Reabren la causa contra el ex alcalde de Capdepera por acoso laboral

PalmaLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha ordenado reabrir la causa judicial contra el ex alcalde de Capdepera Rafael Fernández Mallol y un antiguo jefe de la Policía Local del municipio por presuntos delitos de acoso laboral y prevaricación administrativa. Asimismo, la Sala mantiene el sobreseimiento de la causa respecto al resto de investigados.

El procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por un agente de la Policía Local de Capdepera, que puso en conocimiento del juzgado una serie de actuaciones que, a su juicio, constituían coacciones, trato degradante, acoso laboral y decisiones administrativas arbitrarias por parte de responsables municipales y mandos policiales. Los hechos se habrían producido después de que el agente se presentara a un concurso-oposición para obtener una plaza de funcionario de carrera.

Según el relato del denunciante, desde el año 2018 habría sido sometido a una dinámica continuada de presiones, rumores, resoluciones perjudiciales y actuaciones que interpreta como una persecución personal y profesional, con graves consecuencias tanto para su salud psicológica como para su trayectoria laboral.

Indicios de persecución

De acuerdo con la resolución de la Audiencia, después de que el agente fuera declarado apto por el tribunal calificador en el proceso selectivo, existen indicios de una posible persecución, abuso de poder y extralimitación, con el fin intencionado de frustrar su carrera profesional. Los magistrados apuntan también a un trato discriminatorio respecto a otros aspirantes que superaron el mismo proceso.

Para la Sala, se puede valorar la existencia de una conducta de acoso organizativo penalmente relevante, o al menos no puede descartarse de manera absoluta. En este sentido, los jueces señalan que "no tiene lógica" que, si se consideraba al agente no apto para ser nombrado funcionario de carrera, se le permitiera seguir ejerciendo las mismas funciones como interino.

Posible interés directo del ex alcalde

La resolución también destaca que constaría un interés directo del ex alcalde en el expediente y en las actuaciones contra el denunciante. Según el tribunal, éste habría sido el responsable de hacer públicas unas supuestas directrices dictadas por la alcaldía para que el pago de horas extraordinarias a los agentes dependiera del número de sanciones de tráfico impuestas, un criterio que no constaba por escrito y que reforzaría los indicios de irregularidad.

Además, el traslado del agente a un edificio municipal de Cala Rajada, donde se encuentra el registro, los servicios sociales y la biblioteca, no respondería –según la Sala– a una necesidad organizativa objetiva, sino que habría supuesto una degradación funcional y un castigo encubierto.

En conclusión, los magistrados consideran que existen actuaciones y circunstancias que permiten sostener, como indicios, la existencia de una presunta conducta de abuso de poder y de acoso laboral, así como de un trato degradante orientado a la humillación del denunciante.

Ahora será el Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor quien deberá pronunciarse sobre la pertinencia y admisión de las diligencias de investigación solicitadas por la acusación, con plena libertad de criterio. Contra esta resolución no puede interponerse recurso.