Los trabajadores de Es Pinaret exigen el complemento de peligrosidad después de siete años de espera

PalmaUn centenar de trabajadores de la Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel, que gestiona el centro socioeducativo para menores Es Pinaret (Mallorca), se han concentrado este martes ante la gerencia del centro para reclamar el cobro del complemento de peligrosidad y penosidad, con una cuantía máxima prevista de hasta 385 euros mensuales. La acción, apoyada por la STEI Intersindical, llega después de años de bloqueos administrativos y de negociaciones que hasta ahora no habían dado resultados satisfactorios.

Según los representantes sindicales, el complemento está previsto desde hace años, pero nunca se ha implementado. El responsable del sector público instrumental del STEI, Mateu Moyà, recuerda que el tema empezó a plantearse en el 2019, pero "quedó a cero porque nadie del comité se atrevió a pedir su implementación por motivos económicos". Posteriormente, con el Gobierno del Pacto, las negociaciones fueron "mucho más difíciles y se toparon con la resistencia de la Administración, que en muchos casos no quería ni negociar el complemento". "Les llevamos a inspección", recuerda Moyà. Con el cambio de Gobierno, dice, la situación ha mejorado: "Se nos dijo que el tema estaba pendiente y que se iba a analizar", y en diciembre del 2024 el sindicato presentó una nueva propuesta que permitió empezar una negociación más avanzada. Inicialmente, la Administración ofrecía hasta 250 euros, pero ahora se ha alcanzado una cuantía de hasta 385 euros.

La negociación se complica con el personal que está ya en los máximos retributivos que permite la mesa salarial del sector público instrumental, lo que impide añadir el complemento sin superar los límites salariales establecidos. Esta situación afecta aproximadamente a un 20 % de la plantilla, incluyendo Auxiliares Técnicos Educativos (ATE), técnicos sanitarios y educativos, y algunos administrativos. Por estos casos, el sindicato ha propuesto un plus vinculado a funciones específicas, que permitiría que el exceso sobre el límite salarial no compute dentro del máximo, una vía que la Administración ha aceptado explorar y que la Consejería de Familias considera factible.

Los trabajadores que sí podrían percibir el complemento incluyen al personal que trabaja directamente con menores, tanto dentro del centro como en pisos de convivencia, unidades terapéuticas o con menores abusados. El principal escollo es que la Adminstración se opone a que el personal administrativo, que trabaja en dependencias a anexos a Es Pinaret, lo perciba. STEI, con el ánimo de mantener viva la negociación, ha propuesto que estos trabajadores perciban el 20% del máximo del complemento (77 euros).

El debate sobre el complemento no se limita a Es Pinaret. En el IES Can Balo, el instituto que atiende a los menores en régimen cerrado, los trabajadores perciben un complemento homónimo desde el curso 2024-2025, por sus funciones concretas con menores en régimen. En centros penitenciarios, el personal administrativo, conductores y telefonistas también cobran ese pago. Este precedente refuerza la reclamación de los trabajadores de Es Pinaret y evidencia que, si no se aplicara el complemento también al personal administrativo, sería una excepción en el Estado.

Contexto laboral: sobrecarga y precariedad

La situación laboral en el centro socioeducativo para menores Es Pinaret se caracteriza por una alta rotación y carencia de personal, lo que ha generado una sobrecarga continuada de trabajo. En 2024 se registraron más de 200 bajas voluntarias, y este año muchas personas siguen de baja médica por estrés y ansiedad. Esta combinación de bajas y plazas no cubiertas obliga a muchos educadores y profesionales a doblar turnos o asumir funciones adicionales, con un impacto directo en su salud y motivación.

Los trabajadores deben hacer frente a situaciones de tensión y agresividad, incluyendo a menores con conductas difíciles y conflictos internos, a menudo sin suficientes recursos humanos ni apoyo adecuado. Las condiciones laborales se consideran muy exigentes y generan un alto desgaste emocional, que afecta tanto a la plantilla como a la calidad de la atención socioeducativa que se presta a los menores.

Además, la plantilla denuncia la falta de reconocimiento económico. Aunque el complemento de peligrosidad está previsto en el convenio, su implementación ha quedado pendiente durante años, mientras que otros colectivos con funciones similares, como el personal de Can Balo o de centros penitenciarios, sí lo perciben. Esta desigualdad refuerza la percepción de precariedad y hace que muchos trabajadores sientan que su esfuerzo y responsabilidad no son adecuadamente reconocidos.