El Consell de Menorca enfrenta el catalán y el menorquín

MahónJoan Pons Torres, el consejero gonella de Cultura, Educación, Juventud y Deporte en el Consell de Menorca del PP que fuera de la política promovía las modalidades insulares del catalán contra el estándar, ahora impulsa desde el Consell de Menorca que el menorquín y el artículo salado sean declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial de Menorca (BICIM). Asegura que “los jóvenes ya están demasiado influenciados por el catalán central”, que “dicen yo 'soc' y no, yo 'som'” y que se debe hacer caso al estatuto, que defiende la necesidad de "fomentar nuestras variedades lingüísticas". "El menorquín nos une e identifica y no lo podemos perder", añade.

Para vestirlo, ha contratado a la funcionaria y exconcejala del PP que hacía de profesora de los cursos de menorquín que Pons Torres impulsó como director de Sa Fundació, Sili Pons Sabater, y ha desvinculado la iniciativa del Servicio de Asesoramiento Lingüístico (SAL) del Consell para evitar el informe contrario que, seguramente, habría detenido la propuesta a nivel interno.

Tampoco ha consultado el Institut Menorquí d’Estudis (IME), la institución académica de referencia adscrita a su consellería y, como no ha encontrado ningún filólogo que quisiera meterse, ha encargado la elaboración del informe y de las fichas anexas a Sili Pons, de la cual se desconoce si tiene estudios homologables para redactar estos documentos. Més per Menorca duda, de hecho, que pueda acreditar la solvencia técnica y ya ha interpelado al gobierno insular al respecto.

El caso, sin embargo, es que la exconcejala ha entregado los informes que le encargó la Conselleria, ha presentado una factura de 8.125 euros y ha conseguido que el técnico del servicio de Patrimonio Histórico de la institución haya dado luz verde a la iniciativa. Ya solo falta que también lo crean así las comisiones de Patrimonio Inmaterial de Menorca y las Baleares y el mismo IME para que la propuesta se pueda llevar a pleno y sea aprobada con el apoyo del PP y la consejera expulsada de Vox.

Unidad de la lengua

Pero la desconfianza en el seno del Institut Menorquí d’Estudis es tan grande, que miembros fundadores como el mismo economista Guillem López Casasnovas han empujado al presidente del Consell Científic, el jurista Josep Maria Quintana, a salir públicamente a poner en tela de juicio la propuesta del conseller.

Quintana ha escrito una carta pública en la que ha advertido al Consell que solo entrará a valorar la iniciativa si no perjudica la unidad de la lengua. “Proteger el menorquín, sí; convertir su protección en una herramienta para separarlo del catalán, no”, concluye. A su parecer, “esta es la línea que nunca debemos cruzar". "No se debe caer en la falsa disyuntiva de tener que escoger entre defender el menorquín o el catalán. El ordenamiento jurídico nos obliga, precisamente, a hacer compatibles ambas cosas. Podemos conservar palabras y expresiones menorquinas que corren el riesgo de desaparecer, pero no construir una individualidad lingüística menorquina separada del conjunto de la lengua catalana”.

Josep Maria Quintana quiere conocer primero el alcance del expediente para determinar “si nos encontramos ante una legítima actuación de conservación del patrimonio lingüístico de Menorca o de una iniciativa que, bajo la voluntad de protegerlo, puede acabar cuestionando la unidad de la lengua de la cual forma parte”.

Pérdida de la modalidad insular

El precedente del nuevo reglamento de usos lingüísticos del Consell que el mismo Pons Torres impulsó el año pasado para introducir el castellano en la institución y priorizar el menorquín no invita al optimismo. Ya entonces Quintana tuvo que enviar una carta de queja al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, que parece no haber tenido efecto. El gobierno insular no ha seguido adelante con el reglamento, bloqueado por las 158 alegaciones presentadas en contra por la UIB, entidades, partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y particulares, pero tampoco ha cambiado su parecer sobre la lengua.

Lo deja claro el doble informe que Sili Pons ha hecho sobre el menorquín y el artículo salado, que apunta el estándar y la “homogeneización” creciente del catalán como uno de los responsables de la pérdida progresiva de la modalidad insular. “Favorece la minorización de las formas dialectales propias y la progresiva pérdida del léxico tradicional. Cada vez se tiende a hablar un catalán más uniforme, las formas del menorquín se emplean menos y se van perdiendo palabras”, comenta. El menorquín “tiene poca presencia en internet y en las redes sociales, y está infrarrepresentado en el material didáctico de las escuelas”.

Més per Menorca, sin embargo, discrepa y, a través de su coordinador, Esteve Barceló, deja claro que “el menorquín no está en peligro por el catalán estándar sino por otras lenguas que se imponen en nuestro territorio”. Barceló cuestiona también que se quiera proteger el artículo salado “cuando no es exclusivo del menorquín” y denuncia los intentos del gobierno insular y de su conseller de “dividir la lengua”.

El último ejemplo es el nuevo reglamento de carrera profesional que se ha negociado con los sindicatos y que supondrá un desembolso anual de 3,7 millones de euros para compensar a los más de 600 funcionarios del Consell con un complemento máximo de 12.000 euros por cabeza que hasta ahora no tenían reconocido. El acuerdo laboral ha sido aprobado sin votos en contra, pero Més hay otra una grieta lingüística en la letra pequeña.

Moratoria indefinida

Una disposición transitoria exime al personal público de la institución de tener que acreditar el nivel de catalán mientras no se apruebe la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aún no se ha empezado ni siquiera a negociar. Los menorquinistas y otras entidades como Plataforma per la Llengua y Fem-ho en Català ven en ello una moratoria indefinida que también ha motivado el rechazo de la UIB. Un dictamen de la comisión técnica de Asesoramiento Lingüístico de la UIB concluye que “la carrera profesional no puede financiar ni premiar la falta de capacitación de empleados públicos que no puedan dar cumplimiento al derecho de los ciudadanos de ser atendidos en la lengua oficial y propia de las Baleares”.

El informe, que firma la presidenta Maria Isabel Ripoll, considera que la disposición “vulnera el marco estatutario, la Ley de normalización lingüística, la jurisprudencia consolidada del TSJIB y los tratados internacionales”. Motivos más que suficientes para eliminar la moratoria y la exención permanente que se pretende para el personal que ingresó a la administración insular antes de que se exigiera el requisito del catalán. “Las circunstancias personales o de origen de un trabajador no justifican una dispensa indefinida del requisito lingüístico”, remarca y solo admite que, como mucho, se les dé un año para sacarse el título. “Pasado este plazo, la exigencia ya debe ser inmediata e indispensable”, destaca.

Eliminación de los dominios '.cat'

Está claro que, además, el consejero de Cultura ha hecho eliminar todos los dominios .cat de las páginas web de la institución con el argumento de que suponían “duplicar costes”, cuando el precio de mantenimiento anual de cada uno no pasa de 24 euros. De hecho, es lo que paga Fem-ho en Català, que ha conseguido rescatar 14. El IME llegó tarde y el portal ime.cat se ha convertido ahora en una página de fútbol. Solo el Observatorio Socioambiental ha conseguido mantener, hasta ahora, su .cat.

El PSOE ve clara la solución. Pide al Consell que se deje guiar por el consenso y los criterios científicos y no emplee más la lengua como “un arma de confrontación política”. Dice que lo que más se necesita no es proteger el menorquín, sino “hacer frente a la creciente reducción del uso social del catalán, y de lo que se habla en Menorca”. Eso sí que, entiende, merece el apoyo institucional.