Frente común contra el PP por las medidas que amenazan la escuela en catalán
Los partidos y los sindicatos educativos reclaman frenar las medidas que permitirían el acceso a la funcionalidad a docentes sin el requisito y la exención lingüística para alumnos desplazados temporalmente
PalmaLos partidos de la oposición y diversos sindicatos educativos han instado al PP a dar apoyo a un voto particular relacionado con las enmiendas de la ley de proyectos estratégicos que inciden en la enseñanza en catalán. La iniciativa se registrará este viernes en el Parlament y se deberá discutir el martes durante la reunión de ponencia de la ley. Esto podría comportar la retirada de las enmiendas vinculadas al acceso a la función pública de docentes sin el requisito de catalán y también la exención de la lengua catalana para los alumnos desplazados temporalmente a las Illes Balears.
La subsecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha presentado esta iniciativa, respaldada por PSIB, MÉS per Mallorca, Unides Podem y diferentes sindicatos con representación entre el profesorado. Sánchez ha incidido en que estas enmiendas “atentan” contra los derechos lingüísticos de los alumnos y ha asegurado que, bajo el argumento de las plazas de difícil cobertura, el Govern estaría impulsando el “mayor retroceso” en materia lingüística desde la legislatura del expresidente Juan Ramón Bauzá.
En este sentido, la dirigente socialista ha pedido ejercer “la máxima presión posible”, advirtiendo que, si no se recula, las consecuencias podrían tardar años en revertirse. También ha defendido que “toda la sociedad balear tiene un consenso de emplear el catalán como herramienta de cohesión social” y ha calificado de “inadmisible” cualquier intento de ruptura de este consenso. Igualmente, ha reclamado un “frente común” para parar lo que considera un retroceso del catalán no solo en la educación pública, sino también en la sanidad y el resto de ámbitos de la función pública.
Sin límites temporales
Por su parte, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha señalado que el hecho de que el Consejo de Gobierno pueda definir las plazas de difícil cobertura “coarta” la tarea sindical en las mesas de negociación de la función pública. También ha subrayado que la exención del catalán para estudiantes “no pone límites” en los plazos actuales, cuando hasta ahora solo se exoneraba de examinarse a los alumnos con una estancia mínima de dos años en Baleares.
Fernández ha defendido que la legislación educativa debería orientarse hacia un “acogimiento lingüístico” en catalán, ya que es “identidad” y “lengua propia” de las Baleares. Además, ha considerado que estas enmiendas “no tienen lugar” dentro de una ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos de transformación económica, ya que, a su parecer, la enseñanza en catalán no tiene conexión con ello. También ha criticado que se hayan introducido por vía de enmiendas, sin posibilidad de debate previo con los grupos parlamentarios ni las entidades afectadas, y ha pedido al PP que “recapacite”.
Malestar sindical
En paralelo, representantes de la comunidad educativa y sindicatos han expresado su rechazo a las medidas. Desde STEI, la responsable de Educación Pública, Catalina Bibiloni, ha calificado las enmiendas como un “golpe” al catalán y ha advertido que pueden provocar una alteración del funcionamiento de los centros educativos, con implicaciones sobre la Ley de normalización lingüística. También ha criticado la “traición” de la tramitación, que considera un “desprecio” a los docentes por no haber pasado por la Mesa Sectorial de Educación.
Desde UGT Baleares, la secretaria de Enseñanza, Flor del Taronger Tortonda, ha denunciado que las enmiendas se han tramitado “a espaldas” de la comunidad educativa y de la Mesa de la Educación Pública, donde se negocian cuestiones como el acceso a la función pública del profesorado. Ha añadido que también habrían debido pasar por el Consejo Escolar y ha criticado que se incluyan en una ley “sin contenido educativo”, sin posibilidad de participación de los agentes implicados. Además, ha cuestionado la legalidad del procedimiento y ha planteado si los alumnos de Formentera tienen los mismos derechos lingüísticos que el resto del archipiélago.
Finalmente, desde Alternativa Docent, el representante Miquel Ángel Santos ha hecho un llamamiento a la movilización de la comunidad educativa, ya que considera que las enmiendas vulneran el Estatuto de Autonomía, la Ley de normalización lingüística y el Decreto de mínimos. También ha advertido que las medidas no responden a la falta de docentes en Baleares y ha apuntado que se inscriben en un debate más amplio observado en otros territorios como el País Valenciano y Cataluña, hasta el punto de que podrían ser “la gota que colma el vaso”.