Galmés lo apuesta todo a la limitación de vehículos

PalmaMenos de nueve meses antes de las elecciones insulares, Llorenç Galmés encara el último curso político con la limitación de vehículos pendiente del Parlament, decisiones por concretar sobre las plazas turísticas y el contrato de Tirme cuestionado por Intervención, entre otros. El presidente del Consell de Mallorca reivindica que ha cumplido más del 95% de los acuerdos de gobierno, mientras la oposición pone el foco en los asuntos que continúan abiertos.

El presidente del Consell de Mallorca ha escenificado este miércoles el arranque del último curso político después de un verano marcado por las protestas contra la masificación turística, la importación de residuos de Eivissa y las advertencias sobre el coste del tratamiento de residuos para las arcas públicas. Galmés ha reunido a su ejecutivo en la Misericòrdia para visualizar un último empuje a un mandato con asuntos estructurales con cabos aún por atar.

La oposición cuestiona el balance del presidente y asegura que llega al final del mandato con “todo pendiente”, en palabras de la socialista Catalina Cladera.

Vehículos: una ley pendiente y un calendario ajustado

La regulación de la entrada de vehículos es la principal apuesta de Galmés para el último curso político. El presidente la define como “la principal medida de contención de esta legislatura” y la presenta como una respuesta a la saturación de la isla.

El próximo 9 de septiembre defenderá ante el Parlament la toma en consideración de la proposición de ley. Lo hará sin tener garantizado el apoyo de Vox, que el 5 de junio se abstuvo en la votación al Consell, pero confía en los votos de la oposición para sacar adelante la iniciativa.

El calendario que plantea prevé aprobar la ley este otoño, fijar antes de acabar el año los límites de vehículos procedentes de fuera de Mallorca y de coches de alquiler, y aplicarlos durante la temporada turística del 2027. Fuentes del Consell aseguran que ya trabajan en la ordenanza fiscal y en el estudio de carga que debe fundamentar los topes, con la aprobación prevista para octubre.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, duda que la medida se pueda aplicar este mandato. “La promesa de suprimir los atascos en Palma no se ha cumplido”, afirma, y sostiene que “la ley de limitación de vehículos no tendrá tiempo de aplicarse”.

El candidato de MÉS per Mallorca al Consell Miquel Oliver también cuestiona el calendario. “Solicitamos la posibilidad de que el Parlament hiciera un pleno extraordinario para avanzar la tramitación y se fueron de vacaciones”, recuerda. Por eso, añade, “tememos que sea otra promesa que quede pendiente a causa de los plazos de tramitación”.

En paralelo, Galmés ha anunciado el inicio, antes de las elecciones del 2027, de las obras de la rotonda de la carretera de Sóller y del primer tramo del segundo cinturón. Las actuaciones forman parte del Plan de mejora de los accesos a Palma, dotado con 164 millones de euros.

Plazas turísticas: el techo por concretar

En materia de turismo, el Consell “continuará apostando por fomentar el turismo responsable e intensificando la lucha contra la oferta ilegal, con más efectivos y recursos que nunca, para garantizar la convivencia entre residentes y visitantes”. Aun así, no se ha hecho ningún anuncio concreto en este aspecto y, sin novedades sobre la modificación del PIAT, queda sobre la mesa el estudio de carga a instancias del Decreto ley contra la oferta ilegal para determinar el número total de plazas turísticas que se pueden comercializar.

Los socialistas califican de “fracaso” la gestión turística de Galmés y recuerdan las diferentes destituciones y dimisiones que se han producido en el departamento. Acusan la “inestabilidad política” ante “promesas vacías de decrecimiento sin haber tan solo modificado el PIAT ni haber hecho el estudio de capacidad de carga”. MÉS per Mallorca también apunta los cambios y crisis dentro del departamento como señal de las “contradicciones del PP” en materia turística.

Tirme: las tarifas bajo revisión

El modelo de gestión de residuos es otro de los frentes abiertos. Este verano, el Consell ha aprobado una aportación extraordinaria de 41,4 millones de euros para regularizar las tarifas, en el marco del compromiso de reducirlas un 10%. La operación coincide con la importación de residuos de Ibiza y con las advertencias de Intervención sobre el sistema tarifario de Tirme.

El PSIB calcula que durante el mandato se han destinado más de 100 millones de euros a sostener las tarifas y reclama revisar las condiciones de la concesión. Galmés ha anunciado que encargará una auditoría para verificar la gestión de Tirme y que estudiará si se puede modificar la fórmula con la que se calcula el precio del tratamiento. Hoy por hoy, el anuncio no implica una revisión aprobada del contrato ni del sistema tarifario.

Territorio: dos tramitaciones abiertas

En materia territorial, el Consell tiene pendiente culminar la tramitación de la futura ley de la sierra de Tramuntana. El anteproyecto se presentó en febrero y el plazo de alegaciones finalizó el 15 de abril. El texto aún debe superar la tramitación necesaria para llegar al Parlament y convertirse en ley, a pesar de que Galmés no ha hecho ninguna referencia en la rueda de prensa posterior a la reunión de sus consellers.

También queda pendiente la aprobación definitiva de la cuarta modificación del Plan territorial de Mallorca, aprobada inicialmente el 10 de abril de 2025. Son dos iniciativas con las que el gobierno insular deberá concretar su balance territorial antes de las elecciones.

Servicios Sociales e Igualdad

El presidente del Consell ha anunciado también la creación de 300 plazas dentro del Plan de acceso a la vivienda para personas con discapacidad, con una inversión de 6 millones de euros. Asimismo, “se continuará avanzando en materia de igualdad, ampliando y reforzando los servicios para las mujeres víctimas de violencia de género”. En este sentido, hay que recordar que una de las primeras decisiones de Galmés fue la supresión de la Dirección Insular de Igualdad, reconvertida en Dirección Insular de Familias.

La relación con Vox, en el trasfondo

Para la oposición, las relaciones con Vox atraviesan buena parte del debate sobre el final del mandato. Oliver las señala como uno de los principales problemas de Galmés y lo describe como un “presidente secuestrado”.

Cladera, por su parte, reprocha al gobierno insular lo que considera un “cierre en falso” del caso sobre el presunto uso de vehículos institucionales para actividades privadas y de partido del consejero de Medio Ambiente, Pedro Bestard, que tiene una investigación abierta por parte de la Fiscalía.