Frente común de la oposición y los sindicatos contra las enmiendas del PP que amenazan la escuela en catalán
Los partidos y los sindicatos educativos reclaman frenar las medidas que permitirían el acceso a la funcionalidad a docentes sin el requisito y la exención lingüística para alumnos desplazados temporalmente
PalmaLos partidos de la oposición y diversos sindicatos educativos han instado al PP a dar apoyo a un voto particular relacionado con las enmiendas de la ley de proyectos estratégicos que inciden en la enseñanza en catalán. La iniciativa se registrará este viernes en el Parlament y se deberá discutir el martes durante la reunión de ponencia de la ley. Esto podría comportar la retirada de las enmiendas vinculadas al acceso a la función pública de docentes sin el requisito de catalán y también la exención de la lengua catalana para los alumnos desplazados temporalmente a las Illes Balears.
La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha presentado esta propuesta, que cuenta con el apoyo de MÉS per Mallorca, Unides Podem y diversos sindicatos docentes. Representantes de los socialistas y de los sindicatos UGT, STEI y Alternativa Docent se han reunido para abordar esta "reivindicación compartida", con el objetivo de plantar cara a los "ataques" del Govern contra el catalán dentro del ámbito educativo. En nombre del STEI, Catalina Bibiloni, ha definido las enmiendas como un "golpe del PP" y ha advertido que provocarán una "alteración" en el funcionamiento habitual de los centros educativos.
La secretaria de Enseñanza de UGT Baleares, Azahar Tortonda, ha reprochado que estas dos enmiendas se hayan tramitado "a espaldas" de la comunidad educativa y de la Mesa de la Educación Pública, espacio donde —ha recordado— se negocian cuestiones como el acceso de los futuros docentes a la función pública. Por su parte, el representante de Alternativa, Miquel Ángel Santos, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que se "movilice", ya que considera que las enmiendas "vulneran" el Estatut d'Autonomia, la Ley de normalización lingüística y el Decret de mínims.