Los técnicos del Consell de Menorca detienen la urbanización del campo que quiere hacer el PP

CiudadelaEl ingenio administrativo que el PP había preparado para reducir la protección del territorio y permitir ampliar la carretera, la cabida de las playas y la implantación de equipamientos, viviendas, alojamientos y restaurantes en el suelo rústico de Menorca se ha ido al traste. Tal como ya habían advertido el PSOE y, especialmente, Más por Menorca en la oposición, la secretaria del Consell Insular ha tumbado todo el entramado del gobierno popular al concluir que la modificación de 95 de las 140 disposiciones del PTI que promovía "es indiciario que se está alterando el modelo territorial. No constituye ninguna modificación puntual. Se cambian modificaciones puntuales. El documento, además, está lleno de "contradicciones" y debería enmendarse tanto que el informe técnico y el de Secretaría piden que "se revise a fondo", porque "no se ajusta al ordenamiento ni al marco legal vigente y no se puede llevar a pleno". Así de claro.

Las "variaciones significativas" que la secretaria ha encontrado son claras. Se quiere favorecer la implantación de restaurantes y hoteles en el campo sin estar vinculados a ninguna actividad agraria, con la única condición de que sean edificios que "destaquen por su excelencia"; se levanta la prohibición de instalaciones deportivas que supongan un gran consumo, como los campos de golf; se eliminan figuras ANIT y AIP para que terrenos protegidos pasen a ser suelo rústico común; se rebaja la protección de las áreas de interés agrario y se abre la puerta a autorizar equipamientos privados en rústico con el pretexto de que son "resultado de la evolución política, social y económica de Baleares".

También se quieren ampliar las zonas aptas para comercializar estancias turísticas, autorizar zonas de invernaje de embarcaciones incumpliendo las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y se quiere permitir la reconstrucción, e incluso el traslado, de edificios ya existentes en rústico, cuando este Secretaría del Consejo lo ve una "desprotección del territorio" en toda regla y pide que se rectifique.

Los técnicos perciben "cierta incoherencia en el discurso", ya que se suprimen "sin justificación alguna" numerosos artículos que garantizaban la preservación del paisaje y el patrimonio y no se acredita que, como afirma el PP, "no haya una regresión ambiental". Incluso se elimina la limitación de una sola piscina por parcela –a pesar de la situación de presequera por la falta de agua– y se abre el abanico para ampliar la capacidad de acogida de las playas vírgenes, que están ya más que saturadas.

En suelo urbano, también se pretenden aumentar las densidades y alturas de los edificios, sin que los técnicos del Consell de Menorca vean justificación alguna, ni siquiera un análisis de los efectos que esta medida podría comportar.

Pese a la evidencia y alcance de los cambios, el presidente Adolfo Vilafranca denegó en primera instancia el informe jurídico que Más por Menorca pedía, alegando que se trata sólo de una "modificación puntual que dará la seguridad jurídica que ahora falta y permitirá proteger como nunca el territorio". Nada más lejos de la verdad. Cuando la petición de Més se ha hecho conjuntamente con el PSOE y legalmente no se ha podido rehuir, el criterio de los técnicos ha dejado en evidencia al PP. Así que ha tenido que salir la consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, para asumir el descalabro jurídico y anunciar que la modificación deberá tramitarse de forma más lenta.

La oposición celebra que les hayan dado la razón y que, con este paro, se garantice que el nuevo PTI no podrá ser aprobado definitivamente ni entrar en vigor antes de que acabe el mandato. Aun así, el PSOE y Més tiran cara al PP el "desbarajuste" jurídico que ha montado, su "irresponsabilidad" institucional y el "engaño" que ha intentado hacer a los ciudadanos. "Es el mismo PP de siempre, el mismo que entre 2011 y 2015 aprobó la Norma Territorial –dice la portavoz socialista Susana Mora– pero con la diferencia de que entonces al menos iba de cara, y ahora nos dicen que no quieren cambiar el modelo territorial cuando realmente lo intentan trocar de arriba abajo por la puerta trasera". "¿Qué credibilidad tiene un gobierno cuando hace alarde de seguridad jurídica y después la realidad lo contradice de una manera tan evidente?", se pide la portavoz de Més, Noemí Garcia.

También voces internas dentro del PP han hecho notar su desencanto por la "chapuza jurídica" del gobierno del Consell, que ahora tendrá que contratar a un equipo que ponga orden y coherencia a los seis estudios externos que se han encargado durante el último año para intentar vestir los cambios y que ya han costado 100.000 euros. El estudio ambiental lo ha hecho el ingeniero Antoni Roca, el mismo que, a través de su consultora Abril, elaboró ​​la evaluación ambiental de los tres hoteles de Alaior ahora expedientados por utilizar un pozo ilegal e intentar camuflar como aljibes lo que realmente eran 16 piscinas.

El nuevo PTI debe contener, entre otros elementos, un cálculo del techo máximo de turistas que está permitido en Menorca. Pero también el estudio de capacidad de carga turística encargado por el gobierno del Consell ha sido subsanado por sus propios técnicos. El estudio, que concluye que Menorca puede tener aún 24.000 nuevas plazas turísticas más, hasta alcanzar las 107.917, es "insuficiente", según el informe de Ordenación del Territorio, que echa de menos que, más allá de los parámetros urbanísticos y de densidad, no se hayan tenido en cuenta "los otros efectos actuales" de la población residente.

El estudio de capacidad de carga sólo analiza tres de los 12 grupos del Sistema de Indicadores que exige la Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad de Baleares y tan sólo ha tenido en cuenta 10 de los 69 indicadores que suele registrar el Observatorio Socioambiental de Menorca (Obsam). Así que la conclusión de la arquitecta que le ha emitido es proponer que sea el Obsam quien revise, y rehaga en su caso, el estudio. El estremecimiento jurídico no puede ser más impactante.