El PP sobre las viviendas protegidas de Son Bordoy en el 2010: "provocará saturación y creará un gueto"

Palma"Saturación", "gueto de viviendas protegidas" y perjuicios graves para los habitantes de El Molinar. Estas son algunas de las expresiones que el Partido Popular utilizó hace 16 años contra el mismo proyecto de Son Bordoy que hoy tramita como gobierno municipal. Corría el año 2010 y al amparo de la conocida Ley Carbonero (consejero de Vivienda del Gobierno de Francesc Antich) se tramitaba una reserva estratégica de suelo en Son Bordoy con el objetivo declarado de facilitar vivienda asequible. Sobre el papel, la iniciativa pretendía dar respuesta a la dificultad de acceso a vivienda en Palma. La sociedad civil y el Partido Popular criticaron esta recalificación de suelo por varios motivos. Los populares fueron muy duros y utilizaron los argumentos exactamente contrarios a los que ahora defienden.

En las alegaciones que el PP presentó al proyecto de urbanización de Son Bordoy, según consta en un documento oficial que incluye toda la tramitación, los populares advertían de que "el incremento del aprovechamiento urbanístico del área, que pasa de las 225 viviendas previstas en el planeamiento vigente a 750, se traducirá en un agravante de la Palma". Además, los populares consideraban que el aumento de población comportaría un "déficit importante de equipamientos, sobre todo asistenciales, que dejarán totalmente desatendida a la población de la zona".

Al·legacions PP Son Bordoy 1

Al·legacions PP Son Bordoy 2

Otro de los temas que destacaban entonces los populares era su gran preocupación por concentrar demasiadas personas en un espacio reducido. Apuntaban, literalmente, que la urbanización de Son Bordoy provocaría "una saturación" de las zonas colindantes del Molinar que, a su juicio, ya estaban "perjudicadas por las políticas municipales" que se implementaban entonces. Por otro lado, consideraban que con el desarrollo del proyecto "se podrían crear guetos de viviendas de protección pública" que "favorecen la exclusión" "El modelo de concentración de viviendas protegidas ha demostrado su fracaso durante todos estos años, por lo que la tendencia actual de urbanismo es desmantelar los núcleos de este tipo de casas y realojar a los habitantes en edificio su integración en la sociedad", aseveraban. Por otra parte, los populares reprochaban que los habitantes de Son Bordoy sufrirían una grave disminución de los espacios verdes de la zona.

Críticas desde muchos ámbitos

Desde el primer momento, la sociedad civil reaccionó con dureza contra la recalificación de Son Bordoy. Entidades ecologistas como el GOB denunciaron que la reserva de suelo suponía una urbanización masiva de un espacio periurbano, con una densidad muy superior a la prevista inicialmente por el planeamiento. Alertaban de que, bajo el discurso de la vivienda pública, se escondía una operación que multiplicaba el valor de los terrenos y abría la puerta a cientos de pisos libres. Plataformas vecinales y colectivos sociales cuestionaron también que se priorizara construir nuevo suelo en lugar de movilizar viviendas vacías o degradadas dentro de la ciudad.

Uno de los motivos de la indignación ciudadana era el hecho de que se producía una pilotada urbanística cuyos terrenos rústicos pasaban a ser urbanos, con las plusvalías millonarias correspondientes. En el centro de la operación estaba el promotor mallorquín Martí Gual, a través de sus empresas, quien asumió el desarrollo de los terrenos con el apoyo financiero de Sa Nostra, la caja de ahorros balear que acabó en quiebra total. La relación entre Gual y la caja terminó bajo la lupa de la justicia. La Fiscalía y los peritos del Banco de España concluyeron que la entidad financiera había mantenido valoraciones hinchadas de los terrenos y evitado reconocer pérdidas, lo que habría contribuido al agujero patrimonial que finalmente arrastró a Sa Nostra. En este contexto, Martí Gual fue investigado por la gestión de los fondos recibidos y por el destino real del dinero.

Dobleros hacia Suiza

Los investigadores detectaron que parte del dinero procedente de Sa Nostra no se destinaba directamente al proyecto de Son Bordoy. En el marco de la causa judicial y de diversas informaciones periodísticas, el nombre de Gual apareció vinculado a cuentas en Suiza, en relación a la conocida lista Falciani, que recogía titulares de cuentas no declaradas en el extranjero. Aunque estos datos no terminaron traduciéndose en una condena penal firme, sí reforzaron la idea de que el flujo de capitales había salido del circuito previsto y que el control sobre los fondos había sido, como mínimo, deficiente. El caso llegó a la Audiencia Nacional dentro del macroprocedimiento sobre la gestión de Sa Nostra. Por último, la justicia absolvió a los exdirectivos de la caja al considerar que no se había podido probar penalmente la existencia de un delito, a pesar de reconocer una gestión de riesgo elevada y más que discutible. Esta resolución cerró el capítulo judicial, pero no el debate político ni social, que todavía hoy continúa.

Son Bordoy es considerado un ejemplo de manual de pilotada urbanística, pero la crisis del sector en los años en que se desarrollaba la operación provocó, junto con las críticas sociales, un bloqueo del proyecto. El desenlace personal del promotor fue trágico. Martí Gual se suicidó en diciembre de 2019, antes de que se pudieran cerrar definitivamente todas las causas y con sus empresas en quiebra. Su muerte puso un punto final dramático a una historia marcada por el endeudamiento, la presión judicial y el derrumbe de un modelo basado en el crecimiento inmobiliario sin límites.

Hoy, Son Bordoy es todavía un símbolo incómodo: con el pretexto de las necesidades de vivienda, se produjo una recalificación de terrenos rústicos, donde se tenían que levantar 500 viviendas protegidas y 250 a precio libre. Ahora, 16 años después, el PP que dijo que era una barbaridad porque saturaría la zona y porque no creía en grandes promociones de pisos protegidos, defiende que el proyecto es imprescindible y promueve el desalojo de familias gitanas que desde hace años son testigo de las idas y venidas del proyecto.