La excepción menorquina
En un reciente programa de radio sobre el centenario de Josep Maria Llompart, una intelectual mallorquina, interpelada por el periodista sobre la política lingüística del actual Govern de las Islas Baleares, la calificó de curiosa, de extraña. En estos momentos, decía, se hacen o quieren hacerse leyes que van contra la lengua, pero, por otra parte, tenemos muchísimas actividades institucionales a favor de la lengua pagadas por el Gobierno. La misma entrevistada contraponía la situación actual a la del nefasto –el adjetivo le puso ella– gobierno de José Ramón Bauzá. En esto tiene razón, pero bien mirada la política lingüística de Prohens no es tan novedosa. De hecho, tiene muchas semejanzas con la de Jaume Matas: mantener una distancia higiénica con el gonellismo más tronado, promover actividades institucionales, algunas suficientemente relevantes, como el propio Any Llompart, subvencionar y tratar bien al sector cultural para que esté tranquilo y, mientras tanto, limitar cualquier posibilidad de un ejercicio real y efectivo de la igualdad entre el catalán y el castellano.
Creo que, de no ser por la presión coactiva de Vox, la política lingüística de Prohens sería aún más amable, sin llegar nunca a ser una verdadera política de normalización lingüística. Para serlo en serio debería perseguir los objetivos que marca el artículo 1 de la Ley de normalización lingüística de las Illes Balears: a) Hacer efectivo el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativo; b) Asegurar el conocimiento y uso progresivo del catalán como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza; c) Fomentar el uso de la lengua catalana en todos los medios de comunicación social; yd) Crear conciencia social sobre la importancia del conocimiento y el uso de la lengua catalana por todos los ciudadanos. No, los populares nunca pretenderían el cumplimiento real de estos objetivos, pero sin Vox seguramente darían más pececito de lo que dan ahora, y procurarían evitar conflictos y situaciones incómodas. Es, más o menos, lo que habían hecho siempre los populares, con la excepción de la era bauzánica, y con la excepción menorquina de ahora mismo.
Salvando todas las distancias, la actitud habitual de los populares isleños hacia la lengua recuerda a la de los promotores de las primeras iniciativas, a mediados del siglo XIX, de recuperación de nuestra lengua desde los decretos de Nueva Planta. Como explica Alfred Bosch en el libro ¡Abrir paso! La epopeya de quienes salvaron el catalán… a pesar de ellos mismos, los impulsores de los primeros Juegos Florales no tenían esperanza alguna, y por tanto ninguna intención, de convertir la lengua de los trovadores en un idioma moderno, plástico y útil, sino acompañarla amorosamente en su inevitable camino hacia la extinción, hasta que llegara el día de certificar su muerte y convertirla en una adorable pieza de museo.
Si la intelectual mallorquina a la que me he referido antes hubiera hablado de la política lingüística de los consejos insulares de Mallorca, Ibiza o Formentera, habría podido referirse a ella en unos términos parecidos a los que empleó para describir la política del Gobierno, porque, con diferencias de grado, la orientación es la misma. En cambio, no pudo decirlo del Consejo Insular de Menorca, que hoy es la excepción. Es la única institución de autogobierno de las Islas Baleares que practica una política lingüicida emparentada con la animosidad de Bauzá o con la virulencia de sus colegas valencianos. Menorca, la isla envidiada porque, como recogen las sucesivas encuestas sociolingüísticas, ha logrado mantener un mayor uso social del catalán, mantiene una competencia lingüística más elevada y ha preservado un mayor consenso social a favor de la normalización lingüística, hoy sufre una acometida contra la lengua que no le viene de fuera –esta vez no tienen la culpa los mallorquines– social del catalán promover el secesionismo más chapucero e imponer el uso del castellano.
En Bauzá, la obsesión enfermiza con la lengua y la incapacidad para enderezar el rumbo cuando era evidente que se iba hacia las peñas le hundieron. Prohens ha aprendido la lección, por lo que en materia de lengua procura navegar entre dos aguas, aunque su contexto es mucho más difícil que el de Bauzá, porque no gobierna con mayoría absoluta sino con la presión grosera y arrogante de la extrema derecha. Lo que hace de Menorca una excepción es que aquí no hace falta esa presión para que el gobierno insular abandere la ofensiva contra nuestra lengua. La consejera ultra que estalona el gobierno del Consell ni siquiera es de Vox, sino una tránsfuga, y es solo la excusa, el pretexto fácil para justificar la manía catalanofóbica del consejero de Cultura, con la cooperación necesaria del presidente. Todo el mundo sabe que la modificación del Reglamento de usos lingüísticos del Consell es iniciativa del consejero de Cultura, aunque lo expliquen como una concesión a la tránsfuga para poder aprobar los presupuestos del próximo año. Su arrogancia es atrevida, porque no rompe, como pretenden, con la política lingüística del gobierno anterior, sino con un consenso de cuarenta años que hasta ahora todos los gobiernos insulares habían respetado. Quizás no han medido las consecuencias de tanta temeridad.
