El Gobierno descarta dar alternativas a los 40.000 afectados por la caída de la prórroga de los alquileres

PalmaCada vez que finaliza un contrato de alquiler y debe renovarse, los inquilinos se enfrentan a una posible subida del precio. En las Islas Baleares, debido al contexto de incremento constante de la demanda, esta subida puede ser significativa. Después de la caída del real decreto ley que establecía una prórroga automática de los contratos que finalizan en 2026 y 2027, hasta 40.000 inquilinos de las Islas (según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo) pueden verse de nuevo abocados a esta situación. Con todo, el Gobierno balear no tomará ninguna medida alternativa para compensar a estos residentes.

"La responsabilidad de la política de vivienda es de las administraciones públicas, no de los propietarios", ha defendido el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Antoni Costa. Esta norma, de hecho, decayó esta semana al no conseguir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados: el PP, Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra. "No debemos cargar sobre la espalda de los propietarios la política en materia de vivienda", ha dicho. Con todo, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de estos propietarios para que, si así lo desean, se abstengan de pedir más dinero por los alquileres. "¿Cuál sería el deseo? Que no hubiera un tsunami de incrementos de precio", ha expuesto. Así, Costa ha recordado que el PP ha presentado una enmienda a la ley de proyectos estratégicos –que ahora se tramita en el Parlament– para dar incentivos fiscales a los pequeños propietarios para que no suban el precio, y ha pedido a los otros partidos que le den apoyo.

Costa ha recordado las diferencias entre el PSOE y Sumar para aprobar esta prórroga en el mes de marzo (los ministros de Sumar llegaron a plantar al resto del gobierno). Así, ha insistido en que solo se ha aprobado una prórroga similar en un contexto de pandemia, una situación "excepcional" y de "crisis". Así, el vicepresidente primero ha negado que la situación actual de tensión de mercado en las Illes tenga las mismas características. "No es una crisis, es una problemática estructural", ha sentenciado. Así, se ha posicionado en contra de cualquier intervención del mercado.