Vidas y derechos en juego en medio de una batalla política
La regularización extraordinaria de inmigrantes se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política entre el gobierno del Estado y diversos ejecutivos autonómicos de derechas, entre ellos el de las Baleares. El debate, legítimo en una democracia, es hoy una batalla de desgaste que corre el riesgo de deshumanizar una realidad que afecta a miles de personas. En las Islas, se calcula que más de 30.000 personas podrían acogerse a este proceso. No son cifras abstractas, son vidas que dependen, en gran medida, de poder salir de la irregularidad administrativa.
Tener papeles no es una cuestión menor. Tal como remarcan expertos y entidades sociales, supone un antes y un después: acceso a derechos básicos, estabilidad laboral, protección ante abusos y, también, asunción de deberes como cualquier otro ciudadano. Es la puerta de entrada a una vida digna. Por eso preocupa que la cuestión se utilice como arma política.
El Gobierno de Marga Prohens se ha opuesto a la regularización alegando un posible “efecto llamada”. Es un argumento recurrente, pero difícil de sostener, con evidencias concluyentes en un contexto global marcado por desigualdades profundas que son, en realidad, el principal motor de los flujos migratorios. Mientras tanto, decisiones políticas como la del Ayuntamiento de Palma de no reforzar los servicios de atención han tenido consecuencias tangibles, con colas interminables y más dificultades para personas que ya viven en situación de vulnerabilidad.
Hay, además, una contradicción que resulta difícil de ignorar. La economía balear hace años que se beneficia del trabajo de miles de personas en situación irregular. Son presentes en sectores esenciales: cuidados, construcción, limpieza y servicios. Se les tolera cuando sostienen el sistema, pero se les da la espalda cuando se trata de reconocerles los derechos. Esta hipocresía no solo es injusta, sino que perpetúa un modelo basado en la precariedad.
La regularización no es una solución mágica ni definitiva. Es, sin embargo, un paso necesario para ordenar una realidad existente y reducir las bolsas de explotación laboral y exclusión social. Por eso sorprende también la limitación temporal del proceso hasta el 30 de junio, que puede generar nuevas situaciones de inseguridad jurídica.
Entidades sociales, cívicas y religiosas han expresado su apoyo a la medida, conscientes de que el reto migratorio exige respuestas estructurales y no solo posicionamientos ideológicos. La irregularidad masiva no desaparecerá negándola. Tiene raíces profundas en un mundo desigual que continuará empujando a personas a buscar oportunidades allí donde sea posible. En este contexto, lo que hace falta es responsabilidad política y mirada larga. Convertir la regularización en un instrumento de confrontación puede dar réditos a corto plazo, pero tiene costes humanos elevados, unos costes que, demasiado a menudo, recaen sobre los más vulnerables.
