El gobierno español pone en marcha el reparto de menores migrantes, con Baleares incluidas

PalmaEl Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que fija la capacidad de acogida de las comunidades autónomas, incluidas Baleares, y que supone el último trámite para poner en marcha el reparto de menores migrantes. La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, ha señalado que se trata de un "paso importante para garantizar los derechos de la infancia migrante" y que afecta a "niños que llegan solos a nuestro país ya los que hay que dar una acogida digna, solidaria y humanitaria".

Para fijar la capacidad ordinaria de cada comunidad, el gobierno español ha establecido un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Las comunidades cuya ocupación triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias y Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria –la declarará el ejecutivo– para que los menores de su territorio sean trasladados a otras comunidades con menor saturación de recursos. Según esta fórmula, la capacidad ordinaria de acogida de Baleares es de 406 menores.

Con este criterio, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de los que podrían tener por población. Las mayores diferencias se dan en Andalucía, con 1.372 menores menos de los que podría acoger; la Comunidad Valenciana, con 1.216 menos; y Galicia, con 620 menos.

Con la entrada en vigor del decreto, comienza a funcionar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigieron Canarias y mediante el cual se derivarán 3.000 menores procedentes de las zonas más tensadas en el plazo de un año. Por eso el gobierno español reformó la Ley de extranjería, con el PP en contra. Este procedimiento también implica que los menores migrantes que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensados ​​tendrán que ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días. El gobierno español hará una reunión interministerial el próximo martes para empezar con los traslados, según ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ha informado la agencia EFE. Los traslados tendrán también en cuenta parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión y la insularidad.

El ejecutivo español calculó en julio los máximos de menores que deberían acoger a las comunidades. Los que más tendrán que acoger serán Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). La lista continúa con Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133), Navarra (118) y Navarra (118). Ni el País Vasco ni Catalunya tendrán que acoger a menores, aunque Catalunya anunció su intención de atender a una treintena como mínimo.

Rechazo de las autonomías gobernadas por el PP

Diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recorrido este mecanismo forzoso ante el Tribunal Constitucional, mientras que la comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Supremo, como anunció Marga Prohens que realizarán Baleares, que también reclamarán la suspensión cautelar del reparto.

La derivación de los menores implica una financiación de 100 millones de euros, con los que el Ministerio de Infancia y Juventud pagará los traslados y los primeros tres meses de la acogida.

El Gobierno estudia medidas por si el recurso no funciona

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha reiterado este martes que el objetivo del Gobierno es frenar la llegada a Baleares de menores procedentes de Canarias, pero no el reparto completo que quiere llevar a cabo el Ejecutivo español. Pavón también explicó que la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, estudia qué medidas pueden llevar a cabo las Islas si el recurso contra el reparto del Govern no prospera, según informó Europa Press.

El director general ha pedido "qué sentido tiene que Baleares acojan a menores migrantes si tal vez tendrán que repartirlos en unos meses" –está previsto que el gobierno español comience el reparto el próximo jueves.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció la semana pasada la intención de pedir al Tribunal Supremo (TS) la suspensión cautelar del reparto, según el que deberían llegar a las Islas 49 menores. Fuentes del Ejecutivo han insistido en que la capacidad de acogida de Baleares no contemplan ningún otro escenario que la suspensión cautelar del reparto y han reiterado que se estudien todas las medidas legales posibles para frenarlo.

Pavón ha vuelto a decir que la situación en las Islas es de "colapso y saturación" y ha calificado de "indignidad" tener que recibir a niños en estas condiciones. "Es por sí mismos, porque estarán en una situación que no merecen", ha dicho, además de criticar la falta de información por parte del gobierno español.

En relación con las críticas del ejecutivo canario por la negativa de Baleares a acoger a menores procedentes del reparto, el director general ha admitido que hoy en día la situación es peor en Canarias. "Pero las estadísticas y los datos hablan por sí mismas. Baleares tal vez tendrán que repartir, lo ha dicho incluso el delegado del gobierno español [Alfonso Rodríguez]".