migjorn Gran.

En total, harán falta un mínimo de 86 trabajadores nuevos para garantizar su funcionamiento: 36 en el geriátrico del Castell, 26 en el del Migjorn y otros 24 en el de Santiago, que reforzarán la plantilla de 82 personas que ya tiene la actual residencia del Consell Insular en la avenida de Josep Anselm Cla. Todos ellos, 168 trabajadores en conjunto, tendrán que atender a los 224 usuarios a los que asistirán las tres nuevas residencias de Menorca.

De momento ya es seguro que la de Santiago en Mahón será gestionada directamente por el Consorcio Sociosanitario de Menorca, como ya lo hace con el Centro Sociosanitario de Ciutadella, con 85 trabajadores, pero los otros dos ayuntamientos han pedido también al Consell Insular que las nuevas residencias pasen igualmente en sus manos. De hecho, el objetivo es que dentro de diez años toda la red residencial de servicios sociales de Menorca sea gestionada por el Consorci.

De esta manera, el ente supramunicipal creado en 2007 para gestionar el centro sociosanitario de Santa Rita acabará asumiendo todas las residencias municipales, además de las otras de carácter insular, como es el caso del centro de discapacitados de Trepucó en Maó y el dedicado a atender a las personas con discapacidad física que se construirá próximamente.

También deberá incluirse la gestión del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y del transporte adaptado, además de la contratación del material y el mantenimiento necesario, que permitirá agilizar los trámites y abaratar costes. "El Consorcio se convertirá así en una de las grandes empresas públicas de Menorca –explica la vicepresidenta Carmen Reynés–, pero disponiendo siempre de la implicación económica y el apoyo de los ayuntamientos, que tendrán que continuar igualmente comprometidos. El proyecto es muy ambicioso y el camino es largo. Así que tendremos que crecer de forma progresiva".

La consejera de Bienestar Social admite que a todos los geriátricos cuesta cubrir todos los perfiles profesionales para dar cobertura a las bajas y vacaciones del personal, lo que hace temer que la apertura de los nuevos centros se pueda retrasar por este motivo. "Lo que debemos conseguir es que, si se tarda, sea por trámites administrativos o porque no se hayan terminado las obras, pero no por falta de personal", afirma la consellera Reynés.

Para hacer posible este objetivo, se está trabajando en "diferentes vías que permitan abrir el abanico de profesionales potencialmente disponibles". Se trata de solucionar, sobre todo, la dificultad de acceder a una vivienda y flexibilizar la exigencia del catalán a todos los aspirantes.

En este sentido, se estudia a escala jurídica si se deja un margen de tres años a los nuevos contratados para que puedan sacar el certificado de catalán pertinente, coincidiendo con el período de vigencia que tendrían los primeros contratos antes de que su plaza se pueda estabilizar. Estos contratos iniciales de mayor duración favorecerían también la obtención de una vivienda de alquiler. Aún así, se plantea también licitar la ocupación de pisos en varios municipios de la isla o reservar parte de los alojamientos del albergue de Sa Vinyeta para estos colectivos.

"Lo básico es mejorar las condiciones de trabajo", remarca la consellera. "Si conseguimos que las plazas sean más atractivas y que tengan continuidad, podremos atraer a más gente y garantizarles una mayor estabilidad profesional. También se debe contribuir al hecho de poder gestionar desde el Consorci una bolsa única de trabajo para toda Menorca y "abrir los perfiles profesionales" para que puedan asumir tareas específicas un mayor número de colectivos. ~BK_SLT_NA las que ahora mismo se plantean en varios geriátricos municipales. Los internos en el geriátrico de Sant Lluís y sus familias se están movilizando contra las deficiencias del servicio que les presta la empresa concesionaria; la Conselleria que proyecte ya una futura nueva residencia en el municipio.

Si se logra firme al personal necesario, la lista de espera de plazas públicas de dependencia también bajará. El número de peticiones roza ahora mismo a las 400 personas en Menorca, pero no todas tienen la misma urgencia para entrar ya en una residencia. El cribado realizado hace unos meses por la Conselleria de Bienestar Social ha permitido constatar que sólo 146 personas, aproximadamente el 40%, sí desearían acceder ya a un geriátrico, otros 48 prefieren esperar y los 200 restantes prefieren recibir asistencia domiciliaria para poder envejecer en casa.

"A la larga, el recurso residencial será sólo para personas dependientes que no puedan valerse por sí mismas en su casa", remarca la consellera, quien cree "necesario reforzar en este sentido todos los recursos y servicios que permitan a nuestras personas mayores escoger dónde quieren envejecer y que puedan hacerlo de forma digna". Esto implica "intensificar" el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y el programa de apoyo puesto en marcha años atrás para paliar la soledad del número cada vez mayor de personas mayores que viven solas.