La ley agraria del Gobierno incentiva las operaciones inmobiliarias y "atropella" la ordenación territorial de las Islas, alerta el GOB

PalmaEl grupo ecologista GOB ha asegurado este miércoles que el proyecto de ley agraria que tramita el Gobierno incentiva las operaciones inmobiliarias, "atropella" la ordenación territorial de cada isla y pretende pasar por encima de la normativa ambiental básica, cosa que considera inconstitucional. Representantes del GOB de Mallorca y Menorca y del GEN-GOB de Ibiza se han reunido este miércoles con el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para expresar el rechazo al proyecto de ley agraria y presentar propuestas "encaminadas a garantizar la viabilidad económica del campesinado, reforzar la protección del suelo agrario y avanzar hacia un modelo de producción de alimentos sostenible y arraigado al territorio".

En un comunicado conjunto, las tres entidades ecologistas advierten que "la viabilidad económica del campesinado no se puede conseguir a costa de incentivar operaciones inmobiliarias, facilitar la terciarización del campo ni reducir la protección de los valores ambientales y paisajísticos del suelo rústico". Remarcan que el suelo rústico tiene que ser "para actividades agrícolas, no urbanísticas ni turísticas" y piden que la ley refuerce la producción local de alimentos, proteja la agricultura familiar y reconozca el papel fundamental del sector agrario en la conservación del territorio. Además, piden al Gobierno que revise algunos aspectos del proyecto de ley porque consolida el uso urbanístico y turístico del suelo rústico en lugar de reforzar su protección.

Propuestas

Las entidades reclaman que la nueva ley evite la urbanización progresiva del campo, la proliferación de nuevas edificaciones y la implantación de usos residenciales y recreativos en rústico. En concreto, piden que prohíba la construcción de nuevas piscinas en estos terrenos. También denuncian que facilitar la conversión de edificios agrarios modernos (construidos hasta 2015) en habitaciones para turistas es "tergiversar los usos del territorio" y recuerdan que algunos de estos edificios se construyeron con ayudas agrarias. El proyecto de ley también permite ampliar su volumen un 20%.

Por otra parte, califican de "especialmente grave" la injerencia de la nueva norma en cuestiones urbanísticas, territoriales y ambientales de cada isla, porque la ley agraria obliga a adaptar toda la normativa a sus disposiciones, que "a menudo entran en contradicción con planeamientos y planes territoriales aprobados en cada isla". Esto supone "una injerencia intolerable" en las competencias de los consejos insulares.

Según el GOB, la propuesta del Gobierno también pasa por encima de la normativa ambiental estatal y es inconstitucional. Las asociaciones también se oponen a la disposición adicional primera del proyecto de ley, que establece un procedimiento extraordinario para incorporar a la ordenación las edificaciones, construcciones e instalaciones agrarias construidas antes de la Ley 1/1991, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Baleares. Según señalan, favorece la regularización de determinadas construcciones que no disponen del reconocimiento urbanístico ordinario, con el riesgo de consolidar edificaciones en suelo rústico y facilitar en ellos nuevos usos. Por eso, exigen garantías para que no se convierta en una vía para legalizar edificaciones irregulares ni para transformar urbanísticamente espacios naturales protegidos y zonas de elevado valor ambiental o paisajístico.

Los ecologistas reclaman que la nueva ley refuerce el reconocimiento de las explotaciones agrarias familiares y establezca medidas específicas de apoyo, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones profesionales. Proponen darles prioridad en el acceso a las ayudas públicas e impulsar medidas que faciliten el relevo generacional. También piden que la ley reconozca expresamente el carácter estratégico de la agricultura ecológica e incorpore medidas concretas para impulsarla, porque contribuye a conservar la biodiversidad, proteger la fertilidad del suelo, reducir la contaminación del agua y disminuir la dependencia de los productos químicos de síntesis. Además, consideran que representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible y resiliente ante el cambio climático.

Otra propuesta es que las administraciones aumenten la compra pública de productos locales y ecológicos para abastecer los comedores escolares y los hospitales.

En cuanto al reconocimiento del papel del sector agrario en la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento del mosaico agroforestal, la protección del suelo ante la erosión, la prevención de los incendios forestales y la captura y el almacenamiento de carbono, las entidades proponen "estudiar la creación de una renta básica o sueldo de transición agraria, que contribuya a garantizar unos ingresos dignos a las personas que mantienen una actividad agraria y asumen compromisos de conservación ambiental y transición agroecológica".