Catalina Cladera: “los 103 millones de euros vertidos a Tirme huelen a despilfarro”

PalmaEl PSIB-PSOE no piensa dejar pasar por alto el informe de la Intervención General del Consell de Mallorca, que hace una valoración muy desfavorable de la concesión de Tirme y concluye que tiene un impacto grave sobre los intereses de la Administración. La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, ha reclamado este martes «la paralización inmediata» del expediente de modificación de la tarifa, la suspensión de la aplicación de la tarifa de 2026 y la revisión de la modificación de crédito de 41 millones de euros aprobada por el pleno del Consell el mes de julio.

Los socialistas también exigen que la Sindicatura de Cuentas realice una auditoría independiente de la concesión y que la tarifa por el tratamiento de los residuos se revise a la baja. Hasta que el órgano fiscalizador no se pronuncie sobre el sistema tarifario, el PSIB pide que se congele la aportación extraordinaria de 41 millones aprobada a favor de la concesionaria.

“Los 103 millones de euros extra volcados por Galmés a Tirme durante este mandato suponen un escándalo y huelen a malversación de caudales públicos”, ha afirmado Cladera. Por ello, quiere que el Consell paralice “inmediatamente” el expediente del cambio de tarifa y se congelen los 41 millones de euros extra abonados a la concesionaria Tirme hasta que la Sindicatura de Cuentas se pronuncie sobre el sistema tarifario de la concesión. La portavoz socialista considera que el gobierno insular ha aceptado las propuestas tarifarias de la concesionaria sin negociar las cantidades ni plantear una revisión a la baja.

El informe de Intervención, alertan los socialistas, cuestiona tanto la estructura tarifaria de Tirme como la metodología empleada para calcular el precio del servicio. Entre otros aspectos, señala que se han aplicado incrementos del IPC sobre la amortización de infraestructuras construidas hace dos décadas y que se han utilizado estimaciones sobre las toneladas de residuos tratadas en lugar de datos reales. Esta metodología habría provocado que los incrementos de la tarifa se situasen por encima de la evolución real de los costes del servicio.

El documento también alerta de unos niveles de rentabilidad “desproporcionados para una empresa encargada de prestar un servicio público esencial” y pone el foco en el elevado reparto de dividendos.

Desde finales de 2023, el Consell ha movilizado más de 103 millones de euros mediante modificaciones de crédito destinadas a contener, bonificar o regularizar las tarifas de Tirme. De esta cantidad, 41 millones corresponden a la aportación aprobada en julio de 2024 para evitar un incremento de la tarifa y aplicar una reducción del 10 %.

Cladera ha calificado de «demoledor» el informe, que se incluye en el expediente que llegará al pleno del Consell de este jueves 10 de septiembre. Según la socialista, el documento evidencia que el coste de la concesión resulta muy desfavorable para la institución y obliga al presidente del Consell, Llorenç Galmés, a dar explicaciones sobre las aportaciones efectuadas durante el mandato.

El PSIB también acusa a Galmés de haber mantenido oculto el informe hasta que se ha visto obligado a hacerlo público y le atribuye una «responsabilidad enorme» sobre la gestión del dinero público.

MÉS per Mallorca también ha reclamado las últimas semanas una revisión inmediata de la concesión a la empresa TIRME y ha acusado al PP de convertir el Consell de Mallorca en su «cajero automático».