Bolaños acepta que se debata la cogestión de los aeropuertos: ¿quién le ha convencido?

PalmaDurante el fin de semana se han realizado llamadas "al nivel más alto" para defender la proposición de ley de cogestión aeroportuaria de las Islas. Unas conversaciones que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, han conseguido que el gobierno español haya retirado el veto a que se debata la norma en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿quién ha levantado el teléfono? ¿Los soberanistas de MÉS o Francina Armengol? En esto hay versiones contradictorias.

Por un lado, MÉS per Mallorca, el partido impulsor de la ley, se ha atribuido el cambio de criterio del ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, que ha pasado de bloquear la iniciativa a permitir su tramitación. "Hemos demostrado el peso que tenemos en el estado español", ha defendido su único diputado, Vicenç Vidal. Según fuentes de los ecosoberanistas, la persona que ha acabado de convencer a Bolaños durante la reunión del Consejo de Ministros ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por petición expresa de Vidal.

Pero, en cambio, el PSIB asegura que es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien se ha plantado ante la Moncloa. "Dijo al gobierno español que tenía que levantar este veto, y el gobierno se comprometió ayer", aseguraban fuentes de su equipo. Esto ha enfurecido al coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que se ha quejado en X: "Que ahora quieran hacer creer que el gobierno español ha levantado el veto (...) por las presiones de un partido que criticó durísimamente la ley (...) es un insulto a la inteligencia".

El Ministerio decidió impedir el debate de la ley, entre otras cuestiones, por el impacto económico que prevé que tendría sobre Aena si se aprobase. En un informe, explicó el escenario que considera más probable: que, si pudieran decidir sobre sus aeropuertos, los partidos de las Islas optarían por limitar el número de vuelos y las tarifas de los billetes, en un contexto de protestas ciudadanas contra la masificación. Esto, calculó, provocaría una caída de los "ingresos aeronáuticos de Aena" deentre 32,5 y 32,9 millones de euros.

¿Y el PSIB? Cuando la norma se votó en el Parlamento –un paso previo para llegar al Congreso– se abstuvo. Además, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Marc Pons, se alineó este mismo lunes con la posición del gobierno español, y aseguró que la norma tenía defectos técnicos y jurídicos. También se mostró partidario de explorar otras fórmulas para la participación de los territorios en la gestión de los aeropuertos, como las que se están negociando en el País Vasco y Cataluña.

Pero menos de 24 horas después, fuentes del mismo partido han asegurado que Armengol ha defendido en Madrid que la norma se tenía que admitir a trámite sí o sí. Según el Artículo 134.6 de la Constitución, solo la Mesa del Congreso puede levantar un veto gubernamental a una ley. En este organismo hay cuatro representantes del PP, tres del PSOE y dos de Sumar. MÉS aseguró que los dos últimos votarían para dejar el veto sin efecto. Los socialistas justificaron la posición del gobierno de Pedro Sánchez. Pero por otro lado, las declaraciones de la presidenta Marga Prohens dejaban entrever que el PP podría llegar a hacer piña con Sumar y levantar el bloqueo. "El PP quiere que siga la tramitación", aseguró después de las jornadas parlamentarias del partido.

Finalmente, Armengol ha decidido retirar este punto del orden del día, y el gobierno español ha cedido y dado marcha atrás con el informe. Poco después, tanto los socialistas como los ecosoberanistas han vuelto a abrir las agendas, pero ahora para comunicar la decisión a los medios, con versiones ligeramente diferentes.