Ley agraria: 14.000 metros cuadrados ya no bastarán para hacer un chalet en campo abierto

PalmaTener 14.000 metros cuadrados de suelo rústico común ya no bastará, por sí solo, para poder levantar una casa de más de 100 metros cuadrados. Si el proyecto de ley agraria aprobado por el Consejo de Gobierno acaba superando la tramitación parlamentaria, construir una nueva vivienda en el campo de grandes dimensiones (la mayoría de los que se hacen lo son) quedará vinculado a una obligación agraria que se deberá mantener durante 15 años.

Es un cambio relevante en un territorio que durante décadas ha ido perdiendo una parte de su carácter estrictamente agrario. Chalets, piscinas, carreteras, instalaciones energéticas y usos turísticos han ido ocupando un campo que cada vez asume más funciones residenciales y económicas al margen de la producción de alimentos. Esto no cambiará, ni mucho menos, con la nueva norma, pero los expertos consultados por el ARABalears admiten que, si finalmente prospera esta restricción, en el caso de Mallorca será un paso hacia la conservación del campo. Muy alejada todavía de la situación en Menorca, donde el Plan Territorial prohíbe desde hace más de 20 años construir en suelo rústico nada que no sea agrario.

Entre 1990 y 2018, la superficie artificializada de las Baleares aumentó un 65%, según el análisis del sistema europeo Corine Land Cover publicado por el ARA Balears. Durante el mismo periodo también creció el abandono de cultivos. El catedrático de Geografía de la UIB Macià Blázquez ha descrito este proceso como una transformación lenta pero constante del campo en un territorio cada vez más residencial.

Ahora, paradójicamente, una norma concebida sobre todo para dar más herramientas económicas al sector agrario incorpora también una condición urbanística de las más importantes que jamás han limitado la construcción residencial en suelo rústico.

El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de nueva ley agraria el 25 de septiembre. Pero hay que no perder de vista que todavía es un proyecto de ley. El texto se debe remitir al Parlamento, superar la tramitación parlamentaria y puede sufrir modificaciones antes de convertirse definitivamente en norma.

En este proyecto de ley, la superficie mínima de 14.000 metros cuadrados para construir en suelo rústico común no desaparece. En Mallorca continúa siendo la referencia en buena parte del suelo rústico común, siempre que el planeamiento municipal o insular no establezca una parcela superior.

El artículo 141 de la futura norma establece que, para conseguir licencia para construir una vivienda unifamiliar aislada de más de 100 metros cuadrados en una finca de 14.000 metros o más, el promotor deberá cumplir una de cuatro condiciones agrarias. La primera posibilidad es vincular la parte de la finca no ocupada por la casa ni por sus elementos anexos a una explotación agraria durante al menos quince años. La obligación deberá constar tanto en la licencia urbanística como en el Registro de la Propiedad.

El mismo proyecto formula la filosofía de esta parte de la norma con una frase bastante explícita: el suelo rústico “merece ser conservado y dedicado prioritariamente al cultivo y al aprovechamiento ganadero y forestal”. Entre 2015 y 2023 se edificaron cerca de 3.000 chalets en campo abierto, según los datos recogidos en las alegaciones que diferentes entidades agrarias presentaron durante la preparación de la norma. La afectación estimada superaba las 580 hectáreas de suelo agrario y forestal.

Solo seis plazas turísticas

La otra gran decisión del proyecto definitivo de la ley agraria son las plazas turísticas, que se fija en un máximo de seis. La normativa actual ya prevé esta cifra, y el consejero Joan Simonet quería llegar a las diez, tal como se había comprometido con una parte importante de las organizaciones y los grandes operadores del campo. Pero ha recibido órdenes estrictas, según ha podido saber el ARA Balears, de dejar estar el incremento de plazas.

Fuentes consultadas aseguran que Simonet no estaba especialmente satisfecho de mantener la cifra, pero el Consolat ahora mismo no está dispuesto a incrementar la capacidad turística en el campo. El argumento del conseller era que muchas explotaciones no pueden subsistir solo con la venta de productos agrarios y necesitan ingresos complementarios. El turismo era una de estas vías.

Entidades agrarias y ecologistas cuestionaron que la manera de salvar el campo fuera continuar introduciendo en él actividades que no son estrictamente agrarias. El GOB, Unió de Pagesos y Apaema llegaron a reclamar la retirada del anteproyecto porque consideraban que podía contribuir a ‘desfigurar’ el campo. Pero una de las oposiciones más sonoras llegó de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). La patronal hotelera presentó alegaciones contra la ampliación de las agroestancias. Defendía que el sector agrario necesita más recursos públicos y más apoyo económico, pero cuestionaba que la solución fuera aumentar el número de turistas que pueden dormir en las explotaciones.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, lo resumió en el ARA Balears con una pregunta directa: después de haber introducido turistas en viviendas residenciales, “¿ahora queremos meterlos en el campo?”. La retirada de las diez plazas no significa, sin embargo, que la ley deje de impulsar esta modalidad. Los consejos deberán reservar al menos un 10% de las plazas turísticas que pongan a disposición del público para agroestancias.

Ahora habrá que ver cómo evoluciona esta norma en el marco de la tramitación parlamentaria. Hacía meses que Joan Simonet la tenía lista, pero el Govern ha calculado el momento más apropiado para evitar escenificar una nueva derrota en el Parlament cortesía de Vox. De momento, una diputada de esta formación ya ha registrado una pregunta directa al Conseller precisamente sobre el impacto de la norma en la construcción de casas en suelo rústico. Quizás la medida estrella no llegue muy lejos.