17/11/2025
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Hace unos días, el Ayuntamiento de Inca presentó los resultados de un estudio que he tenido el honor de coordinar desde la fundación Intercoopera, con el objetivo de medir el peso de la economía social en el conjunto de la actividad económica y laboral de la capital del Raiguer. También de visibilizar que además de cuidar el entorno y de las personas, las iniciativas de la economía social contribuyen de forma importante a la economía local, aunque lo hagan de forma discreta, callada, pero comprometida con la comunidad en la que trabajan.

Una de las carencias que tiene este sector, que no cuenta con un código específico de actividad económica (CNAE), porque puede operar desde muchos sectores económicos distintos, es que no disponemos de datos reales y efectivos sobre su peso en la sociedad isleña. Por eso, la investigación que hemos desarrollado en Inca, como proyecto piloto, nos da pistas no sólo sobre lo que deberían hacer las administraciones en materia de información estadística y disponibilidad de datos para conocer lo que realmente hay. También nos indica que lo que hay es mucho más que lo que podíamos imaginar, aunque no exista un gran plan, una política pública, para impulsarlo. De hecho, en el ámbito autonómico, tanto el primer Plan director de la economía social aprobado en 2018, como el actual, no parece ser una prioridad ni del gobierno anterior ni del actual, sobre todo si nos fijamos en su dotación económica y en los recursos administrativos disponibles, del todo insuficientes para poder impulsar el sector de forma efectiva, como sí han hecho otros territorios.

Si bien hace tiempo que casi todo el mundo, independientemente de ideologías, reconoce que quizás el peso del turismo llega a ser excesivo, y que habría que diversificar la economía, pocas cosas se hacen para hacerlo posible. Y a veces, no somos capaces de ver lo que tenemos ante la cara, entre otras cosas porque no disponemos de los datos para hacerlo, o porque a menudo los economistas más ortodoxos desprecian lo que representa la economía social, quizás porque ésta no persigue la máxima rentabilidad, sino el interés social y colectivo.

Los datos de Inca son claros al respecto: por no ser un municipio turístico, y haber sufrido no sólo una crisis industrial importante en los años 80 y 90 que acabó con la mayor parte de fábricas de zapatos, sino también crisis posteriores que afectaron a sectores 'refugio' como la construcción, los datos macroeconómicos. Pero, sobre todo, las cifras de la hasta ahora invisibilizada economía social son espectaculares: 32 entidades de todo tipo (cooperativas agroalimentarias y de trabajo, SAT, entidades sin ánimo de lucro diversas y de finanzas éticas) sobre un total de 1.003 empresas supusieron el 12,37% de la riqueza 2009 de euros. Una característica del ecosistema local de la economía social en Inca es el peso específico de la economía de los cuidados, es decir, de aquellas entidades que cuidan a las personas y colectivos vulnerabilizados, para garantizar la reproducción de la vida.

En términos laborales, hablamos de 1.170 trabajadores y trabajadoras en activo en 2025, cerca de un 14% de las personas asalariadas en el municipio, más que el propio sector de la construcción, la actividad inmobiliaria, y cinco veces más el que resta de industria del calzado y la piel. Las ratios de colocación, pese a la diversidad de la economía social a nivel local, superan los 36 puestos de trabajo por entidad, superiores a los del resto de actividades económicas.

Sólo hacía falta poner manos a la obra para disponer de esta fotografía que nos sirve para tratar de responder, al menos parcialmente, a la pregunta-reto que nos planteaba hace unos días el GOB, a raíz del informe Impactos sobre el trabajo de la transición ecosocial en las Islas Baleares presentado en el Parlament: ¿de qué viviríamos si no viviéramos del turismo?

Inca es la demostración de que desde lógicas tanto empresariales como sociales que no persigan la maximización de beneficios por encima de todo, y que, por el contrario, partan de las necesidades de la gente y del territorio, se puede desplegar una actividad económica intensa, así como altamente generadora de empleo. Porque la transición ecosocial tampoco podrá venir del emprendimiento individual e individualista, sino de lógicas más colectivas y comunitarias que generen un volumen suficiente de puestos de trabajo para transitar de forma justa de una economía de monocultivo turístico hacia otra con mayor equilibrio entre sectores.

Y aquí es desde donde las administraciones, además de una parte del tejido empresarial también ahogado por las contradicciones que genera la dinámica económica actual, tienen la oportunidad de aprender de las experiencias de la economía social. Cuidar por diversificar, esta es la cuestión.

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