El abogado de Miquel Roldán actuará contra los sindicatos: "Son cooperadores en una actuación que viola el estado de derecho"

PalmaEl abogado de Miquel Roldán, docente condenado por acoso a menores, ha advertido a los sindicatos de que emprenderá acciones legales y se pedirá la depuración de responsabilidades contra quienes avalaron una evaluación psicológica forzosa en su clientet. En un burofax enviado a las organizaciones el pasado 26 de septiembre, al que ha tenido acceso el ARA Baleares, el letrado acusa a los miembros de la Mesa paritaria de haber actuado al margen del derecho y de haber vulnerado los derechos de Roldán. "Ante la gravedad de los hechos y de la participación sindical acreditada, se interpondrán todas las acciones administrativas y judiciales en defensa de Miquel Roldán, solicitando la depuración de responsabilidades tanto de la Administración como de los sindicatos que, con su voto, han hecho posible esta actuación", se dice.

La polémica se remonta al 22 de septiembre, cuando la Mesa paritaria –órgano integrado por sindicatos y representantes de la Administración– acordó que el docente, destinado al CEIP Maria Antònia Salvà, debía someterse a una evaluación psicológica para determinar si era apto para ejercer su función docente. La propuesta recibió el voto favorable de los siete representantes de la Administración y del conjunto de sindicatos, con la excepción de UOB y USO, que se abstuvieron y de SIAU, que votó en contra. La decisión se tomó a raíz de un inicio de curso especialmente tenso en el centro, durante el cual las familias hicieron huelga durante nueve días y no llevaron a los niños a la escuela. Sin embargo, esa misma mañana, Roldán se tomó una baja médica, lo que suspende temporalmente la aplicación de la evaluación hasta su reincorporación. Además, el docente podría negarse a realizarla, ya que no es obligatoria. En ese caso, intervendría Inspección educativa, que podría iniciar un expediente o decretar medidas cautelares.

En el propio burofax, el abogado señala que la evaluación psicológica forzosa constituye una "grave vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público". Se refiere al derecho a la intimidad personal ya la protección de los datos de salud, al derecho a la integridad física ya la dignidad, al derecho al ejercicio profesional sin restricciones ilegítimas o arbitrarias, y al derecho a la tutela judicial efectiva. Todo esto, dice, fue posible porque se negó "la posibilidad de defensa contradictoria previa a la adopción de la medida".

Derechos de los trabajadores

El representante de Roldán expone que, al votar a favor de la evaluación, se ha contribuido de forma "decisiva" a materializar una actuación administrativa "viciada por desviación de poder". Explica que la vigilancia obligatoria de la salud sólo puede imponerse "en supuestos muy tasados ​​y previa motivación individualizada, justificación médica y ponderación del equilibrio entre la protección de la salud colectiva y los derechos fundamentales del trabajador". "Ninguno de estos requisitos concurre en la decisión adoptada por la Mesa paritaria", sentencia

La defensa acusa a los sindicatos de haber participado activamente y de haber apoyado la medida sin exigir información objetiva, informes individualizados ni garantías legales ni de procedimiento. "Esto les convierte en cooperadores necesarios en una actuación que excede el marco legal y viola principios básicos del estado de derecho", apunta. El burofax cuestiona con fuerza el papel de las organizaciones en todo caso Roldán. "Ustedes tienen el deber de velar por las garantías legales, la equidad y la protección de los derechos individuales y colectivos del personal docente. Al menos, en esta ocasión han facilitado una actuación administrativa que lesiona derechos fundamentales y puede sembrar un precedente para toda la plantilla", expone el letrado. Por todo ello, se concluye en la carta, la defensa pide a los sindicatos que reconsideren su posición, manifiesten "públicamente" su compromiso con la legalidad y con los derechos fundamentales del personal docente, y que "adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de situaciones similares, ejerciendo una función activa de control y garantía de los derechos de los trabajadores públicos".

Normalidad en el CEIP Maria Antònia Salvà

Mientras, en el CEIP Maria Antònia Salvà, los alumnos han vuelto a las aulas con normalidad. Sin embargo, la Asociación de Familias (AFA) del centro mantiene en marcha la vía judicial con el objetivo de conseguir apartar a Roldán no sólo del centro, sino de la docencia. "No queremos que vaya a ninguna escuela", aseguran fuentes de las familias. Cabe recordar que el curso pasado Roldán también tuvo problemas en el CEIP Gabriel Janer Manila, donde había conocido al joven que le denunció. Las familias no estaban cómodas con su vuelta a la escuela, y Educació envió un docente extra para vigilar a Roldán en todo momento. La misma medida se propuso este año a Maria Antònia Salvà: se envió un maestro para asumir la tutoría de sexto de Primaria, que inicialmente había sido concedida a Roldán, a quien asignaron tareas de apoyo, y siempre acompañado. Las familias de Son Sardina lo consideraron insuficiente.