¿Quién tiene acceso a la cultura en Baleares?
A pesar de estar reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos culturales son todavía una asignatura pendiente en las Islas. La puerta de entrada a la cultura sigue marcada por cuestiones como la renta y el nivel de estudios
PalmaEs probable que muchos lectores no hayan oído hablar de los derechos culturales. Y que, al oírles nombrar, deduzcan que tienen que ver con aquellos que forman parte del sector cultural, que nada tienen que ver con ellos. Como ocurrió con conceptos como el heteropatriarcado o la gentrificación, parece que hace poco que los derechos culturales se han incorporado a la conversación pública y que sólo afecten a una serie de ámbitos muy concretos, cuando la realidad es que tienen una dimensión estructural y ya aparecen recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el año 1948, en concreto en la vida cultural de la comunidad y en disfrutar de las artes". Aún así, estos derechos están lejos de estar garantizados en Baleares.
Según el último Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, son numerosos los factores que influyen en el gasto que hacen los ciudadanos en cultura: el género (las mujeres gastan 312 euros al año, los hombres, 289); el nivel de estudios (las personas con un nivel superior realizan gastos en cultura de casi 400 euros anuales, mientras que las que tienen un nivel de estudios de primera etapa de Secundaria o inferior gastan menos de la mitad, 191 euros) y, sobre todo, la renta. En los hogares españoles en los que entran menos de mil euros al mes, la inversión anual en cultura es de 265 euros. Si los ingresos mensuales son de entre 2.000 y 2.500 euros, la cifra asciende a 691 y, si superan los 3.000 euros, el gasto en bienes y servicios culturales alcanza los 1.149 euros, es decir, cuatro veces y media más que aquellos que ingresan una tercera parte.
En cualquier caso, estos datos muestran sólo una pequeña parte de las diferencias de acceso a la cultura, ya que no existen todavía estudios específicos sobre la cuestión que tengan en cuenta el acceso de las personas con riesgo de exclusión social, por ejemplo. Tampoco el gasto es el único eje a tener en cuenta al hablar de derechos culturales. Según el Plan de Derechos Culturales 2025-2030, impulsado por la Dirección General de Derechos Culturales del gobierno de España –creada en enero de 2024–, garantizar los derechos culturales significa: "Asegurar que todas las personas podamos expresar, construir, transformar y celebrar lo que nos hace ser quienes somos".
Mesa y Acerca Cultura
"Que no existan cifras ni estudios específicos sobre el acceso a la cultura ya es un buen diagnóstico del estado en el que se encuentran los derechos culturales en las Islas", coinciden varias mediadoras y gestoras culturales de Baleares. Algunas crearon, en 2017, Taula, la asociación de educadoras culturales de Mallorca, con el objetivo de "disponer de un espacio de encuentro para profesionales, un espacio físico y mental de pensamiento crítico y reflexión, que trabaja para vindicar la profesionalización y el empoderamiento de las mediadoras culturales". En estos momentos, forman parte 26 socias y la entidad forma parte de Almazuela, la federación estatal de asociaciones de mediación cultural. "En nuestro territorio siempre se ha trabajado para democratizar la cultura y crear programas inclusivos dirigidos a todos los grupos sociales", expone Taula, "desde la educación y la mediación en museos, hasta los departamentos educativos, entre otros". "Pero las instituciones no le han dado valor suficiente, no se ha tenido en cuenta el potencial de transformación y de cohesión social de estos procesos creativos comunitarios, lo que ha repercutido en un desconocimiento por parte de la sociedad de qué es la mediación cultural", añaden. Entre las miembros de Taula se encuentra Tina Codina, responsable de Connecta Cultura, desde donde impulsa proyectos con la colaboración de instituciones, como la UIB, de festivales, como MajorDocs, y de entidades, como Taller de Arte de Mención. Con los últimos han creado iniciativas como la instalación Trabajo como un jardinero, ganadora de la beca Pilar Juncosa 2025 de la Fundación Miró Mallorca en un proyecto educativo.
Otra de las entidades que más ha hecho para garantizar los derechos culturales en Baleares es Apropa Cultura, que aterrizó en el Archipiélago en mayo del 2021. "Ya hacía años que estaba el latido tanto por parte de programadores culturales como de entidades sociales de trabajar en este sentido; había que ya lo hacía ya, "así, lo que hicimos fue recoger esa necesidad y esa inquietud y ofrecer un marco para el desarrollo en red". Hoy en día forman parte 53 programadores culturales y 315 centros o servicios de entidades sociales y de la salud, todos con el objetivo de consolidar un "recurso estable de participación cultural para las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en el ámbito de la discapacidad como de la exclusión social".
"El turismo cultural no es el camino"
Ahora bien, todo este trabajo por parte de entidades y profesionales contrasta con las políticas culturales que el Govern y, sobre todo, el Ayuntamiento de Palma impulsan en los últimos tiempos, centradas, fundamentalmente, en ejes como la elitización y potenciación del turismo cultural. "El turismo cultural no es el camino", sentencian fuentes de Taula, "al contrario, porque focaliza la cultura y los presupuestos hacia un sector determinado, como es el turismo, y abandona tanto las necesidades de la ciudadanía como de los profesionales de la cultura. Ahora mismo, se dificulta el desarrollo de la cultura popular, sobre todo si es crítica, y se restringe el acceso al espacio público. También se restringe el acceso al espacio público. que se impulsa su retroceso", señalan.