Pisos para los residentes
Por mucho que el Gobierno de Prohens haya encontrado un filón político en el tema migratorio, no podrá obviar que la situación de la vivienda requiere más que anuncios grandilocuentes de construcción de pisos como sociales. Que no lo son. Antes de las elecciones veremos visitas a solares con cascos e incluso grúas si la tramitación se realiza para autopistas administrativas. Mientras, nos venderán cifras en bruto sin una política de vivienda realmente pública. Los anuncios confirman que las medidas sólo pretenden adaptarse al mercado y ni regularlo ni influir en él. El caso más flagrante es el programa del Alquiler Seguro con el que obligan a los ciudadanos a sufragar el sobrecoste que el propietario cobrará para que le resulte atractivo alquilar su casa. Me sorprende que sea legal (ético, por supuesto, no) que el Govern contribuya a la especulación generalizada. Ni con este reclamo parece estar funcionando, más que nada porque la demanda es tan alta –y la desesperación de la gente, tan grande– que quien tiene un piso no necesita enfangarse en trámites burocráticos cuando puede alquilarlo casi sin anunciarlo.
El debate que debería plantearse no es si necesitamos más inspectores para controlar el alquiler turístico, sino su prohibición con multas económicas ejemplares en caso de no cumplir la norma. La profecía que contribuiría a desarrollar una economía colaborativa y actuaría como un redistribuidor de riqueza, no se ha cumplido. Nadie pensó que la avaricia humana y el capitalismo más voraz está por encima de cualquier teoría equitativa.
La situación de emergencia residencial es tan preocupante que debe pensarse en el bien común, en la dignidad de quien no duerme pensando cómo pagará al propietario la nueva cifra que le ha impuesto después de cinco años de contrato; en quien no encuentra dónde vivir porque gana el sueldo mínimo interprofesional; en quien tiene hijos menores de edad y no logra convencer a nadie de que cumplirá con el pago.
Es imprescindible liberar todos estos pisos con los que se enriquecen los rentistas privilegiados para que puedan vivir los que sí habitan los pueblos y ciudades. Y regular el mercado con todos los mecanismos que permita la ley. O hacer más. El problema es demasiado grave para confiar su resolución al criterio de los rentistas. El peligro social, desde luego, no está en las pateras del PP.
