Tensión territorial
PalmaEl estallido violento a finales de la última y exitosa manifestación convocada con el objetivo de conseguir menos turismo, más vida, es un indicador más de toda una serie de políticas contradictorias implementadas, de manera simultánea, en nuestra Comunidad Autónoma. Cuando la CAIB se constituyó (1983) asumió, entre otras, competencias en urbanismo y ordenación del territorio, pero el Estado se reservó las cartas que podían condicionar, directa o indirectamente, los planes urbanísticos y territoriales: política económica, fiscalidad, justicia, policía y grandes infraestructuras interautonómicas, entre ellas la red de distribución energética y los puertos y aeropuertos de interés general. Desde entonces los objetivos de las políticas implantadas por ambas administraciones no han sido siempre coincidentes.
La primera ley que aprobó el Parlamento de las Islas Baleares fue la que permitía a nuestra cámara legislativa proteger áreas naturales amenazadas por nuevas urbanizaciones (la Ley 1/1984) y, dos semanas después, la aplicó al caso de El Trenc (la Ley 3/1984). Toda una serie de protecciones singulares siguieron a El Trenc que, como si fueran actuaciones de bomberos, iban apagando los fuegos urbanísticos cuando empezaban a flamear. El plan general contra los ‘incendios urbanísticos’ fue la Ley de Espacios Naturales (LEN) de 1991, que prohibía urbanizaciones nuevas en una tercera parte del Archipiélago, la que presentaba valores naturales más destacados.
Ocho años más tarde, en 1999, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) acababan de rematar la faena y ponían un tope a la posibilidad de expansión de la urbanización, al tiempo que prohibían urbanizaciones nuevas desconectadas de las existentes y a todo el litoral aún no urbanizado. Estas y otras medidas de carácter urbanístico y territorial han hecho que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sea la que más medidas de contención del crecimiento urbanístico ha aprobado. Pero fijaos que digo ‘medidas de contención del crecimiento urbanístico’, no medidas de ‘contención del crecimiento’.
El Estado, en paralelo y a menudo contradictoriamente con objetivos como los de la LEN y de las DOT, ha llevado a cabo decididas políticas a favor del crecimiento. Ha abierto de par en par las puertas a la inversión con políticas de carácter financiero e hipotecario que, finalmente, han gentrificado gran parte de las Islas Baleares. El resultado, entre otros, ha sido un fuerte encarecimiento de la vivienda y la consolidación del rentismo como forma más golosa y lucrativa de acumular ganancias. Para implementar esta política hacían falta incentivos y reclamos para inversores, turistas y visitantes y, por ello, los aeropuertos son las piezas clave. Así que, en 2001, se aprobaron los planes directores de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca que, al ejecutarse en diferentes ampliaciones, han ido alcanzando récords de actividad y pasajeros año tras año. Una política paralela a la de los puertos de interés general, especialmente a los de Palma, Mahón e Ibiza, que han ido ampliando continuamente la capacidad de movilizar mercancías, camiones, coches, pasajeros y, especialmente, cruceros. En cuanto al suministro energético el Estado nos ha conectado a las redes peninsulares mediante un gasoducto (2009) y un cable eléctrico (2012), con lo cual nuestras islas han dejado de serlo desde el punto de vista energético al integrarnos en las redes de suministro continentales, gracias a estas conexiones ya podemos consumir gas argelino y energía nuclear.
Las diferentes administraciones y gobiernos de la Comunidad Autónoma casi nunca han plantado cara a esta enloquecida escalada de infraestructuras, el crónico déficit fiscal ha servido de excusa perfecta para aceptar estas inversiones del Estado aunque agraven la tensión territorial del Archipiélago. La CAIB también ha colaborado en esta carrera hacia el colapso firmando convenios con el Estado para conseguir financiación para hacer desaladoras y autopistas o participando, por iniciativa propia, en toda feria náutica o turística que se hiciera (“¡Más madera, que es la guerra!”, diría Groucho Marx).
Es decir, el Estado, coordinado con los gobiernos autonómicos y insulares, ha controlado, favorecido y animado los flujos de entrada a la CAIB de personas, capitales y de la energía necesaria para el consumo de empresas, residentes y turistas. Por su parte, la Comunidad Autónoma ha ordenado, o intentado ordenar, la gran inundación que casi nunca ha cuestionado. Con estas políticas simultáneas y contradictorias la tensión territorial, efectivamente, está servida y, como dice la llamada a la última manifestación: “Mallorca, al límite”. La violencia de la manifestación del pasado 26 de julio, más allá de los tics franquistas de la policía, es la prueba más evidente de que ya hemos sobrecargado el territorio y hemos llegado al límite. Cuando la olla hierve y se mantiene la tapa bien cerrada, tarde o temprano, explota.
Los partidarios de la libertad empresarial, de la ‘libertad de los lobos’, dirán “pues hay que destapar la olla para que no explote”, traducido esto quiere decir derogar la LEN, las DOT y lo que haga falta, reescribir la historia de protección urbanística inaugurada en El Trenc. Pues no, aquí lo que hace falta es protegernos de las políticas clasistas, de la gentrificación y de los flujos inversores que nos invaden: limitar el turismo, limitar los precios de compra y de alquiler de las viviendas, no invertir más en ampliaciones de los aeropuertos y poner topes a su capacidad anual de movimientos, no dejar entrar más coches, limitar y condicionar las nuevas inversiones, gravar fiscalmente a los grandes tenedores, reducir y limitar el alquiler vacacional... Traducido: destensar el territorio y apostar por el decrecimiento sostenible y abandonar definitivamente el oxímoron del crecimiento sostenible; bajar el fuego de la olla para que cueza lentamente y todo el mundo pueda disfrutar del aroma de un buen guiso.
