El Gobierno admite las 101 "erratas" de su informe por no limitar el precio del alquiler: "No alteran las conclusiones"

PalmaEl consejero de Vivienda, José Luis Mateo, admitió este viernes que el informe encargado por el Govern que concluye que no es recomendable limitar los precios de los alquileres en las Islas Baleares contenía numerosos errores de cálculo. El departamento invirtió 15.519,46 euros en este estudio, de la Fundación de la Universidad Rovira i Virgili (URV), en el que los porcentajes estaban mal realizados en 13 de las 25 tablas aportadas. Después de que el ARA Baleares lo hiciera público, Mateo ha dicho que se trataba de una "errata en la transcripción de algunos de los valores porcentuales que fue detectada por los propios emisores del informe" y ya está enmendada. Este diario ha contabilizado hasta 101 errores de cálculo en el documento.

Según Mateo, los "valores han sido ya solucionados". Además, el conseller ha defendido que "de ninguna forma estos errores alteran las conclusiones del informe", tituladoInforme sobre la conveniencia de introducir un sistema de control de renta de los alquileres residenciales en las Islas Baleares. "Me gustaría que quedara claro que no sólo aporta datos que tienen que ver con nuestras islas, sino que, además, ya con los datos fiables, queda claro que esta solución no ha dado buenos resultados en Catalunya", ha explicado el conseller. A pesar de los errores –varios expertos consultados por el ARA Baleares también han cuestionado su metodología–, Mateo ha dicho estar "satisfecho" con el estudio. "Ellos mismos nos han avisado y lo hemos solucionado, y el resultado final es lo que es", ha dicho. De todas formas, ha reivindicado que la oposición del Govern a limitar los precios de los alquileres no se basa "sólo en este informe". "Era necesario también tener un informe de una entidad solvente que nos aportara luz, pero aporta más de doscientos informes que también hablan de estos efectos perniciosos [de limitar los precios]", ha remarcado.

El documento, de 51 páginas, concluye que los controles de renta reducen "la disponibilidad de viviendas para alquilar", intensifican "la competencia por las unidades no sometidas a una regulación tan estricta" y generan "distorsiones distributivas que afectan de forma desigual a hogares con distintos niveles de renta". Se ampara en la "literatura internacional y nacional" y destaca, además, que cuando se endurece la normativa "parte de la oferta migra hacia modalidades menos reguladas". Basándose en cifras de Catalunya, donde sí se aplica la ley estatal, asegura que "cualquier intervención que restrinja la libertad de precios sin acompañarse de medidas expansivas de la oferta corre el riesgo de agravar los problemas existentes".