La frontera que todavía divide a los docentes: "A mismo trabajo, mismo sueldo"

PalmaHay una frontera dentro de las escuelas y los institutos que no se ve en las aulas. No separa a maestros de profesores, ni a Primaria y FP de Secundaria. Es una letra y un número: A1 o A2. Una clasificación administrativa vinculada al nivel de titulación exigido para acceder a los diferentes cuerpos docentes que, décadas después, continúa determinando el lugar que ocupa cada profesional dentro de la función pública. Un maestro de Infantil o Primaria y un profesor de Secundaria tienen funciones diferentes, especialidades diferentes y trabajan con alumnos de edades diferentes. Pero todos forman parte de una misma estructura educativa. La paradoja es que la reforma universitaria que convirtió las antiguas diplomaturas y licenciaturas en grados no fue acompañada de una revisión equivalente de los cuerpos docentes, un hecho que ha generado una desigualdad organizativa y, sobre todo, salarial.

Antes del Plan Bolonia, la diferencia tenía una explicación académica: para ser maestro se exigía una diplomatura, mientras que para acceder a Secundaria hacía falta una licenciatura además de la formación pedagógica. Los primeros quedaban encuadrados en el A2 y los segundos, en el A1. Con Bolonia (aplicado de manera obligatoria a partir del curso 2010-2011) las diplomaturas y las licenciaturas desaparecieron y fueron sustituidas por los grados universitarios. El cambio de titulaciones no arrastró el cambio de clasificación. "Aquello de que si has hecho diplomatura serás A2 y si has hecho licenciatura serás A1 ya no tiene ningún sentido. Todo el mundo debe ser A1”, sostiene Joan Crespí, del sindicato SIAU. Cabe decir que todavía hay suficientes maestros que son diplomados, un hecho que obligaría a la Administración a hacer equilibrios para no provocar un escalón entre los maestros con estos títulos extintos y los graduados: "A mismo trabajo, mismo sueldo", sentencia Crespí.

Miles de euros

La diferencia no es solo clasificatoria. Tiene un precio. Según la comparación retributiva con las cuantías de 2026 que sirve de base para este reportaje, un docente A1 parte con 4.248 euros brutos anuales más que un A2 si se tienen en cuenta el sueldo, las pagas extraordinarias y la diferencia inicial asociada al cuerpo. Los trienios amplían la distancia. En una simulación homogénea de 35 años cotizados, manteniendo constantes las cuantías de 2026 e incorporando los trienios cada tres años, la diferencia acumulada llega a los 172.205 euros brutos. No es lo que necesariamente dejará de cobrar un maestro concreto: las carreras profesionales son diferentes e intervienen complementos, promociones, destinos y actualizaciones salariales. Pero la simulación permite dimensionar qué significa mantener una diferencia estructural durante toda una vida laboral.

Y todavía hay otra frontera: la jubilación. De acuerdo con los datos del STEI correspondientes a 2026, el haber regulador es de 51.311,65 euros anuales para el grupo A1 y de 40.383,55 euros para el A2. Este es el importe de referencia para el cálculo de las pensiones de los funcionarios incluidos en el régimen de Clases Pasivas. Con 30 años o más de servicio, se aplica el 100% del haber regulador, aunque la pensión final está sujeta también al límite máximo establecido por el Estado cada año. Por eso, los sindicatos consideran que poner un parche en la nómina no resuelve toda la desigualdad. Miquel Àngel Santos, de Alternativa Docente, lo resume desde la perspectiva de la jubilación: “Los complementos no cuentan a la hora de retirarse". Según explica, una compensación salarial específica podría reducir la diferencia mientras el docente está en activo, pero no tendría ningún efecto sobre la pensión.

La reivindicación de los A2 ya ha intentado llegar a las instituciones estatales. Santos explica que varios sindicatos llevaron la propuesta al Congreso de los Diputados. La iniciativa entró en la Comisión de Educación a través de Sumar. Pero cuando llegó el momento de votarla, no prosperó. “El PSOE se abstuvo y no salió adelante”, afirma. En Baleares, mientras tanto, la Consejería de Educación sitúa el límite fuera del ámbito autonómico. Preguntada por si es partidaria de avanzar hacia un cuerpo único o de mantener la situación actual, no se posiciona: “Se regula por ley básica estatal”, dice.

El precedente de la FP

Para Santos, el principal obstáculo para una equiparación general es el coste. "Equiparar a los docentes de FP es pequeño, pero equiparar Primaria e Infantil es mucho dinero”, afirma. No es lo mismo asumir la integración de un colectivo concreto que modificar la clasificación de miles de maestros. La Formación Profesional es precisamente el precedente que los partidarios de la reforma utilizan para defender que el sistema ya ha demostrado que se puede modificar. Una parte de los antiguos profesores técnicos de FP que cumplían los requisitos de titulación pasaron al cuerpo de Secundaria (A1). Pero todavía hoy hay especialidades en las que conviven docentes con clasificaciones diferentes.

Miquel Estarellas, coordinador del Colegio de Docentes de las Islas Baleares y procedente del cuerpo de profesores técnicos de FP, lo ha vivido de cerca. “Dentro de una misma titulación de FP puede haber un profesor que viene de FP y es A2 y uno que es ingeniero y es A1, y hacen el mismo trabajo”, explica. El caso de la FP introduce, además, una dificultad que va más allá de Primaria. Hay especialidades técnicas para las cuales tradicionalmente no existía una titulación universitaria específica. Estarellas pone como ejemplo ámbitos como la cocina y la restauración o la imagen personal. El sistema, por tanto, ha ido adaptando los cuerpos docentes a una realidad profesional que no siempre encaja con la antigua jerarquía académica. “Al final todos somos docentes, independientemente de la etapa educativa”, defiende Estarellas.

El STEI plantea una vía intermedia si la integración directa en el A1 no se considera jurídicamente posible. “Ya lo hemos puesto sobre la mesa varias veces. Si normativamente dicen que no se puede equiparar al A1: que paguen un complemento para que no haya diferencias entre A1 y A2”, dice Catalina Bibiloni. Para el sindicato, la cuestión también tiene una dimensión de política educativa: hacer más atractiva una profesión que afronta dificultades para incorporar profesionales.

El debate no obligaría necesariamente a crear un cuerpo único. Jaume Bonet es el director del IES Cap de Llevant de Mahón y defiende avanzar hacia una estructura docente integrada, pero sin convertir esta fórmula en una condición indispensable. “Podemos llegar a considerar una condición profesional equivalente manteniendo diversos cuerpos, o crear una estructura común con especialidades”, plantea. Bonet introduce una distinción que puede ser clave en una futura reforma: reconocer profesionalmente de manera equivalente no significa necesariamente que todos los docentes tengan que cobrar exactamente lo mismo. Las responsabilidades, la antigüedad o las condiciones del puesto pueden justificar complementos diferentes. Lo que cuestiona es que la categoría funcionarial sea, por sí misma, el elemento que establezca una jerarquía entre etapas. “La nómina de un docente no debería depender de un grupo salarial, sino de lo que realmente hace”, defiende.

Nuevo acceso a la profesión

La propuesta de revisar el modelo también afecta a las oposiciones. Uno de los argumentos utilizados para justificar la diferencia entre cuerpos es que el acceso a Secundaria tiene un temario mucho más extenso. Pero Santos lo matiza: “Las oposiciones de Secundaria son más exigentes por el número de temas, pero no por la dificultad”. Y es aquí donde el debate deja de ser solo una disputa salarial y pasa a ser una discusión sobre el modelo de profesión. ¿Qué debe determinar la categoría de un docente? ¿El título con el que accedió a la función pública hace décadas? ¿El nivel de estudios actual? ¿Las responsabilidades del puesto? ¿La especialidad? ¿La experiencia?

Para Crespí, el problema es más profundo que la diferencia entre dos nóminas: “El sistema de acceso a la función pública ha quedado desfasado. Ya no es solo revisar si hace falta un cuerpo único, sino que se debe ir mucho más allá. Hay que revisar el sistema de oposiciones, que ha quedado arcaico y con unos temarios mucho más viejos que los docentes en activo”, lamenta. Bonet comparte que el modelo necesita una revisión, pero rechaza que esta revisión se convierta en una competición entre etapas. “El debate no debe ser si es más importante ser maestro que profesor, porque todos somos imprescindibles”, afirma.

Esta es, en el fondo, la paradoja de la A1 y la A2. La diferencia nació para distinguir titulaciones que ya no existen. Pero la diferencia administrativa, sí. Y se traduce en sueldos diferentes, en una trayectoria retributiva diferente y, según el régimen de jubilación, en bases reguladoras diferentes. El sistema educativo ha cambiado. Las universidades han cambiado. Las titulaciones han cambiado. Incluso algunos cuerpos docentes lo han hecho. La pregunta que queda sobre la mesa es si esta frontera todavía tiene sentido. Si una clasificación vinculada a una universidad, unas titulaciones y una función pública que ya no son las mismas continúa siendo una manera adecuada de ordenar a los profesionales que hoy sostienen, etapa tras etapa, el mismo sistema educativo.