Cort mantiene sin calendario el futuro urbanístico de Palma

PalmaEl Plan de Ordenación Detallada (POD) de Palma continúa sin calendario dos años después de que los técnicos municipales asumieran su redacción. Se trata de un instrumento fundamental para poder interpretar y aplicar el Plan General de Palma aprobado por el Pacto poco antes de perder las elecciones. Cort asegura que el documento entregado por Territorios y Ciudad “no reunía las condiciones necesarias para su aprobación”, pero no concreta qué deficiencias tenía, qué trabajos se han hecho desde abril de 2024 ni qué falta por completar.

La empresa defiende que entregó el POD, que lo facilitó en formato editable a petición del Ayuntamiento y que se ofreció a resolver cualquier duda, pero que no recibió ningún retorno ni ningún requerimiento específico de enmiendas.

La respuesta municipal llega 15 días después de que ARA Balears pidiera información sobre el estado del planeamiento y el litigio con la empresa redactora. Cort confirma que los servicios técnicos municipales de planeamiento revisan y adaptan el documento “a las necesidades de Palma y a la normativa vigente”, pero no explica en qué fase se encuentra, qué grado de ejecución tiene ni cuándo podría empezar la tramitación.

El Ayuntamiento se limita a señalar que el calendario solo se podrá concretar “una vez finalizada” la revisión, sin indicar cuándo prevé acabarla. Tampoco detalla qué partes del documento entregado por la empresa se han aprovechado, cuáles se han tenido que rehacer ni qué recursos municipales se han destinado a estos trabajos.

El POD debe desarrollar las determinaciones del Plan General y concretar, entre otras cuestiones, la ordenación de los barrios, los usos del suelo, los equipamientos, los espacios libres y las condiciones de edificación. La falta de este documento genera disfunciones en la aplicación del planeamiento y condiciona el desarrollo urbanístico de Palma.

Dos versiones sobre el documento

La explicación ofrecida ahora por Cort es la misma con la que justificó la rescisión del contrato en abril de 2024. El concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, calificó entonces la documentación de “deficiente, incompleta” y aseguró que “en ningún caso” podía servir como borrador para someterlo a exposición pública. Cort continúa sin identificar cuáles eran los errores del POD ni si los comunicó formalmente a la adjudicataria para que pudiera corregirlos. Tampoco explica con qué documentación técnica sostiene que el trabajo no estaba acabado.

Territorios y Ciudad aseguró en 2024 que había entregado la primera versión en julio de 2023 y otra en diciembre de ese año. Según su director jurídico, Sebastián Olmedo, la primera todavía no era un documento acabado y así se había advertido al Ayuntamiento. La versión que la empresa consideraba definitiva fue la presentada a final de año y remitida posteriormente en formato editable y en un disco duro, junto con el Plan General refundido. “Desde entonces, nos hemos ofrecido reiteradamente para resolver dudas y no hemos obtenido respuesta ni ningún requerimiento específico”, afirmó Olmedo. La empresa también denunciaba que Cort había eliminado las reuniones de coordinación y que no había hecho ninguna devolución sobre el trabajo presentado.

La respuesta actual no resuelve esta contradicción. El Ayuntamiento reitera que el documento no cumplía las condiciones necesarias para aprobarlo, pero no aclara si requirió formalmente que fuera enmendado ni por qué los técnicos municipales llevan dos años revisándolo sin disponer todavía de un calendario.

Cort niega que haya trabajo pendiente de pago

El Ayuntamiento sí concreta su posición sobre la liquidación del contrato. Asegura que las fases previa, I y II fueron completadas y abonadas. En cambio, considera que la fase III no se terminó porque el documento entregado no cumplía las condiciones exigidas y sostiene que la fase IV no llegó a iniciarse. “No existe ninguna cantidad reconocida como trabajo hecho y pendiente de pago”, afirma Cort.

La posición municipal choca con la de Territorios y Ciudad, que ha llevado a los tribunales la rescisión del contrato y reclama una cantidad que, sumados los diferentes conceptos, ronda los 350.000 euros. En la documentación del procedimiento figura una reclamación de unos 270.000 euros, pero Cort no ha aclarado a qué trabajos o conceptos corresponde esta suma según la demanda.

El Ayuntamiento tampoco explica con qué documentación sostiene que la fase III no se completó. La empresa, por el contrario, defiende que había ejecutado trabajos que no fueron liquidados tras la rescisión.

Preguntas sin contestar sobre el juicio

La respuesta municipal no aborda los principales argumentos jurídicos que Cort defiende en la contestación a la demanda. Tampoco detalla los conceptos incluidos en la cantidad reclamada por Territorios y Ciudad ni las posibles consecuencias de una sentencia favorable a la empresa.

Entre las cuestiones planteadas por el ARA Balears, se preguntaba si, en caso de que hubiera una resolución adversa, se podría obligar al Ayuntamiento a pagar los trabajos ejecutados, asumir una indemnización o afrontar otros efectos sobre el contrato rescindido. Estas preguntas continúan sin respuesta.

La reclamación judicial no afecta únicamente una disputa económica entre la Administración y una empresa. El procedimiento también proyecta incertidumbre sobre un documento esencial para desplegar el nuevo planeamiento de Palma y sobre el coste final que el conflicto podría tener para el erario municipal.

Cort tampoco ha explicado cómo ha afectado la dimisión del gerente de Urbanismo (a finales de 2025) la elaboración del POD. Igualmente tampoco especifica si su salida ha alterado la organización de las tareas, ha causado retrasos o ha obligado a redistribuir responsabilidades entre los técnicos municipales.

En definitiva, 15 días después de recibir las preguntas del ARA Balears, Cort ha confirmado que los técnicos municipales continúan revisando el documento y no reconoce ningún trabajo pendiente de pago. Mantiene sin aclarar, sin embargo, qué se ha avanzado durante estos dos años, qué deficiencias concretas tenía la propuesta de la empresa, si le requirió formalmente que las corrigiera, qué riesgo económico comporta el juicio y cuándo podrá comenzar la tramitación del POD.