Cuando dos chuetas dijeron basta: el pleito de Cartagena que sacudió la Mallorca del siglo XIX

PalmaSer despreciados, insultados o incluso agredidos; esto es lo que aguantaron, a lo largo de tres siglos, los xuetes, los portadores de los quince linajes señalados por el resto de los mallorquines como los únicos descendientes de los judíos convertidos al cristianismo. No siempre lo aguantaron estoicamente: dos de ellos, Gabriel Fuster e Ignasi Forteza, expulsados de un baile, llevaron su discriminación a los tribunales y ganaron el pleito, llamado ‘de Cartagena’ por la jurisdicción que se hizo cargo. Hace 175 años, el 1 de septiembre de 1851, desde la parte demandada se decidía designar un representante para seguir aquella causa.

Lo primero de todo que se ha de aclarar de los xuetes es que hay una monstruosa falsificación, favorecida por las clases dirigentes, que ha estado vigente prácticamente hasta nuestros días. Todo el mundo admitió que solo aquellos que llevaban los bien conocidos quince linajes –Aguiló, Bonnín, Cortès, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola y Valls– eran los descendientes de los judíos. Porque se correspondían con las gramalletas de los condenados a los actos de fe de 1691, depositadas en el desaparecido convento de Sant Domingo de Palma, donde hoy está el Parlament.

Lo cierto es que no eran solo quince los adoptados por los judíos al convertirse al cristianismo. Se han documentado casi doscientos –sí, Rotger, también. Pero la falsificación funcionó. Los xuetas tuvieron que quedarse en el ghetto: en Palma, en la calle de la Platería y por eso se les decía ‘la gente de la Calle”; tuvieron que resignarse a casarse entre ellos, o, en todo caso, con forasteros o forasteras, desconocedores de la mancha infamante, y tuvieron que someterse a la prohibición de acceder a los gremios profesionales, a la enseñanza superior y, hasta incluso, a la beneficencia pública los que eran pobres, que por supuesto algunos lo eran.

Fue Carlos III, no muy admirable en otros aspectos, quien, a petición de un grupo de embajadores ‘de la Calle’, puso fin a aquella discriminación, en 1782, estableciendo que podían residir donde quisieran y prohibiendo que fueran insultados o maltratados, bajo pena de prisión. Por supuesto, aquello fue papel mojado: hasta 1829 se les mantuvo el veto al acceso a la Universidad mallorquina, y hasta 1835 no pudieron acceder a la enseñanza secundaria.

No es extraño que, en buena medida, los chuetas se identificaran con los nuevos valores liberales de finales del XVIII y principios del XIX, aquellos que proclamaban la igualdad entre todos los ciudadanos. Cuando en 1820 estalló en Palma una revuelta de este signo, no solo se asaltó la ‘Casa Negra’, sede de la Inquisición, en la actual plaza Mayor, sino que se arrancaron y quemaron los retratos de los condenados por el Santo Oficio que estaban en Santo Domingo.

Los culpables de todo

Pero no solo se mantuvo la actitud de desprecio hacia los xuetas, sino que, en aquella misma época, la calle de l'Argenteria fue objeto de dos asaltos. En 1809, porque se les culpaba de la guerra de la Independencia. Y en 1823, al haber fracasado el breve periodo liberal, porque se les atribuía haber redactado la ahora odiada Constitución de 1812, ‘la Pepa’. Se ve que, fuera lo que fuera, todo era culpa de los xuetas, muy igual que pasa con cierto primer ministro español de nuestros tiempos. Por cierto, el autor de la Constitución, al menos del preámbulo, parece que sí que fue un mallorquín: el obispo Bernat Nadal, que, además, ordenó a capellanes procedentes ‘del Carrer’, a pesar de un informe fulminante contrario a hacerlo.

Hacia mediados del siglo XIX, el liberalismo ya había triunfado en el Estado y las ideas liberales inspiraban sociedades como el Casino Balear, que tenía su sede en la actual calle de Sant Feliu, en Palma. Y fue aquí donde, el 6 de febrero de 1850, se produjo aquel episodio que se convirtió en el tema de conversación de toda Mallorca a lo largo de meses, y de años –que tampoco debió haber muchos, de temas.

De acuerdo con las fechas, era un baile de disfraces de carnaval, al que se presentaron dos jóvenes portadores de los linajes malditos: Ignasi Fortesa y Gabriel Fuster. Ambos, sobre todo Fuster, de buena posición económica y “personas de acreditada conducta, notoria honradez y educación esmerada”, según el cronista Joaquim Maria Bover. No eran socios, pero utilizaban las invitaciones que les habían cedido otras dos personas que sí lo eran: Miquel Serra y Benet Cortès, este xueta, también.

Es decir, el Casino admitía xuetas. Aun así, Ignasi Forteza, para curarse en salud, se había dirigido al presidente de la entidad, Agustí Sorà, él mismo de ideas liberales, para consultarle si, en caso de que Fuster y él acudieran a la fiesta, podían recibir algún insulto o desfavor. No era una precaución exagerada: había habido bailes, poco antes, en los que algunos asistentes no se añadían por miedo a darle la mano a un xueta, por descuido. Sorà le respondió que viniera con máscara y problema resuelto.

Invitarles a salir

A la hora de la verdad, al comparecer Fuster y Forteza, se produjo, según recogió posteriormente el acta de la junta del Casino, “una animación y efervescencia” entre los presentes que olía a problemas. Ante esta situación –añade el documento–, el presidente ordenó al conserje que “con toda urbanidad” y de manera discreta les dijera a ambos que “tuvieran la bondad de salir”. Y salieron. Podían haberse ido, con la cola entre las piernas, resignarse y olvidar aquel episodio. Un insulto más, sin embargo... Pero no se resignaron.

Aparte del idiota prejuicio racista, había otra razón por la cual la presencia de Gabriel Fuster habría sido incómoda para una parte de los asistentes al baile. Su padre era el prestamista de dinero más destacado, así que la humillación pública del hijo constituía una especie de pequeña –y rastrera– venganza. Por cierto que Gabriel Fuster, uno de los primeros xuetas que ingresó en el flamante Institut Balear, hoy Ramon Llull, abandonaría el gueto de la Argenteria para instalarse en un entorno mucho más distinguido: la calle del Palau Reial.

Román Piña Valls intuye que aquella acta se redactó de una manera determinada para dar la impresión de que Sorà y el Casino se habían conducido de manera impecable. Si todo aquello hubiera ido de manera tan versallesca, resulta muy extraño que Fuster y Forteza hubieran denunciado a Sorà por injurias, que es lo que hicieron. Parece mucho más probable que hubieran sido expulsados “sin ningún tipo de explicación y con más de una risa por parte de los presentes”.

La primera instancia entonces era el alcalde de Palma, y este absolvió Sorà. Además, los dos socios que les habían pasado sus invitaciones, Cortès y Serra, fueron acusados de hacer un mal uso de ellas, al dejarlas a Fuster y Forteza para asistir al baile en su lugar. Lo cierto es que el reglamento del Casino no establecía nada, respecto al uso de las citadas tarjetas.

Forteza y Fuster no se dieron por vencidos y llevaron su demanda al Tribunal Militar de Marina de Palma. Esto ahora nos puede parecer extraño, pero tanto Sorà como los dos agraviados pertenecían al mundo naviero y, por tanto, esta era la jurisdicción que les correspondía. En julio de 1851, el presidente del Casino fue condenado a siete meses de destierro al menos a cinco leguas –unos 38 kilómetros– de Ciudad y suspensión de cargo público, multa de cien duros y pago de costas.

Un gasto de 600.000 euros

Ni el condenado ni los denunciantes se dieron por satisfechos y llevaron el asunto a la siguiente instancia, el tribunal de Cartagena, y de ahí el nombre de ‘pleito de Cartagena’, con el que se conoce este proceso. Fuster y Forteza designaron un representante para seguir la causa. El 1 de septiembre de aquel 1851, ahora hace 175 años, la junta del Casino, que acababa de convertirse en Círculo Mallorquín al fusionarse con otra entidad, decidió hacer lo mismo, no sin que se registraran discrepancias de los que pensaban que todo aquello había sido una metedura de pata colosal.

Desde Cartagena confirmaron la sentencia en 1852, y lo mismo hizo, en 1854, la instancia superior: el Tribunal Supremo de Marina y Guerra. El total de los gastos generados por el proceso ascendió a una cifra astronómica: según cálculo de Piña, el equivalente a 600.000 euros de ahora, que les abonó el antiguo Casino, ahora Círculo Mallorquín. Además, Agustí Sorà no tuvo más remedio que cumplir la condena de destierro: lo hizo en Alcúdia, donde tuvo que residir obligatoriamente, hasta poco antes de morir.

Da la impresión de que se quiso extender un manto de silencio sobre aquel asunto. Las actas de lo que entonces ya era el nuevo Círculo Mallorquín no recogen el desenlace del pleito, cosa que no resulta tan sorprendente dado que lo perdieron. La documentación del proceso desapareció, gracias a un oportuno incendio que hubo en el Tribunal Supremo de Marina en 1855. Solo es por un resumen de la causa del letrado Miquel Ignasi Perelló i Socies que han llegado a nuestros días los contenidos del pleito en que dos jóvenes ‘de la Calle’ dijeron “ya basta”.

Información elaborada a partir de textos de Román Piña Homs, Jaume Munar Arrom, Julio Sanmartín Perea, Miquel Forteza i Pinya, Francesc Riera i Montserrat, Lleonard Muntaner, Onofre Vaquer Bennàssar, Laura Miró Bonnín i Baltasar Porcel.