"Privatización descarada y a marchas forzadas": el nuevo decreto de conciertos enciende a la comunidad educativa

PalmaEl nuevo decreto de conciertos educativos del Gobierno ha levantado un amplio frente de rechazo entre los principales actores de la izquierda educativa y política de las Baleares. La Assemblea de Docents, el STEI y Alternativa Docent coinciden en denunciar que el nuevo marco normativo consolida y amplía el peso de la escuela concertada mientras la enseñanza pública continúa arrastrando carencias de recursos y de planificación. A esta crítica se han sumado también MÉS per Mallorca y el PSIB, que acusan al Ejecutivo de Marga Prohens de estar "invirtiendo" el modelo educativo.

Una de las principales objeciones compartidas es la duración de los conciertos, que pasa de seis a diez años. Para el STEI, la ampliación limita la capacidad de la Administración para adaptar la red educativa a la evolución de la demanda. El sindicato había defendido que los conciertos solo se concedieran cuando la oferta pública no pudiera cubrir las necesidades y que tuvieran una duración máxima de seis años. Estas enmiendas, sin embargo, no han sido incorporadas al decreto publicado en el BOIB el 4 de agosto.

La Assemblea de Docents considera que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de debilitamiento de la escuela pública. El colectivo sostiene que el decreto "no es una simple modificación normativa", sino "un nuevo paso" para reforzar la red concertada mientras la pública sufre "falta de recursos, de inversiones y de planificación".

En la misma línea, Alternativa Docent califica el nuevo decreto de "proyecto político" que, a su parecer, altera la jerarquía establecida por la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB), que sitúa la escuela pública como "la base del sistema educativo". El colectivo denuncia que, bajo el argumento de la "libre elección", el Gobierno estaría construyendo un marco que blinda la concertada en detrimento de la pública.

Dinero público para despidos

Otro de los puntos que concentra las críticas es la posibilidad de que fondos públicos sirvan para asumir indemnizaciones del personal de centros concertados en determinados supuestos. Es una de las medidas que más frontalmente rechazan tanto el STEI como Alternativa y la Assemblea.

El sindicato considera "inadmisible" que la Administración asuma las indemnizaciones derivadas de la finalización del Plan de segregación lingüística, ya que, según defiende, deberían corresponder a los titulares de los centros. Alternativa habla directamente de "socialización de los riesgos empresariales": el titular del centro sería quien despidiera, pero la Administración asumiría el coste. El colectivo también critica que la concertada pueda beneficiarse de recursos públicos para inversiones en edificios privados y denuncia que esta red dispondría de una estabilidad que no tiene la pública.

La crítica de los docentes se centra precisamente en este contraste. La Asamblea recuerda que la red pública debe adaptarse cada curso a las necesidades de matrícula, mientras que el nuevo sistema, según denuncia, ofrece a la concertada un horizonte de diez años. "Rigidez y sacrificio para la pública, estabilidad garantizada para la concertada", resume Alternativa.

El centro del conflicto

La discusión de fondo, sin embargo, va más allá de la duración de los conciertos. Los colectivos críticos cuestionan cuál debe ser el papel de la red concertada dentro del sistema educativo. Alternativa denuncia que el decreto permite autorizar nuevas unidades concertadas ante un aumento de la demanda y recuerda que el conseller de Educación, Antoni Vera, ha defendido en el Parlament que el Govern no añadirá plazas públicas allí donde ya haya concertadas. Para el colectivo, esto supone priorizar la concertada en lugar de ampliar la red pública según las necesidades demográficas.

L’Assemblea de Docents comparte esta lectura y considera que el nuevo decreto "consolida un modelo educativo que desplaza progresivamente la pública del centro del sistema" y convierte la concertada en la principal beneficiaria de las políticas educativas del Govern. El colectivo reclama que se retire la tramitación y que los recursos se destinen prioritariamente a reforzar los centros públicos.

Las críticas también ponen el foco en el procedimiento que se ha seguido para aprobar el decreto. El STEI recuerda que el informe de la Conselleria de Educación sobre el nuevo decreto fue rechazado en el Consejo Escolar de las Illes Balears (CEIB) y que el informe alternativo, que incorporaba enmiendas del sindicato y de otras entidades, obtuvo la mayoría del pleno, con 22 votos a favor, 9 en contra y una abstención. El sindicato lamenta que las aportaciones del máximo órgano consultivo en materia educativa no hayan sido incorporadas al texto aprobado y lo considera un "desprecio" a este organismo.

MÉS y PSIB

A la contestación del mundo educativo se añade la política. MÉS per Mallorca y el PSIB han acusado al Govern de priorizar la escuela concertada por delante de la pública y de estar impulsando un cambio de modelo educativo. Los dos partidos coinciden así con el diagnóstico de los sindicatos y las entidades docentes, aunque el planteamiento político pone el acento en la responsabilidad del Govern y en el modelo educativo que se desprende de sus decisiones. Su crítica se suma a un malestar que, en esta ocasión, no queda restringido a un único sector.

Para Alternativa, el decreto se enmarca, además, en una política más amplia de la Conselleria, que vincula con la ampliación de los conciertos del primer ciclo de Infantil, la concertación de FP y los cambios en la estructura de la misma Conselleria, con la creación de la Dirección General de Centros Concertados. El sindicato considera que todas estas decisiones apuntan hacia una misma dirección: un reforzamiento progresivo de la red privada concertada.

El conflicto, por tanto, no se limita a los diez años de vigencia de los conciertos. Lo que hay en juego es cuál de los dos modelos, público o concertado, debe tener la prioridad en la planificación educativa. Mientras el Govern defiende el nuevo marco como una actualización de la regulación de los conciertos, los críticos ven en él un cambio de modelo que favorece la red concertada con recursos públicos. Alternativa reclama la retirada del decreto, una negociación real con los sindicados y la comunidad educativa y una planificación basada en los datos demográficos y orientada a reforzar la red pública. La Assemblea de Docents también exige parar la tramitación. El STEI, por su parte, mantiene la defensa de un modelo educativo público y en catalán y el uso "riguroso" de los recursos de todos.