"Un nuevo ataque, ya no tan velado, a la educación pública y de calidad"
La sanidad y la educación públicas son los ejes vertebradores de una sociedad democrática y avanzada; sin ellas, el organismo social colapsa en la desigualdad y el privilegio. Todo el mundo entiende que la sanidad pública garantiza el derecho a la vida y a la salud de toda la ciudadanía, independientemente de su origen o de su cuenta bancaria. Nadie aceptaría que, mientras los hospitales públicos sufren listas de espera o falta de personal, el Gobierno utilizase los impuestos de todos para pagar indemnizaciones por despido de los médicos de las clínicas privadas o para financiar la ampliación de su patrimonio inmobiliario. Lo que parecería un escándalo en el ámbito sanitario es exactamente lo que propone el borrador del nuevo decreto de conciertos educativos del Gobierno de las Illes Balears.
Esta norma es un proyecto político que invierte la jerarquía establecida en la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB), la cual define la escuela pública como la “base del sistema educativo”. Bajo el amparo de la “libre elección”, nos encontramos ante un intento sin precedentes de trasvasar recursos de la red pública de todos hacia intereses privados de unos pocos.
El primer pilar de este ataque es el blindaje de los conciertos durante diez años. En un contexto de natalidad decreciente, esta medida ata de manos a la Administración durante una década entera. Mientras que la planificación en la red pública debe revisarse según las necesidades demográficas reales, el decreto otorga a la privada una estabilidad que bloquea cualquier intento de la Administración por priorizar la oferta pública, tal como exige la LOMLOE. Relacionado con esto, se propone la supervivencia artificial de unidades privadas con ratios bajas introduciendo mecanismos como la ‘unificación de niveles’ (agrupar alumnos de cursos diferentes en una sola unidad) para evitar el cierre de aulas en la privada. Se permite así mantener el concierto con calzador, detrayendo recursos que deberían servir para fortalecer el eje vertebrador del sistema.
Pero donde el borrador traspasa todas las líneas rojas de la ética pública es en la socialización de los riesgos laborales privados. El decreto prevé que la Administración financie con fondos públicos las indemnizaciones por despido del personal docente de la concertada en supuestos de reducción de unidades o dotaciones. Estaremos pagando con dinero de todos el riesgo empresarial que debería corresponder exclusivamente a las entidades titulares. Es una ‘caja de resistencia’ para las patronales, un cheque en blanco para despedir personal sin que le cueste un céntimo a la propiedad del centro, una medida que no encuentra amparo en el módulo de concierto definido por la normativa estatal.
Este trato de favor se hace especialmente perverso cuando analizamos el blindaje económico del Plan piloto de lenguas. El borrador incluye una disposición específica para financiar –a posteriori– las indemnizaciones del personal vinculado a este programa si este finaliza. Esto no es más que un intento de utilizar fondos públicos para apuntalar un proyecto que ataca directamente al catalán como lengua vertebradora de la enseñanza. Se ofrecen incentivos y seguridades económicas a centros que opten por fragmentar el modelo de conjunción lingüística, poniendo el talonario de la Consejería al servicio de la segregación lingüística y en contra del criterio que marca la LEIB, que reconoce la lengua catalana como la lengua vehicular de la enseñanza y un elemento esencial para el mantenimiento de la cohesión social y la transmisión de la identidad cultural e histórica de las Islas.
El ataque se extiende también a la etapa 0-3, la más delicada para garantizar la equidad temprana. En lugar de centrarse en la creación de plazas en centros públicos –objetivo prioritario de la LEIB–, el Gobierno consagra el concierto como la vía principal de universalización. Y lo hace, además, devaluando la calidad, abriendo la puerta a la financiación de personal sin la titulación habilitante completa, creando un sistema de primera y uno de segunda que atenta contra el derecho de los niños a una educación de excelencia.
Finalmente, el decreto permite que el lucro, prohibido por la LODE en actividades complementarias, entre por la puerta trasera: se prevé que los beneficios de servicios como el comedor o el transporte puedan reinvertirse en el mantenimiento y mejora del inmueble privado. Es decir, entre todos aumentaremos el valor de los activos de la propiedad privada con las cuotas de las familias y los fondos públicos.
Defender la escuela pública es defender la cohesión social. Este decreto no busca la equidad, sino el privilegio de unos pocos y el mantenimiento de una doble red donde la pública es condenada a la subsidiariedad. Si no queremos una educación mercantilizada, hay que rechazar este ataque que, cada vez, es menos velado y más peligroso. El derecho a la educación no se vende; se defiende.