Cuando la ley llega antes que los recursos: Radiografía de la regularización de migrantes

PalmaEl proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español se ve como una oportunidad “histórica” para decenas de miles de personas en situación administrativa irregular en Baleares. Sin embargo, juristas y profesionales del derecho también advierten de carencias técnicas y dificultades de aplicación que han generado incertidumbre y colapsos puntuales en los primeros días.

En la Clínica Jurídica de la Universitat de les Illes Balears, estudiantes de Derecho en prácticas, abogados colaboradores y profesorado trabajan intensamente para orientar a las personas interesadas en acogerse al proceso. Otras asociaciones como Cáritas y Laissez Passer también ofrecen asesoramiento sobre el proceso a estas personas. La mayoría lleva años residiendo en el estado español en situación irregular, a menudo en contextos de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Ante el aluvión de consultas, el servicio se ha tenido que reorganizar. Las sesiones individualizadas habituales han dado paso a reuniones grupales, tanto en la Fundació Monti-sion de Palma como en la Fundació Pa i Mel de sa Pobla, donde se explican los requisitos, la documentación necesaria y los pasos a seguir. “El objetivo es que el máximo número de personas pueda regularizar su situación y salga de aquí con una solución”, explica el coordinador de la Clínica, Sebastià Arbós.

Ilusión e incertidumbre

Los profesionales detectan un doble sentimiento entre las personas que se acercan: ilusión por la posibilidad de regularizar su situación y, al mismo tiempo, preocupación por no llegar a tiempo o encontrar obstáculos administrativos. Según la directora de la Clínica, Margalida Capellà, también han recibido quejas por falta de apoyo institucional en algunos momentos del proceso. Estas demandas se suman a las denuncias por parte de funcionarios de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma hace unos días, que aseguraron haber recibido órdenes políticas para no reforzar el servicio de atención a los ciudadanos.

Con todo, los juristas valoran positivamente la medida. “Por la vía ordinaria, la regularización es mucho más larga y compleja”, señalan. También remarcan el impacto directo que puede tener en la vida de las personas: “La falta de papeles es una forma de exclusión social”.

Requisitos imprevistos y colapsos

Una de las principales dificultades detectadas es la aparición de requisitos no previstos inicialmente. En concreto, la obligación de acreditar la situación de vulnerabilidad en determinados casos ha generado un incremento súbito de la demanda de certificados. Este hecho explica, según Arbós, las largas colas registradas en algunas oficinas de atención ciudadana, especialmente en Palma. “Se había asesorado a mucha gente para que preparase documentación con antelación, pero este requisito apareció de golpe y muchas personas lo tuvieron que solicitar”, explica.

Los expertos también apuntan que este requisito no figuraba en los primeros borradores de la norma, hecho que ha contribuido a la desorganización inicial. Aun así, Arbós se muestra comprensivo con los ayuntamientos: “Los trabajadores municipales no se esperaban este volumen de solicitudes”.

Falta de entidades colaboradoras

A esta situación se añade la falta de entidades colaboradoras acreditadas para emitir certificados. Hasta hace pocos días, estos documentos solo los podían expedir los ayuntamientos. Recientemente, el Ministerio de Inclusión ha reconocido la Fundació Monti-sion y la Comunitat d’Oblates del Santíssim Redemptor, ambas de Palma, como entidades colaboradoras, y se prevé que se sumen otras próximamente, lo que podría aliviar el proceso.

Casos de posible discriminació

Los juristas también alertan de situaciones de agravio comparativo. En concreto, las personas que iniciaron hace meses un proceso de arraigo por la vía ordinaria –más exigente y aún pendiente de resolución– no pueden beneficiarse de determinadosAdvantages del nuevo procedimiento, como la posibilidad de incluir a los hijos en una misma solicitud.

“Esto genera una situación claramente discriminatoria”, señalan. “Personas que han seguido la vía legal durante meses pueden quedar atrás respecto de las que ahora se acogen al proceso extraordinario”. En este sentido, proponen que el Estado habilite mecanismos para integrar estos casos.

Obstáculos para la unidad familiar

Otra dificultad habitual es acreditar la unidad familiar, un requisito alternativo a la vulnerabilidad. Muchas personas no están empadronadas, la vía más sencilla para demostrar esta vinculación, a menudo debido a las dificultades de acceso a la vivienda y la falta de contratos formales de alquiler.

Falta de coordinación e información

Los expertos también echan en falta más información y herramientas para los profesionales que deben acompañar a las personas durante el proceso. Proponen la creación de un órgano específico que centralice criterios y resuelva dudas, similar a lo que hace la Junta Electoral en periodos electorales.

Aunque el plazo para presentar solicitudes finaliza el 30 de junio, los juristas prevén que el procedimiento se alargue varios meses, ya que cada caso deberá analizarse individualmente y después se abrirá un periodo de alegaciones. Además, agosto es inhábil administrativamente. Según Capellà, habría sido necesario prever un refuerzo estructural de recursos humanos para hacer frente al volumen de trabajo, posiblemente mediante un dispositivo extraordinario similar a una oferta pública.

A pesar de todas estas dificultades, los profesionales confían en que el proceso cumpla el objetivo y permita regularizar el máximo número de personas posible. “Es una oportunidad que puede cambiar vidas”, concluyen.