Los migrantes que llegan a Baleares sufren vulneraciones sistemáticas de sus derechos

PalmaEl informe Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes, que han elaborado el Instituto Novact e Irídia-Centro de Defensa de los Derechos Humanos, deja en evidencia que la vulneración de los derechos de los migrantes que llegan a Baleares es sistemática. También señala los cambios que se han producido en la ruta argelina hacia las Islas: mientras que en 2023 el 70% de los migrantes eran de origen magrebí, en 2025 la proporción se ha invertido y el 70% de los migrantes son de diversas nacionalidades. Las entidades destacan el aumento de personas procedentes de Somalia, un país que tiene una tasa de reconocimiento de asilo del 98%, un derecho que tampoco se cumple en las Islas. Además, el documento remarca un hecho conocido: la ruta argelina es muy peligrosa. En 2024 se registraron 517 muertes o desapariciones y durante 2025 han llegado 21 cadáveres a las costas de las Islas.

"En el momento del desembarco, predomina un enfoque policial, con prácticas vejatorias y contra la integridad moral", ha señalado este jueves Clara Calderó (Novact) que ha presentado el informe junto con Úrsula Ruiz (Irídia) y la abogada de Extranjería Lola Puerta. Un ejemplo es que se escribe el número de identificación en los cuerpos de las personas, en lugar de proporcionarles una pulsera. Más grave es el hecho de que, después de una travesía terrible por el mar, los migrantes que llegan a las Islas no reciben una adecuada "asistencia médica y humanitaria durante la fase de privación de libertad en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Son Tous". Calderó ha destacado que el gobierno español hace dejadez de funciones y que no existe "personal médico calificado y contratado" y que la atención sanitaria la dan los voluntarios que hay disponibles cuando es necesario. De esta forma, "no se garantiza la atención médica adecuada a cuadros clínicos recurrentes por el trayecto y otras patologías", reiteró, además de recordar que, una vez bajan los picos de adrenalina por el trayecto, "los cuadros clínicos pueden empeorar". La única respuesta que las entidades que defienden los derechos humanos han recibido de la delegación del gobierno español en las Islas es que "se trabaja para mejorar la situación".

Tampoco hay "personal especializado en infancia ni en protección internacional", ha continuado Calderó, por lo que existe una detección deficiente de la vulnerabilidad de personas que han sufrido tráfico de personas, violencia machista, tortura o agresiones sexuales. Si no se detectan las necesidades especiales de las personas, "quedan excluidas del circuito de protección". "Cuando los niños no se identifican como tales, no tienen acceso a sus derechos, que son todavía superiores a los de los adultos y están reconocidos internacionalmente.

En cuanto a las condiciones del CATE de Son Tous, "no cumplen los estándares internacionales y señalados por el Defensor del Pueblo", ha recalcado Calderó, y ha señalado Calderó, y embarcación y que no han cometido ningún delito". Además, Son Tous no tiene "instalaciones adecuadas para la infancia ni para situaciones especiales". Desde 2022, se han detenido a 12.397 personas, 1.168 de las cuales eran niños. "Las instalaciones tienen naturaleza de calabozo y las cejas. Además, las duchas no funcionan y esto es fundamental después de una travesía por el mar", ha explicado Calderó. En cuanto a las personas que tienen derecho a asilo, "el Ministerio del Interior no ha tramitado ninguna solicitud de protección internacional en Son Tous", situación que deja en evidencia "la falta grave de información" sobre el derecho a recibir protección. colindantes a Son Tous que se abrirán para acoger a menores.

La abogada Lola Puertas ha destacado que "faltan medios para una intervención adecuada" y que los letrados de oficio deben trabajar con carencias graves. "Carecen espacios para las entrevistas personales, tiempo e intérpretes [sólo hay uno o dos para todas las personas que llegan]". "Con llegadas masivas no hay medios suficientes para todas las entrevistas y se dificulta en gran medida la detección de perfiles vulnerables y de posibles demandantes de protección internacional", ha continuado. Además, los abogados carecen de acceso a los resultados de las pruebas para determinar si los migrantes son menores.

Sin medios para las peticiones de asilo

Como Calderó, Puertas ha destacado que no hay medios para realizar las peticiones de asilo, por lo que los abogados sólo pueden dejar constancia "a un papel" que una persona demanda protección internacional. "No tenemos más herramientas", dice. Según la abogada, Baleares debería seguir el modelo canario, donde la petición de asilo "se facilita desde el primer momento de la asistencia, con una cita inmediata para tramitar la solicitud". En cambio, en Palma "nadie sale del CATE de Son Tous con una cita".

Por su parte, Úrsula Ruiz, ha explicado que el informe incluye 46 entrevistas a "personas expertas de ámbitos diversos, activistas e instituciones", además de los resultados del trabajo de campo y de observación. Las entidades también dirigieron preguntas a las instituciones a través del portal de Transparencia. "Las políticas migratorias europeas y estatales, así como su aplicación a las autonomías, generan situaciones de vulneración de derechos de forma sistemática, especialmente en colectivos que necesitan una protección especial", ha remarcado Ruiz. "La gestión de la migración se realiza desde la óptica de la emergencia y la crisis, y se ponen parches en lugar de tener la estructura adecuada y unos servicios dotados para garantizar los derechos humanos", ha añadido.

Por otra parte, Puertas ha cuestionado la fiabilidad de las pruebas preconstituidas –antes del juicio oral– que se utilizan para detener a los supuestos patrones de las embarcaciones que llegan a las Islas. "Las condenas se basan en los testigos que van en la patera y entiendo que se aprovechan de una situación de choque para conseguir una información que tal vez no sea tan correcta como debería ser", ha explicado. En cuanto a las peticiones del Govern para que Frontex trabaje en Baleares, Puertas ha criticado que este organismo hace las entrevistas a los migrantes "sin asistencia letrada", cuando "este proceso debería estar avalado por un abogado".