El Gobierno rectifica y mantendrá el máximo de seis plazas turísticas en las fincas agrarias

PalmaEl Govern rectifica y finalmente mantendrá el tope de seis plazas turísticas en las fincas agrarias. Este era uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley agraria, que el Ejecutivo ha aprobado este viernes y comenzará su tramitación en el Parlament. Aunque en un primer momento el conseller de Agricultura, Joan Simonet, apostó por elevar el tope a diez plazas, finalmente ha vuelto a la cifra prevista en la anterior ley ante la gran disparidad de opiniones sobre la cuestión en el sector. "Unos pedían subir y otros bajar", ha explicado en rueda de prensa.

"Esta no es una ley que dé subvenciones, sino herramientas", ha insistido el consejero, que trabaja en este texto desde el comienzo de la legislatura. Tal como ha explicado, la aprobación del anteproyecto se tuvo que posponer ante el elevado número de alegaciones que recibieron del sector. "La agricultura ocupa el 80% del territorio de las Islas, tenemos que hacer que esta actividad sea viva y rentable", ha dicho en una rueda de prensa desde Menorca, donde se ha reunido el Consejo de Gobierno. "No haremos agricultura verde si los campesinos tienen números rojos en sus cuentas corrientes", ha sentenciado.

La norma debe llegar al Parlamento y, por ahora, no cuenta con ningún apoyo garantizado, por lo cual el PP tendrá que convencer a Vox o a la izquierda. Entre las novedades de la ley está la introducción, por primera vez, de una condición agraria para determinadas nuevas viviendas en suelo rústico, y la prioridad de la actividad agraria en el uso del agua frente a otros usos en suelo rústico cuando haya escasez de recursos. También potencia la venta directa y los circuitos cortos de comercialización, para que los agricultores puedan quedarse una parte mayor del valor de los alimentos.

La norma también prevé reforzar la función agraria del suelo rústico y, por tanto, establece que este se tenga que conservar y dedicar prioritariamente al cultivo, la ganadería y los usos forestales. Establece, también, que las administraciones tienen el deber de priorizar estos usos al residencial. Además, facilita la incorporación de actividades complementarias que permitan generar más valor e ingresos para las explotaciones, pero manteniendo la actividad agraria como la principal de las fincas.

Una contrapartida agraria a las construcciones en rústico

El proyecto también introduce una condición agraria para determinadas nuevas viviendas en suelo rústico. Tal como ha expuesto Simonet acompañado de la presidenta, Marga Prohens, esto no implica que la ley determine dónde se puede construir, sino que, cuando exista la opción de construir una vivienda en suelo rústico según la normativa territorial y urbanística aplicable, esta deba quedar vinculada durante al menos 15 años a una condición agraria. Se aplicará a las nuevas viviendas unifamiliares aisladas de más de 100 metros cuadrados construidos en fincas de 14.000 o más metros cuadrados. Esta vinculación se podrá acreditar mediante el desarrollo o mantenimiento de la actividad agraria en la finca, las inversiones destinadas a poner en producción o mejorar los terrenos, o la vinculación de la finca con agricultores profesionales o explotaciones agrarias prioritarias. Además, se prevé la posibilidad de que los terrenos se pongan a disposición del banco público de tierras para que se puedan aprovechar por parte de agricultores y ganaderos.

En el mismo sentido, la ley también reforzará el producto local, estableciendo la obligación de que las administraciones fomenten su consumo. Los municipios deberán establecer mecanismos para que tenga una presencia prioritaria en los mercados y ferias. Además, se incorporan criterios para que se favorezca su adquisición en la contratación pública de alimentos. La ley también refuerza la agricultura y ganadería ecológica, las razas autóctonas y las variedades locales. Además, incorpora herramientas en el ámbito forestal, para facilitar la gestión de estos territorios, porque los considera de uso agrario, y favorece el asociacionismo del sector.

Prohens: "Cumplimos uno de los compromisos del programa"

La presidenta Marga Prohens ha reivindicado la aprobación del anteproyecto -que todavía debe pasar por el Parlamento- como el cumplimiento de "uno de los compromisos del programa de Gobierno". "Es una herramienta clave en el proceso de transformación y diversificación de nuestra economía", ha asegurado, insistiendo en que la ley se ha hecho "de la mano del sector". Sobre las agroestancias, Prohens ha defendido que "en ningún caso" podrán implicar un "consumo de territorio": "Se tienen que hacer, sí o sí, en una construcción ya existente en la explotación, y en explotaciones inscritas desde hace más de cuatro años". Según ha defendido, para que "no supongan un crecimiento en plazas turísticas por la puerta de atrás, deberán computar como plaza turística y nutrirse de las bolsas de plazas existentes, y para dar una plaza de alta antes deberá haber una plaza que se haya dado de baja".