Comienza el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma

PalmaEl Ayuntamiento de Palma ha iniciado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma después de que un juzgado autorizara su ejecución por el elevado riesgo que, según diversos informes técnicos, representa el estado del inmueble para las personas que aún residen en él. El operativo, coordinado entre la Policía Local y la Policía Nacional, ha comenzado a las 12 horas y se prevé que se alargue durante toda la jornada.

La actuación llega casi cuatro meses después de que el Consistorio pusiera en marcha el procedimiento de recuperación posesoria del edificio, ocupado desde hace años y convertido en alojamiento precario para decenas de personas. Según los datos municipales, cuando se inició el proceso vivían allí 206 personas. Con el paso de los meses, y a raíz de las actuaciones de los servicios sociales, la cifra se ha reducido hasta unas 70 personas que aún ocupaban los antiguos módulos penitenciarios.

La decisión judicial se fundamenta en los informes elaborados por la Policía Local, los Bomberos de Palma y los servicios sanitarios, que alertaban de un "riesgo real, grave y actual" para la vida y la integridad física de los residentes. Entre los principales problemas detectados se encontraban el alto riesgo de incendio, las graves deficiencias de habitabilidad y las dificultades de evacuación en caso de emergencia.

Durante el operativo se han mantenido desplegados los servicios sociales municipales, que han continuado ofreciendo alternativas residenciales e itinerarios de inserción a las personas afectadas. También se ha dispuesto una ambulancia del 061 para atender cualquier incidencia que se pudiera producir durante el desalojo.

Según ha informado Cort, en coordinación con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), hasta ahora 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal o a programas sociales y laborales. Aun así, las entidades que trabajan con personas sin hogar han advertido en diferentes ocasiones de la falta de recursos residenciales estables para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad cronificada.

La antigua cárcel de Palma se había convertido en los últimos años en uno de los principales focos de exclusión residencial de la ciudad. Además de las condiciones de degradación del edificio, el Ayuntamiento había justificado la necesidad de recuperar su posesión por los problemas de convivencia denunciados por los vecinos de la zona y por la proximidad de un centro educativo.

Una vez completado el desalojo, la Policía Local mantendrá un dispositivo de vigilancia permanente en el entorno del recinto para evitar nuevas ocupaciones. Posteriormente, el Consistorio procederá a tapiar las instalaciones, mientras queda pendiente definir el futuro uso de un espacio que hace décadas que forma parte del paisaje urbano de Palma.

“El PP ha elegido el camino más cruel con las personas vulnerables”

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha criticado el desalojo de la antigua prisión y ha acusado al gobierno municipal del PP de optar “por el camino más cruel” al expulsar a personas vulnerables sin garantizar, según ha dicho, una alternativa habitacional digna. Truyol ha afirmado que “una ciudad decente no resuelve la pobreza escondiéndola detrás de un muro” y ha reprochado al ejecutivo local que no actúe con la misma contundencia ante la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios del alquiler. También ha sostenido que el desalojo “es el símbolo de una política que castiga la vulnerabilidad y premia la especulación”.