Miquel Roldán se reincorporará este martes a una escuela de Palma
El paso del docente condenado por acoso a menores por la escuela de Son Sardina estuvo marcado por la tensión, y las familias convocaron 11 días de huelga en señal de protesta
PalmaEl docente condenado por acoso a menores Miquel Roldán se reincorporará este martes 21 de abril al CEIP Son Pisà de Palma para cubrir una baja temporal hasta el 28 de abril, según ha podido saber el ARA Balears en primicia. Se trata de una vuelta especialmente sensible, porque llega sin que finalmente se haya aplicado ninguna evaluación médica, aunque había sido autorizada inicialmente por la Conselleria d’Educació y los sindicatos en el marco de la mesa paritaria. Aquella medida preventiva se planteó a raíz del conflicto surgido durante su paso por el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, pero Roldán se cogió una baja médica en el momento en que se debía ejecutar el estudio, hecho que lo dejó en suspenso. Meses más tarde, la Conselleria acabó retirando la propuesta y el docente volverá ahora a ejercer sin haber pasado ninguna prueba específica. Su retorno reabre el debate surgido a principios de curso en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, donde su incorporación desencadenó un episodio de protesta sostenida que incluyó una huelga de familias de 11 días sin llevar a los niños a la escuela a principios de curso.
El caso de Roldán tiene su origen en una condena de un año de prisión por un delito de acoso a un exalumno menor de edad, que la Audiencia confirmó. A pesar de la condena, el tribunal no decretó su inhabilitación para ejercer la docencia, ya que entendió que los hechos no estaban directamente vinculados a su actividad profesional. Esta decisión judicial abrió un debate sobre los límites legales y éticos de permitir que personas condenadas por delitos relacionados con menores continúen trabajando en centros educativos, que aún se mantiene.
El conflicto estalló con fuerza al inicio del curso escolar, cuando se hizo pública su destinación al CEIP de Son Sardina. Las familias denunciaron que en cursos anteriores el docente había protagonizado hechos “muy desagradables” tanto dentro como fuera de las instalaciones del centro escolar, de los cuales tiene constancia Inspección Educativa y la Conselleria. “Las familias de los menores implicados, en su momento, decidieron proteger a los niños y desistieron de acudir a la vía judicial para evitar que tuvieran que someterse al proceso judicial”. “La insistencia del docente de volver al CEIP Maria Antònia Salvà es interpretada por las familias como una provocación clara, que se ve confirmada por las publicaciones aparecidas en las redes sociales, y que causa una gran preocupación a todos los implicados”, defendió la AFA.
La reacción fue inmediata. Con su regreso, las familias del centro expresaron indignación y preocupación por su presencia en las aulas. La tensión fue creciendo hasta desembocar en asambleas, comunicados y movilizaciones dentro de la comunidad educativa. El punto más intenso del conflicto llegó cuando las familias iniciaron una huelga y dejaron de llevar a sus hijos a la escuela durante los 11 primeros días de curso, una medida de protesta que alteró gravemente el funcionamiento del centro y situó el caso en el centro de la agenda mediática y política. Durante todo este período, los docentes acudieron a un centro sin alumnos, que solo volvieron cuando Roldán se cogió la baja, la cual se ha prolongado hasta ahora.
Intentos de forzar su revisión médica
El episodio de Roldán en Son Sardina y el hecho de que una persona condenada por acoso a menores pudiera ejercer allí generó debate dentro de la comunidad educativa, con posicionamientos enfrentados entre familias, sindicatos y Administración. Mientras una parte mayoritaria exigía la retirada inmediata del profesor del centro, otra defendía que se debía respetar la resolución judicial, que no había establecido ninguna inhabilitación.
Ante este clima de tensión, la Conselleria de Educación y los sindicatos abordaron el caso en mesa paritaria y autorizaron la realización de un estudio psiquiátrico para valorar la idoneidad del docente para trabajar con menores. La medida se interpretó como una respuesta excepcional ante la presión social y la gravedad percibida del caso. No obstante, la evaluación no se llegó a llevar a cabo porque Roldán se acogió a una baja médica en aquel momento, hecho que detuvo el procedimiento.
Con el paso de los meses y la situación ya desescalada, la Conselleria de Educación decidió retirar definitivamente la propuesta de estudio, lo cual dejó el caso sin ninguna evaluación específica y sin medidas preventivas activas. Esto ha provocado que el docente pueda reincorporarse a la actividad ordinaria sin haber pasado ninguna revisión adicional más allá del marco administrativo habitual.
De la escuela al Parlament
En paralelo, el caso ha trascendido el ámbito educativo y ha llegado al debate político. En el Parlamento se ha abierto una discusión sobre la necesidad de reformar la normativa para evitar que personas condenadas por acoso a menores puedan ejercer en centros educativos cuando no hay inhabilitación judicial expresa. En este contexto, el PP ha impulsado una iniciativa legislativa para modificar la ley y “cerrar la puerta” a este tipo de situaciones, a raíz, precisamente, de casos como el de Roldán y de la fuerte reacción social vivida en centros como Son Sardina.
La propuesta defiende que el actual marco legal deja vacíos que pueden generar situaciones de inseguridad o de desconfianza dentro de la comunidad educativa, mientras que el debate parlamentario también ha puesto sobre la mesa la necesidad de armonizar cualquier cambio con la legislación estatal. Todo ello ha convertido el caso en un ejemplo de conflicto entre resoluciones judiciales, gestión administrativa y demanda social.