Educación ignora su máximo órgano consultivo cuando cuestiona el modelo educativo

PalmaEducación ignora casi siete de cada diez propuestas de fondo que le hace el Consejo Escolar de las Illes Balears (CEIB), el máximo órgano consultivo y de participación educativa, donde están representados los diferentes sectores de la comunidad educativa. De las 227 aportaciones sustantivas que el CEIB formuló a los cinco últimos decretos analizados, la Conselleria solo aceptó total o parcialmente 71 (42 estimadas y 29 estimadas parcialmente; en dos de los cinco expedientes el CEIB había propuesto la retirada del proyecto completo), un 31,3%.

Los datos forman parte de un informe del Colegio Profesional de Docentes de las Illes Balears, que ha analizado 366 aportaciones del CEIB durante la tramitación de los cinco últimos decretos educativos aprobados. El estudio concluye que la Conselleria de Educación es casi el doble de receptiva cuando las propuestas afectan a cuestiones técnicas que cuando plantean cambios en sus decisiones de fondo.

En concreto, de las 139 aportaciones técnicas y formales (correcciones de redacción, terminología, sistemática, remisiones normativas y cuestiones de coherencia interna), Educación aceptó total o parcialmente 83, un 59,7%. En cambio, de las 227 aportaciones sustantivas —relativas a derechos, obligaciones, recursos, organización educativa, currículum, equidad, planificación, ratios, gratuidad y otras decisiones materiales de política educativa— solo asumió 71.

A la poca receptividad ante las enmiendas de fondo se suma la reducción de los plazos de que dispone el CEIB para analizar y enmendar la normativa educativa. Los informes ordinarios han pasado de 60 días hábiles que establecía el reglamento anterior a un máximo de 30 días, mientras que en los procedimientos de urgencia el plazo se ha reducido de 20 a 15 días. El cambio afecta, entre otros, a los proyectos de decreto y las órdenes en materia educativa. Educación ha justificado la medida porque "se igualan los plazos con los del Consejo Consultivo". "Entendemos que si el Consultivo puede con estos plazos, el CEIB no debe tener ningún problema", señalan fuentes de la Conselleria.

El problema es que los dos órganos no tienen los mismos recursos para hacer esta tarea: el Consejo Consultivo dispone de miembros que se dedican en exclusiva y de un equipo jurídico de apoyo, mientras que el CEIB está integrado por personas y entidades que desarrollan esta función fuera de su horario laboral. Esto reduce aún más el tiempo efectivo que tiene el Consejo Escolar para estudiar la documentación, debatir las propuestas con los miembros y elaborar los informes antes de que la normativa continúe la tramitación.

Rechazo en bloque

El detalle de los cinco decretos analizados permite ver aún mejor esta diferencia. En el proyecto de decreto de conciertos educativos, el CEIB formuló 36 aportaciones técnicas o formales y 40 sustantivas. Ninguna de las 40 aportaciones de fondo fue aceptada, ni total ni parcialmente: las 40 fueron desestimadas por la Consejería. Estas propuestas afectaban a cuestiones como la duración de los conciertos, la relación entre oferta pública y concertada, las ratios, la renovación de los conciertos, la gratuidad, las cuotas, los recursos y los mecanismos de control. Finalmente, el decreto alarga la duración de los conciertos hasta los 10 años, frente a los 6 vigentes hasta ahora, e incorpora medidas como las indemnizaciones que Educación asumirá en determinados contextos por despidos de docentes de la privada concertada.

En el Programa de Capacitación y Formación Integrado (PCFI), el CEIB no formuló ninguna aportación técnica o formal y solo hizo una sustantiva, que la Consejería desestimó. El Consejo Escolar, además, había propuesto directamente la retirada del proyecto de decreto.

Pasó lo mismo con el decreto que regula el polémico Bachillerato de Excelencia, que prevé 70 plazas en Mallorca, 30 en Menorca y 30 en Ibiza. El programa separa a los alumnos con mejores resultados académicos del sistema ordinario para ofrecerles una formación más profunda. Los detractores han sintetizado sus críticas con una pregunta: "¿La gente estaría de acuerdo en que se creara un Bachillerato para alumnos suficientes?". La Conselleria, en cambio, defiende el programa en nombre de la atención a la diversidad. En este caso, el CEIB también formuló una única aportación, de carácter sustantivo, que Educación desestimó. Al igual que en el PCFI, el Consejo Escolar había pedido la retirada completa del proyecto.

El decreto de comedores y cafeterías presenta un panorama diferente. De los cinco analizados, es uno de los que muestra más receptividad por parte de Educación. El CEIB formuló 45 aportaciones técnicas o formales y 81 de sustantivas. De las de fondo, 31 fueron estimadas totalmente, 8 parcialmente y 42 desestimadas. Así, casi la mitad de las aportaciones sustantivas fueron incorporadas totalmente o parcialmente. En el proyecto de ordenación y currículum de ESO, el CEIB hizo 58 aportaciones técnicas o formales y 104 de sustantivas. De estas últimas, 11 fueron estimadas totalmente y 21 parcialmente, mientras que 71 fueron desestimadas. Hay, además, una aportación sustantiva que la memoria de análisis de impacto normativo no califica expresamente como estimada o desestimada.

Se da voz, pero no se escucha

El Colegio de Docentes considera que estos datos apuntan a una diferencia clara entre la participación formal de la comunidad educativa y su capacidad real para modificar las decisiones del Gobierno. "El CEIB parece tener una capacidad significativa de incidencia sobre la calidad técnica y el despliegue de las normas, pero esta capacidad disminuye notablemente cuando sus aportaciones entran en conflicto con decisiones que definen el modelo educativo impulsado por el Gobierno", señala el informe.

El estudio no concluye que las aportaciones del CEIB sean ignoradas en todos los casos. Las Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) muestran que las propuestas son examinadas, contestadas y, en numerosos casos, incorporadas. La diferencia es que esta receptividad es muy superior en las cuestiones técnicas que en las decisiones sustantivas, que se basan en la experiencia y el criterio profesional de personas que están en contacto cada día con la realidad educativa.

De hecho, los dos proyectos que presentan más receptividad sustantiva son precisamente los de comedores y cafeterías y de ordenación y currículum de ESO. En cambio, el contraste es máximo en los proyectos que afectan a opciones centrales del modelo educativo, más ideológicas: conciertos, PCFI y programa de Excelencia en el Bachillerato. En estos tres casos, las 42 aportaciones sustantivas fueron desestimadas.

El mismo informe advierte que el análisis solo incluye cinco proyectos de decreto y que esta hipótesis debería contrastarse con más expedientes, incluidos los proyectos de orden. Aun así, el Colegio considera significativa la diferencia entre el 59,7% de aceptación de las aportaciones técnicas y el 31,3% de las sustantivas.

La importancia del CEIB

El Colegio de Docentes pone el acento en la dimensión institucional del Consejo Escolar. El CEIB es el órgano superior de consulta y participación de los sectores afectados por la programación general de la enseñanza no universitaria de las Baleares. Por lo tanto, no es un participante más en el trámite de elaboración de las normas, sino el espacio institucional donde están representados los diferentes sectores de la familia educativa.

El informe admite que el Gobierno tiene plena legitimidad para no asumir las propuestas del Consejo Escolar, porque los informes no son vinculantes. "La discrepancia entre el Gobierno y el CEIB es perfectamente legítima: los informes del CEIB no son prescriptivos y no sustituyen la responsabilidad política y normativa del Gobierno", señala el documento. Pero el Colegio considera que la reiteración de estas discrepancias en cuestiones de fondo es significativa. "El CEIB no es un participante más en el trámite de audiencia, sino el órgano institucional de participación de todos los sectores de la comunidad educativa de las Illes Balears", afirma. Por ello, el documento concluye que "una divergencia reiterada entre las propuestas sustantivas y las decisiones adoptadas por el Gobierno es, por tanto, un dato significativo para valorar no solo la existencia formal de los mecanismos de participación, sino también su incidencia efectiva en la definición de la política educativa".