Río, condenada por construir parte del complejo turístico de Guanacaste sobre zona de manglar

PalmaEl Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica ha dictado una resolución considerada "histórica" ​​por los ecologistas y plataformas vecinales de Costa Rica contra RIU Hotels & Resorts, mediante la cual ordena la demolición parcial del hotel RIU Guanacaste y la restauración de un manglar protegido en Matapalo, en la provincia de Guanacaste. Según afirmaron varios portavoces de los demandantes, la Confraternidad Guanacasteca, y entidades de la zona, la decisión "es una victoria significativa para los colectivos ecologistas y comunitarios que han denunciado durante más de quince años los impactos del proyecto sobre el ecosistema costero". El complejo, de más de 1.200 habitaciones, fue construido parcialmente, según los denunciantes, sobre una zona verde y de manglar que, según informes técnicos y periciales, sufrió destrucción de árboles, relleno de terrenos y desvío de un torrente natural. La construcción afectaba a una zona marítimo-terrestre sin concesión y alteró ecosistemas protegidos.

La resolución, que todavía puede ser recurrida, asegura que RIU debe eliminar las estructuras construidas sobre el manglar y sobre el curso del torrente, retirar los rellenos y las modificaciones de terreno realizadas de forma irregular. La empresa también debe restaurar el manglar con especies nativas para garantizar la recuperación del ecosistema y su biodiversidad. El tribunal ordena que se restablezca el flujo natural de agua del torrente, de forma que vuelva a circular por el curso original y alimente correctamente el manglar. Además, RIU debe presentar un plan de recuperación supervisado, en el que se detallen todas las acciones de restauración y el cronograma de ejecución bajo supervisión de las autoridades ambientales. La resolución incluye también la protección de la zona marítimo-terrestre de dominio público, que había estado ocupada irregularmente, y exige que estos espacios se devuelvan a su estado natural. Este mandato va más allá de una simple multa económica, puesto que implica una reparación efectiva del ecosistema afectado y establece un precedente relevante para la protección ambiental en la región.

La empresa de origen mallorquín aseguró en un comunicado que reitera "el respeto por el tribunal y el proceso legal", pero manifestó que "no comparte la resolución" y que ejercerá todos los recursos y acciones legales previstos para evidenciar lo que considera "inconsistencias y errores técnicos y jurídicos", recordando. La empresa ha asegurado que, por prudencia y respeto al proceso, no ofrecerá más información mientras se analicen los pasos legales a seguir.

Por su parte, el GOB Mallorca ha felicitado a la Confraternidad Guanacasteca porque "ha mantenido una defensa rigurosa y persistente del territorio al denunciar nuevamente las prácticas ambientales y urbanísticas del Grupo Riu, que tiene conflictos también en España", ha dicho la entidad. Además, los ecologistas isleños aseguran que "demasiado a menudo" las grandes corporaciones turísticas operan con "impunidad" y por ello reclamaron "reforzar los mecanismos de protección ambiental en todas partes".

Una zona de alta fragilidad ecológica

Playa Matapalo, en la ribera pacífica norte de Costa Rica, es una zona de alta fragilidad ecológica, con manglares que protegen la costa de la erosión y sirven de refugio para numerosas especias. La región de Guanacaste, históricamente marcada por la acelerada urbanización, los incendios forestales y una planificación territorial poco estricta, fue durante años un polo de atracción para inversiones turísticas de grandes capitales extranjeros. "Todo valía durante el boom turístico, y las zonas verdes y los caminos públicos quedaban a menudo destruidos por legalizar después lo que se había hecho de forma ilegal", recuerda Gadi Amit, activista y vecino de la zona.

Las denuncias fueron iniciadas en 2009 por Confraternidad Guanacasteca y el Consejo Ecocivil de Carrillo, que alertaron de los impactos sobre el medio ambiente y la gestión de zonas protegidas. Aunque los primeros querellantes tuvieron que desistir por imposibilidad de coste económico, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado asumieron la acusación, lo que permitió que el proceso haya llegado a una resolución favorable para la protección del manglar. Amit afirma que "seguiremos vigilando, investigando y presentando denuncias para asegurar que la empresa asuma la responsabilidad de los daños causados".