Inca levanta un muro civil contra el retroceso en memoria democrática

Palma“Mi madre, que murió hace unos años, pudo ver los homenajes que se hacían a mi abuelo y escuchar todas las historias, de su casa, de los vecinos… Incluso pudo inaugurar una plaza en Inca que lleva el nombre de su padre. La familia estamos muy satisfechos aunque no hayan encontrado el cuerpo”. Son palabras de la presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, nieta del inquense Andreu París Martorell, que fue encarcelado en Can Mir (Palma) en el año 1936 y hicieron desaparecer al siguiente.

La madre de Oliver no llegó a ver el mural donde el artista Roc Blackblock pintó París y otros represaliados. Inaugurado en febrero del 2025, fue un mensaje que Inca enviaba sobre la importancia de la memoria democrática como política estructural del municipio. En el año 2019, el Ayuntamiento creó un área específica con una idea clara: darle entidad propia y evitar que quedara diluida entre otras competencias.

“La memoria debe tener un lugar del que depender y que no sea difuso”, explica la responsable del área, Alice Weber (MÉS per Inca). Para la concejala, no se trata solo de organizar actos puntuales, sino de consolidar una política pública con continuidad. “Si te lo crees de verdad, tienes que darle contenido”, resume.

De los homenajes a una política pública

Antes de la creación del área, Inca ya impulsaba iniciativas vinculadas a la memoria democrática. Desde 2015, cada febrero se organizan homenajes a figuras represaliadas por el franquismo. Pero 2019 marca un punto de inflexión: la memoria se amplía y se diversifica con conferencias, teatro, proyecciones y actividades educativas.

“Vimos que no bastaba con actos puntuales. Teníamos que llegar más lejos”, señala Weber. De esta voluntad nace el ciclo Inca tiene memoria.

En paralelo, la colaboración con la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática del Gobierno puso de manifiesto una realidad incómoda: Inca era uno de los municipios con más vestigios franquistas y había que actuar. “Quisimos hacerlo bien para que nadie nos pudiera atacar”, explica la concejala. El Consistorio elaboró un protocolo de actuación que se convirtió en modelo para otros municipios.

Derogación

El giro definitivo llega con el anuncio de derogación de la ley de memoria democrática de las Illes Balears por parte del PP y Vox. “Cuando vimos que se podía derogar una ley que había costado tanto, decidimos actuar”, afirma Weber.

La concejala es especialmente crítica con el Partido Popular, a quien acusa de haber roto el consenso con que se aprobó la norma. “Su palabra no vale nada porque aquí había un acuerdo”, dice. En cambio, diferencia la posición de Vox: “Hacen lo que esperan que hagan”.

Weber pone énfasis en el hecho de que “en aquel momento, se hizo un esfuerzo muy grande de diálogo con el PP para que fuera una ley de consenso y quedara”. “Que fuera una ley de todos, no una cosa de izquierdas. Se podría haber aprobado sin el PP y se rebajó muchísimo el tono y la exposición para que se sintiera a gusto y que pudiera aprobar una ley autonómica que venía para quedarse”, añade.

Por eso, considera que el debate no debería ser ideológico: “Somos alemanes y en Alemania esto no va de derechas o izquierdas. La historia se acepta y se condena como tal”.

Ante este escenario, Inca decide actuar desde el ámbito local con una ordenanza propia de memoria democrática. El objetivo es claro: garantizar la continuidad de estas políticas, independientemente del contexto autonómico. “Creamos una normativa local que pueda suplir la autonómica si la eliminan”, explica Weber.

El texto se elaboró con la participación de juristas, expertos y entidades, e incorporó aportaciones muy valiosas de organizaciones como Amnistía Internacional y Memoria de Mallorca y de personas como el presidente de la Obra Cultural Balear, el jurista Antoni Llabrés. “La memoria democrática es una responsabilidad colectiva y, por eso, este texto ha nacido del consenso y la cooperación con la sociedad civil”, remarca la regidora.

Compromisos

El documento aprobado establece una serie de compromisos que afectan de manera directa a las políticas públicas locales. Entre otros, prevé la retirada de simbología franquista, el apoyo a las víctimas y familiares, y la creación de espacios de memoria. El Ayuntamiento se compromete también a impulsar actividades educativas y conmemorativas, a conservar y digitalizar archivos históricos, y a facilitar el reconocimiento institucional de las víctimas. Todo ello se vehicula a través del Consejo Municipal de Memoria Democrática, un órgano de participación plural con representación institucional, social y memorialista.

“Con esta iniciativa el Ayuntamiento reafirma el compromiso firme con la recuperación de la memoria, la dignidad de las víctimas, la verdad, la justicia y la transmisión de estos valores a las nuevas generaciones”, remarca el concejal Andreu Caballero (PSOE Inca).

Uno de los aspectos más relevantes del texto es que reconoce explícitamente el papel represivo del franquismo en Inca y pone nombre a algunas de las víctimas locales como Antoni Mateu Ferrer, Llorenç Beltran Salvà, Andreu París y los hermanos Sancho, entre otros.

A pesar de que el PP a escala autonómica llevaba tiempo empeñado en la derogación de la ley de memoria democrática, el PP de Inca votó a favor.

La nieta de Andreu París, Maria Antònia Oliver, intervino en este pleno y señaló: “Todos los demócratas debemos hacer nuestras las políticas públicas que se hagan en pro de la recuperación de la memoria democrática. La memoria de estas víctimas es de todos, es patrimonio de nuestro pueblo”.

Una de las piezas centrales de la nueva normativa es la creación del Consejo Municipal de Memoria Democrática, un órgano que integra sindicatos, entidades memorialistas, colectivos sociales y representantes políticos.

Aunque el Ayuntamiento de Inca trabaja desde hace años con los colectivos cívicos y memorialistas en favor de la memoria democrática, Caballero señala que este Consejo Municipal “ha de permitir ordenar y coordinar mejor todas estas iniciativas y formalizar la cooperación con las entidades”.

Pero, subraya, “también es un posicionamiento político e institucional claro en defensa de la memoria democrática, en un momento en que determinados discursos cuestionan la necesidad y el sentido, y en que algunas instituciones relativizan o incluso reniegan de ella”.

“Un consejo puede ser una foto o puede ser una herramienta real. Depende de si la gente se lo hace suyo”, advierte Weber. Su función va más allá de la participación simbólica: se trata de generar una red que haga suya la memoria democrática y garantice su continuidad.

La idea es que, ante cualquier intento de desmantelar estas políticas, sea la misma sociedad civil quien reclame su pervivencia. “Si te lo quieres cargar, quizás podrás hacerlo, pero el movimiento continuará en la calle”, afirma. Y lo resume con una referencia clara a Aurora Picornell: “¿Con qué balas matarán las ideas?”.

Un espacio abierto y en construcción

En el Consejo participan sindicatos como CCOO, UGT y el STEI; entidades memorialistas como Memòria de Mallorca y las fundaciones vinculadas a Aurora Picornell y Darder-Mascaró; además de la Obra Cultural Balear, investigadores locales y representantes municipales del PP, el PSOE y MÉS.

Weber señala que, a pesar de haber contactado con todas las entidades de Inca para que pudieran participar, una vez publicada la ordenanza, otras organizaciones se han querido añadir y tienen la puerta abierta de par en par.

En el ámbito operativo, el Consejo se dota de una comisión permanente que se reunirá como mínimo dos veces al año para elaborar propuestas y planes de trabajo.

El Consejo se constituyó el 24 de febrero en Santo Domingo. No es una fecha al azar, sino que coincide con el asesinato del alcalde republicano de Inca, Antoni Mateu Ferrer, ejecutado en el año 1937 junto con Emili Darder, Alexandre Jaume Rosselló y Antoni Maria Ques Ventayol.

Por esta misma razón, el ciclo Inca té memòria llena la ciudad de actos cada febrero. “El reto es dotar al Consejo de un contenido que haga que todos los que participen lo perciban como un órgano útil, propio, con sentido”, remarca. Weber apunta directamente al contexto actual: “Nos encontramos ante un resurgimiento preocupante de discursos revisionistas y de extrema derecha, que banalizan o incluso niegan la represión franquista. Así, enviamos un mensaje claro: Inca no olvida, Inca defiende los valores democráticos”.

En este sentido, Maria Antònia Oliver subraya que durante años la sociedad civil se ha tenido que organizar para reclamar estas reivindicaciones. Y remarca que es necesario que todos “cojan la memoria como una herramienta para combatir los discursos de odio que vuelven otra vez”.

“Es una herramienta fantástica para ir contra el fascismo y para evitar que se vuelvan a repetir los hechos. Es necesario que todos cojan esta memoria como suya porque lo es y como una cuestión de derechos humanos”, enfatiza Oliver.

Así, en la capital del Raiguer la memoria democrática ya no es solo un ejercicio de recuerdo puntual, sino una política pública que aspira a quedar blindada en el tiempo y protegida por un muro ciudadano.u